Por Álvaro José Aurane
27 Julio 2013
Los tucumanos asisten a la extinción de una frontera discursiva tan extendida como ficticia. La que tenía, de un lado, a los kirchneristas ocupados en aclarar que no eran alperovichistas: en las redes sociales desayunaban defenestrando política y discursos locales. Y, del otro, a los alperovichistas intentando explicar, cara a cara y en voz baja, que no necesariamente eran kirchneristas. El invierno desnudó lo ridículo de esta diferenciación: en Tucumán, son una y la misma cosa.
Para dar testimonio de la indisoluble ligazón, la semana pasada arribó el vicepresidente de la Nación, el escasamente Amado Boudou, e intimó a todos y a todas: el que no apoya al gobernador, José Alperovich, está contra la presidenta, Cristina Fernández. Por si no alcanza, hace un par de días, La Cámpora en pleno avaló la gestión del mandatario tucumano durante un acto en Tafí Viejo. El Gobierno de Alperovich es un correlato del proyecto de país de Cristina, fue la sentencia.
Pero el alperovichismo y el kirchnerismo son lo mismo no por razones discursivas, sino fácticas. No son palabras sino hechos los que prueban una coincidencia en sus ADN del 99,9%. Y no es una circunstancia, sino tres. Tres desvergüenzas federales que son tres vergüenzas tucumanas.
La nada más costosa
Por orden de aparición, el primer escándalo tuvo por protagonista a Ricardo Jaime, procesado con prisión preventiva (y luego eximido de ella) en una causa por defraudación al Estado (presunta, por supuesto) a partir de un negociado (supuesto, obviamente) con obras para ferrocarriles tucumanos.
No se trata de un capítulo más en la saga penal de este kirchnerista de la primera hora. El caso que lo vincula con el Tucumán alperovichista es único. Tan inédito que parece inverosímil. Porque a Jaime lo procesaron por sobreprecios (aparentes, claro está) en la obra de recuperación y reacondicionamiento del tramo San Miguel de Tucumán-Concepción del tren de pasajeros. Pero resulta que a esa obra jamás se hizo, por más de que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, diga y repita en el Senado que está terminada. O sea, no sólo habrían pagado un trabajo inexistente: además, lo habrían facturado más caro. ¿Ya pidieron la captura del autor del eslogan: "Argentina, un país en serio"?
La urgencia más rara
La segunda certificación de que el kirchnerismo y el alperovichismo comparten la misma naturaleza es una tragedia por la que la Argentina lleva dos décadas de luto. El atentado terrorista contra la AMIA, donde 85 compatriotas fueron masacrados, cumplió 19 años de impunidad. No hay verdad ni justicia, sino un "memorándum de entendimiento" con Irán, rechazado por la propia AMIA.
Tucumán será recordado por siempre en la historia de la firma de ese tratado. Pero no por las discrepancias o los convencimientos respecto de la conveniencia y la constitucionalidad de ese documento, sino por el escándalo que rodeó el tratamiento parlamentario. Cuando el kirchnerismo temió perder la votación en la Cámara Baja, el alperovichismo apartó del cargo, por un par de días, a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, para que retomara su banca en el Congreso (había renunciado para asumir como funcionaria provincial, pero la dimisión no había llegado a ser tratada en Diputados) y votase por la iniciativa de la Casa Rosada. El "caso de la diputrucha" fue bautizada la maniobra. Ese fue el aporte imborrable del oficialismo local a la discusión nacional sobre uno de los crímenes más aberrantes perpetrados contra los argentinos en la historia reciente. Claro que hubo que proceder de esa manera -explicaron- porque urgía sancionar el acuerdo. Que Irán nunca lo tratase les debe parecer un tecnicismo.
La suerte más mala
El tercer escándalo que detona la Casa Rosada y explota en Tucumán es la designación de César Milani como jefe del Ejército, concretado por la Presidenta; y su ascenso a teniente general, frenado en el Senado. Dos cuestiones merecen ser precisadas. La primera: es una canallada poner en duda la política del Gobierno nacional con los derechos humanos, así como el compromiso de los organismos de derechos humanos que lo acompañan. La segunda: este nombramiento resulta (en particular para Tucumán y el alperovichismo) una puñalada de "doble estándar".
