28 Julio 2013
Ordenan el traslado de 10 policías a Villa Urquiza
Navarro Dávila dispuso que los que estuvieron trabajando cuando habría ocurrido una privación ilegítima de la libertad sigan detenidos. Se trata del jefe de la Brigada de Investigaciones Norte y de los efectivos que estuvieron de guardia la noche del miércoles y el jueves a la mañana. El resto quedó en libertad.
ALLANAMIENTO. Navarro Dávila comprobó que las víctimas estaban en la Brigada Norte y secuestró los libros de actas. LA GACETA / FOTO DE DIEGO ARAOZ
Los policías que acreditaron que no estuvieron en la Brigada de Investigaciones Norte cuando tres personas fueron "demoradas" hasta que pagaran una coima de $30.000, recuperaron la libertad inmediatamente. En cambio, los que trabajaron esa noche y las primeras horas de la mañana continuarán detenidos, y el fiscal dispuso que sean trasladados al penal de Villa Urquiza.
Entre el viernes a la tarde y ayer, el fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, les tomó declaración a los 28 policías que trabajaban en la Brigada de Investigaciones Norte, quienes estaban detenidos desde el viernes a la mañana por una denuncia por un pedido de coima.
Navarro Dávila había comentado el viernes al mediodía que había decidido aprehender a todo el personal de la dependencia ya que la denuncia mencionaba a personal de la Brigada Norte, con asiento en Yerba Buena, sin especificar nombres.
Un agricultor chaqueño, su hija y un amigo ingresaban a San Miguel de Tucumán cuando se encontraron con un supuesto control vehicular el jueves a las 3. Aduciendo que habían cometido una infracción, los policías les pidieron dinero y luego los condujeron a la base hasta que consiguieran el dinero para poder continuar viaje, según consta en la denuncia. Juan José Vallejo, la víctima, fue llevado a la sede del Correo Argentino el jueves a las 11 para retirar los $30.000 que le había enviado su mujer. Allí le contó a un empleado lo que le sucedía, y este le avisó al guardia que custodiaba la sucursal de 25 de Mayo y Córdoba. Así comenzó a descubrirse el intento de cohecho.
Irregularidad acreditada
El fiscal contó que la camioneta en la que trasladaron a Vallejo para que retirara el dinero no pertenece a la repartición policial, sino que estaba secuestrada. Este hecho agregaría una nueva acusación contra los efectivos, ya que no habrían tenido autorización para utilizarla.
Además, en los libros de la Brigada Norte no se había asentado por qué las víctimas estuvieron en la dependencia. "Está acreditado el irregular proceder de este personal policial", aseguró Navarro Dávila.
El viernes a la mañana los policías fueron alojados en una de las salas de juicio oral de la sede penal de Tribunales, y al mediodía el juez de Instrucción Francisco Pisa los notificó de la detención.
Allegados al personal policial comentaron en los pasillos de Tribunales que el auto en que circulaba Vallejo había sido detenido porque contaban con información de que se estaba por realizar una transacción vinculada con el narcotráfico.
Esa información fue desmentida por Navarro Dávila en la conferencia de prensa que brindó al mediodía. "Si hubiese un procedimiento de droga o de lo que fuera, debería haber un acta. No hubo acta, no hubo procedimiento. Acá no investigamos a la víctima, investigamos la comisión de un delito por parte de los policías", enfatizó el fiscal.
Con la misma celeridad con la que se ordenó la aprehensión de todo el personal de la Brigada de Investigaciones Norte, Navarro Dávila despegó a los 18 policías que acreditaron su ausencia en la dependencia y dispuso el cese de la detención.
Fuentes judiciales comentaron que de los 10 efectivos que continúan acusados, ocho se abstuvieron de declarar. Los otros fueron el jefe de la dependencia, Jorge Pereyra, y el oficial que cubrió la guardia durante la madrugada del jueves.
Llegó tarde
Según pudo conocer LA GACETA de fuentes tribunalicias, Pereyra habría justificado que no conocía lo que había hecho el personal a su cargo, ya que llegó a las 9.30 del jueves. Sin embargo, en el libro de guardia consta que el comisario llegó a las 7.30. El oficial de guardia, por su parte, habría manifestado que estuvo durmiendo entre la 1 y las 7.
