La Casa de Gobierno ralentiza la cobertura de despachos judiciales

No ha habido coberturas de vacantes judiciales durante 2013 y, a este ritmo, parece difícil que el año en vigor concluya con un mínimo de 11 nuevos despachos normalizados, como pretendía la segunda gestión del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), cuyo mandato finaliza en octubre. En la ralentización de las designaciones incide fundamentalmente la inactividad del Poder Ejecutivo (PE), que, pese a que recibió ternas en abril y junio, no envió pliegos a la Legislatura durante los últimos siete meses.

Esta coyuntura es inédita en la historia del CAM, órgano creado en 2009 tras la judicialización del mecanismo para seleccionar jueces estatuido por el oficialismo en la reforma constitucional de 2006. En el trienio posterior a la sentencia que puso fin al conflicto y sentó las bases para el diseño de la institución, el Gobierno de José Alperovich llenó 66 oficinas acéfalas. Tal número equivale al 35% de la judicatura provincial, que, según la Ley Orgánica de Tribunales, consta de 191 miembros (esta "población" comprende sólo los cargos de primera y segunda instancia en funcionamiento en los Tribunales de San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros, e incluye a los funcionarios del Ministerio Público).

Hasta este año, el CAM, el Gobierno y la Legislatura habían intervenido con la misma celeridad en lo que a cobertura de vacantes judiciales se refiere. A lo sumo, Alperovich se tomaba un mes para escoger un candidato; luego, el pliego elegido recibía inmediato tratamiento legislativo.

Interpretaciones

Esa actuación ágil permitió superar el estado de desesperación que aquejaba al Poder Judicial como consecuencia de que no hubo designaciones entre 2006 y 2009, y de que numerosos jueces renunciaron para jubilarse con el beneficio del 82% móvil. "Ahora no tenemos tanto apuro", razonan en el entorno del gobernador. "Salimos de la emergencia judicial y, además, este año nos concentramos en otras actividades, como una reunión del Foro (Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Argentina); la creación de la escuela (para aspirantes a jueces) y la compra de un edificio (para el CAM -ver "La agenda..."). Luego entramos en receso invernal. La idea es retomar las coberturas en agosto", explicó por teléfono el alperovichista Regino Amado, presidente subrogante de la Legislatura y consejero titular por la mayoría parlamentaria.

La fase "política" de la selección de magistrados suele ser la más imprevisible. Ninguna ley obliga al PE a decidir en un determinado plazo (en el ámbito nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner llegó a acumular un centenar de ternas y a enviar pliegos por tandas al Senado). La demora en designar jueces ha dado pie a diversas interpretaciones: desde desinterés hasta intención de debilitar al Poder Judicial -extendiendo las acefalías- o de afectar la independencia de los ternados. En este caso también podrían influir las urgencias de la próxima cita electoral.

El 11 de abril pasado, el CAM presidido por Claudia Sbdar, vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, elevó al PE tres nombres para el Juzgado en lo Civil y Comercial Común de la VI Nominación de la capital. La propuesta está integrada por Jesús Abel Lafuente, Fernando García Hamilton y Pedro Daniel Cagna. El favorito en este supuesto es el líder de la terna, que exhibe contactos con el Partido Justicialista, y en su momento estuvo cerca de convertirse en camarista en lo Civil y Comercial Común de la capital. El 12 de junio, el Consejo envió a Alperovich otra terna, esta vez para designar al vocal de la Sala I de la Cámara Penal de la capital. Los finalistas de esta selección son María Elisa Molina (es fiscal Correccional en lo Penal de la I Nominación y correría con ventaja sobre los otros postulantes), y los letrados Gustavo Aldo Simón Romagnoli (integró cuatro tercetos con anterioridad) y Juan Carlos Nacul.