Milani reconoce que firmó, como oficial actuante, el sumario de "deserción" del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976. Pero el conscripto no es un desertor: es un desaparecido de Tucumán, según el "Nunca Más" de La Rioja, de donde es oriundo. Entonces, el "doble estándar" abre el tajo: resulta que, en realidad, Milani actuó en ese expediente por obra del azar. En su caso, y acaso únicamente en su caso, él intervino por pura mala suerte...
Y actuó por azar -completan- porque era "joven": nació en 1954, así que en el 76 tenía sólo 22 años. Entonces el "doble estándar" penetra y desgarra, porque en la megacausa Arsenales II-Jefatura II (investiga 215 hechos aberrantes), uno de los 41 imputados es el escribano Juan Carlos Benedicto, al que se le imputan delitos cometidos cuando tenía 18 años. Porque se trata de crímenes de lesa humanidad. Y escudarse en la "juventud" es una afrenta a la memoria, la honra y el ser nacional.
La claridad más opaca
Milani fue miembro del Batallón 601, que no era una unidad de pintado de escuelas sino de tareas de inteligencia durante la dictadura. Pero el oficialismo igual lo sostiene, porque resulta que, en realidad, el ahora jefe del Ejército realizó el curso de oficial de inteligencia en 1982, y comenzó a desempeñarse como tal en diciembre de 1983, a días de la restauración de la democracia.
Entonces, el "doble estándar" entra hasta el hueso, porque en marzo de 2008, Francisco Sassi Colombres tenía aprobado por la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo, el pliego para asumir como vocal de la Corte provincial. Pero llamó Néstor Kirchner y desaprobó ese nombramiento. ¿La razón? Sassi Colombres no había sido oficial de inteligencia ni miembro del Batallón 601, sino fiscal de Estado en 1982. El alperovichismo intentó sostenerlo, alegando que "Chin" (como lo llama el gobernador) había trabajado por la apertura política y la transición a la democracia. Pero el ex presidente le bajó el pulgar. Había sido parte de la dictadura, no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, y por tanto no había lugar para él en una gestión "K". Porque para Kirchner era sencillo: se había participado del Proceso (y entonces, ni olvido ni perdón), o no.
El filo más romo
Por fin, el "doble estándar" atraviesa y desangra. El Gobierno nacional, el provincial y organismos de derechos humanos claman la destitución de los tres jueces que dictaron sentencia absolutoria para los 13 imputados del secuestro y la desaparición en democracia de Marita Verón. Los tres magistrados dijeron no encontrar pruebas en la instrucción realizada por miembros de la Policía de Tucumán desde 2002. La misma Policía que la Nación, en 2006, pidió apartar de la pesquisa. La misma Policía que, en el mismo 2006, destruyó pruebas, adulteró actas, falsificó firmas y apretó testigos en el caso del asesinato de Paulina Lebbos. La misma que, desde el viernes, tiene la Unidad Regional Norte allanada y agentes detenidos por docenas, acusados de privación ilegítima de la libertad y pedido de coima. Igual, no importa. Para esos magistrados, propuestos por gobernadores de la democracia, con aval legislativo, no hay beneficio de la duda: hay que echarlos.
Es más: la causa Verón fue elegida como caso testigo por la Presidenta para advertir que urgía su reforma judicial, con miembros del Consejo de la Magistratura electos por el voto popular, aunque eso significara que los jueces aspirantes a consejeros debiesen ser candidatos de partidos políticos.