Ayer a las 16, Navarro Dávila envió un oficio al titular del Servicio Penitenciario provincial, Roberto Guyot, ordenando que los 10 policías sean trasladados al penal de Villa Urquiza. Aunque el principal delito por el que hoy están acusados es privación ilegítima de la libertad, fuentes de la fiscalía adelantaron que, a medida que avance la investigación, podrían imputarles que constituyeron una asociación ilícita para pedir sobornos.
Entre el viernes a la tarde y ayer, el fiscal de Instrucción de la V° Nominación, Washington Navarro Dávila, les tomó declaración a los 28 policías que trabajaban en la Brigada de Investigaciones Norte, quienes estaban detenidos desde el viernes a la mañana por una denuncia por un pedido de coima.
Navarro Dávila había comentado el viernes al mediodía que había decidido aprehender a todo el personal de la dependencia ya que la denuncia mencionaba a personal de la Brigada Norte, con asiento en Yerba Buena, sin especificar nombres.
Un agricultor chaqueño, su hija y un amigo ingresaban a San Miguel de Tucumán cuando se encontraron con un supuesto control vehicular el jueves a las 3. Aduciendo que habían cometido una infracción, los policías les pidieron dinero y luego los condujeron a la base hasta que consiguieran el dinero para poder continuar viaje, según consta en la denuncia. Juan José Vallejo, la víctima, fue llevado a la sede del Correo Argentino el jueves a las 11 para retirar los $30.000 que le había enviado su mujer. Allí le contó a un empleado lo que le sucedía, y este le avisó al guardia que custodiaba la sucursal de 25 de Mayo y Córdoba. Así comenzó a descubrirse el intento de cohecho.
Irregularidad acreditada
El fiscal contó que la camioneta en la que trasladaron a Vallejo para que retirara el dinero no pertenece a la repartición policial, sino que estaba secuestrada. Este hecho agregaría una nueva acusación contra los efectivos, ya que no habrían tenido autorización para utilizarla.
Además, en los libros de la Brigada Norte no se había asentado por qué las víctimas estuvieron en la dependencia. "Está acreditado el irregular proceder de este personal policial", aseguró Navarro Dávila.
El viernes a la mañana los policías fueron alojados en una de las salas de juicio oral de la sede penal de Tribunales, y al mediodía el juez de Instrucción Francisco Pisa los notificó de la detención.
Allegados al personal policial comentaron en los pasillos de Tribunales que el auto en que circulaba Vallejo había sido detenido porque contaban con información de que se estaba por realizar una transacción vinculada con el narcotráfico.
Esa información fue desmentida por Navarro Dávila en la conferencia de prensa que brindó al mediodía. "Si hubiese un procedimiento de droga o de lo que fuera, debería haber un acta. No hubo acta, no hubo procedimiento. Acá no investigamos a la víctima, investigamos la comisión de un delito por parte de los policías", enfatizó el fiscal.
Con la misma celeridad con la que se ordenó la aprehensión de todo el personal de la Brigada de Investigaciones Norte, Navarro Dávila despegó a los 18 policías que acreditaron su ausencia en la dependencia y dispuso el cese de la detención.
Fuentes judiciales comentaron que de los 10 efectivos que continúan acusados, ocho se abstuvieron de declarar. Los otros fueron el jefe de la dependencia, Jorge Pereyra, y el oficial que cubrió la guardia durante la madrugada del jueves.
Llegó tarde
Según pudo conocer LA GACETA de fuentes tribunalicias, Pereyra habría justificado que no conocía lo que había hecho el personal a su cargo, ya que llegó a las 9.30 del jueves. Sin embargo, en el libro de guardia consta que el comisario llegó a las 7.30. El oficial de guardia, por su parte, habría manifestado que estuvo durmiendo entre la 1 y las 7.
Ayer a las 16, Navarro Dávila envió un oficio al titular del Servicio Penitenciario provincial, Roberto Guyot, ordenando que los 10 policías sean trasladados al penal de Villa Urquiza. Aunque el principal delito por el que hoy están acusados es privación ilegítima de la libertad, fuentes de la fiscalía adelantaron que, a medida que avance la investigación, podrían imputarles que constituyeron una asociación ilícita para pedir sobornos.
Lo más popular