Pero el doble filo de esa misma cuchilla no corta de igual manera. El pedido del fiscal federal Daniel Camuña para que se archive una denuncia del senador Gerardo Morales de noviembre pasado, que pide investigar la actuación de Milani durante el Operativo Independencia (en definitiva, el caso Ledo), merece el cerrado respaldo de gobiernos y organismos. El funcionario ha entendido que no existe razón alguna para dar curso a ese planteo y eso, en este caso, es reivindicado como una forma de hacer justicia. No existe el menor ápice de incertidumbre: actuó ajustado a derecho. Y el que siquiera insinúe un atisbo de duda, es un golpista encubierto, siervo de la derecha, enemigo de los derechos humanos y oportunista político. Es más, objetar al integrante del Poder Judicial es promover un linchamiento mediático. En otros casos, por supuesto, no lo es.
Ahora, supóngase que, en efecto, el fiscal tiene toda la razón y Morales sólo quiere hacer política. ¿Qué pasa con el caso Ledo? ¿Existe? ¿Hay causa en Tucumán a la cual "agregar" la denuncia de Morales? ¿No? ¿Desapareció aquí, pero deben abrirla sus familiares en La Rioja? ¿A ese "asunto" van a verlo "después"? ¿Este no es momento para investigar? ¿Lo de Ledo no es tan urgente?
Eso sí, de la reforma judicial ya no se acuerdan, porque Camuña es un fiscal ad-hoc: no ejerce su cargo con acuerdo del Senado, como manda la Carta Magna, sino designado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, referente de un grupo curiosamente denominado "Justicia Legítima".
La ley más pareja
La Constitución fija que la licitación pública es la regla, pero aquí es la excepción. Los gobernantes sólo pueden tener una reelección consecutiva, pero aquí tienen dos. La Policía coloca cámaras de seguridad en las calles, pero debiera hacerlo en las comisarías. La AFIP conoce quién entra y quién sale del país, pero la fuerza pública no encontró a Jaime durante una semana. El que gane $ 7.000 por mes tributará Impuesto a las Ganancias, pero el que blanquee millones ilegales mediante los Cedin ni siquiera pagará Impuesto al Cheque...
Parece que el "doble estándar" todo lo percude. Pero a no desanimarse: aún hay conductas que resisten. Reglas que el escritor Anatole France (1844-1924) supo identificar y patentizar. Todavía hoy, por fortuna, sigue estando terminantemente prohibido, a ricos y a pobres, robar el pan. Aquí ninguno tiene permitido mendigar en las calles. Y, por supuesto, nadie tendrá, jamás, autorización alguna para dormir bajo los puentes.
Para dar testimonio de la indisoluble ligazón, la semana pasada arribó el vicepresidente de la Nación, el escasamente Amado Boudou, e intimó a todos y a todas: el que no apoya al gobernador, José Alperovich, está contra la presidenta, Cristina Fernández. Por si no alcanza, hace un par de días, La Cámpora en pleno avaló la gestión del mandatario tucumano durante un acto en Tafí Viejo. El Gobierno de Alperovich es un correlato del proyecto de país de Cristina, fue la sentencia.
Pero el alperovichismo y el kirchnerismo son lo mismo no por razones discursivas, sino fácticas. No son palabras sino hechos los que prueban una coincidencia en sus ADN del 99,9%. Y no es una circunstancia, sino tres. Tres desvergüenzas federales que son tres vergüenzas tucumanas.
La nada más costosa
Por orden de aparición, el primer escándalo tuvo por protagonista a Ricardo Jaime, procesado con prisión preventiva (y luego eximido de ella) en una causa por defraudación al Estado (presunta, por supuesto) a partir de un negociado (supuesto, obviamente) con obras para ferrocarriles tucumanos.
No se trata de un capítulo más en la saga penal de este kirchnerista de la primera hora. El caso que lo vincula con el Tucumán alperovichista es único. Tan inédito que parece inverosímil. Porque a Jaime lo procesaron por sobreprecios (aparentes, claro está) en la obra de recuperación y reacondicionamiento del tramo San Miguel de Tucumán-Concepción del tren de pasajeros. Pero resulta que a esa obra jamás se hizo, por más de que el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, diga y repita en el Senado que está terminada. O sea, no sólo habrían pagado un trabajo inexistente: además, lo habrían facturado más caro. ¿Ya pidieron la captura del autor del eslogan: "Argentina, un país en serio"?
La urgencia más rara
La segunda certificación de que el kirchnerismo y el alperovichismo comparten la misma naturaleza es una tragedia por la que la Argentina lleva dos décadas de luto. El atentado terrorista contra la AMIA, donde 85 compatriotas fueron masacrados, cumplió 19 años de impunidad. No hay verdad ni justicia, sino un "memorándum de entendimiento" con Irán, rechazado por la propia AMIA.
Tucumán será recordado por siempre en la historia de la firma de ese tratado. Pero no por las discrepancias o los convencimientos respecto de la conveniencia y la constitucionalidad de ese documento, sino por el escándalo que rodeó el tratamiento parlamentario. Cuando el kirchnerismo temió perder la votación en la Cámara Baja, el alperovichismo apartó del cargo, por un par de días, a la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Mirkin, para que retomara su banca en el Congreso (había renunciado para asumir como funcionaria provincial, pero la dimisión no había llegado a ser tratada en Diputados) y votase por la iniciativa de la Casa Rosada. El "caso de la diputrucha" fue bautizada la maniobra. Ese fue el aporte imborrable del oficialismo local a la discusión nacional sobre uno de los crímenes más aberrantes perpetrados contra los argentinos en la historia reciente. Claro que hubo que proceder de esa manera -explicaron- porque urgía sancionar el acuerdo. Que Irán nunca lo tratase les debe parecer un tecnicismo.
La suerte más mala
El tercer escándalo que detona la Casa Rosada y explota en Tucumán es la designación de César Milani como jefe del Ejército, concretado por la Presidenta; y su ascenso a teniente general, frenado en el Senado. Dos cuestiones merecen ser precisadas. La primera: es una canallada poner en duda la política del Gobierno nacional con los derechos humanos, así como el compromiso de los organismos de derechos humanos que lo acompañan. La segunda: este nombramiento resulta (en particular para Tucumán y el alperovichismo) una puñalada de "doble estándar".
Milani reconoce que firmó, como oficial actuante, el sumario de "deserción" del soldado Alberto Agapito Ledo en 1976. Pero el conscripto no es un desertor: es un desaparecido de Tucumán, según el "Nunca Más" de La Rioja, de donde es oriundo. Entonces, el "doble estándar" abre el tajo: resulta que, en realidad, Milani actuó en ese expediente por obra del azar. En su caso, y acaso únicamente en su caso, él intervino por pura mala suerte...
Y actuó por azar -completan- porque era "joven": nació en 1954, así que en el 76 tenía sólo 22 años. Entonces el "doble estándar" penetra y desgarra, porque en la megacausa Arsenales II-Jefatura II (investiga 215 hechos aberrantes), uno de los 41 imputados es el escribano Juan Carlos Benedicto, al que se le imputan delitos cometidos cuando tenía 18 años. Porque se trata de crímenes de lesa humanidad. Y escudarse en la "juventud" es una afrenta a la memoria, la honra y el ser nacional.
La claridad más opaca
Milani fue miembro del Batallón 601, que no era una unidad de pintado de escuelas sino de tareas de inteligencia durante la dictadura. Pero el oficialismo igual lo sostiene, porque resulta que, en realidad, el ahora jefe del Ejército realizó el curso de oficial de inteligencia en 1982, y comenzó a desempeñarse como tal en diciembre de 1983, a días de la restauración de la democracia.
Entonces, el "doble estándar" entra hasta el hueso, porque en marzo de 2008, Francisco Sassi Colombres tenía aprobado por la Legislatura, a propuesta del Poder Ejecutivo, el pliego para asumir como vocal de la Corte provincial. Pero llamó Néstor Kirchner y desaprobó ese nombramiento. ¿La razón? Sassi Colombres no había sido oficial de inteligencia ni miembro del Batallón 601, sino fiscal de Estado en 1982. El alperovichismo intentó sostenerlo, alegando que "Chin" (como lo llama el gobernador) había trabajado por la apertura política y la transición a la democracia. Pero el ex presidente le bajó el pulgar. Había sido parte de la dictadura, no importa cómo, ni cuándo, ni dónde, y por tanto no había lugar para él en una gestión "K". Porque para Kirchner era sencillo: se había participado del Proceso (y entonces, ni olvido ni perdón), o no.
El filo más romo
Por fin, el "doble estándar" atraviesa y desangra. El Gobierno nacional, el provincial y organismos de derechos humanos claman la destitución de los tres jueces que dictaron sentencia absolutoria para los 13 imputados del secuestro y la desaparición en democracia de Marita Verón. Los tres magistrados dijeron no encontrar pruebas en la instrucción realizada por miembros de la Policía de Tucumán desde 2002. La misma Policía que la Nación, en 2006, pidió apartar de la pesquisa. La misma Policía que, en el mismo 2006, destruyó pruebas, adulteró actas, falsificó firmas y apretó testigos en el caso del asesinato de Paulina Lebbos. La misma que, desde el viernes, tiene la Unidad Regional Norte allanada y agentes detenidos por docenas, acusados de privación ilegítima de la libertad y pedido de coima. Igual, no importa. Para esos magistrados, propuestos por gobernadores de la democracia, con aval legislativo, no hay beneficio de la duda: hay que echarlos.
Es más: la causa Verón fue elegida como caso testigo por la Presidenta para advertir que urgía su reforma judicial, con miembros del Consejo de la Magistratura electos por el voto popular, aunque eso significara que los jueces aspirantes a consejeros debiesen ser candidatos de partidos políticos.
Pero el doble filo de esa misma cuchilla no corta de igual manera. El pedido del fiscal federal Daniel Camuña para que se archive una denuncia del senador Gerardo Morales de noviembre pasado, que pide investigar la actuación de Milani durante el Operativo Independencia (en definitiva, el caso Ledo), merece el cerrado respaldo de gobiernos y organismos. El funcionario ha entendido que no existe razón alguna para dar curso a ese planteo y eso, en este caso, es reivindicado como una forma de hacer justicia. No existe el menor ápice de incertidumbre: actuó ajustado a derecho. Y el que siquiera insinúe un atisbo de duda, es un golpista encubierto, siervo de la derecha, enemigo de los derechos humanos y oportunista político. Es más, objetar al integrante del Poder Judicial es promover un linchamiento mediático. En otros casos, por supuesto, no lo es.
Ahora, supóngase que, en efecto, el fiscal tiene toda la razón y Morales sólo quiere hacer política. ¿Qué pasa con el caso Ledo? ¿Existe? ¿Hay causa en Tucumán a la cual "agregar" la denuncia de Morales? ¿No? ¿Desapareció aquí, pero deben abrirla sus familiares en La Rioja? ¿A ese "asunto" van a verlo "después"? ¿Este no es momento para investigar? ¿Lo de Ledo no es tan urgente?
Eso sí, de la reforma judicial ya no se acuerdan, porque Camuña es un fiscal ad-hoc: no ejerce su cargo con acuerdo del Senado, como manda la Carta Magna, sino designado por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, referente de un grupo curiosamente denominado "Justicia Legítima".
La ley más pareja
La Constitución fija que la licitación pública es la regla, pero aquí es la excepción. Los gobernantes sólo pueden tener una reelección consecutiva, pero aquí tienen dos. La Policía coloca cámaras de seguridad en las calles, pero debiera hacerlo en las comisarías. La AFIP conoce quién entra y quién sale del país, pero la fuerza pública no encontró a Jaime durante una semana. El que gane $ 7.000 por mes tributará Impuesto a las Ganancias, pero el que blanquee millones ilegales mediante los Cedin ni siquiera pagará Impuesto al Cheque...
Parece que el "doble estándar" todo lo percude. Pero a no desanimarse: aún hay conductas que resisten. Reglas que el escritor Anatole France (1844-1924) supo identificar y patentizar. Todavía hoy, por fortuna, sigue estando terminantemente prohibido, a ricos y a pobres, robar el pan. Aquí ninguno tiene permitido mendigar en las calles. Y, por supuesto, nadie tendrá, jamás, autorización alguna para dormir bajo los puentes.
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