13 Julio 2013
A LA ESPERA. El ex funcionario espera el resultado de la apelación a la decisión de Bonadío. DYN.
BUENOS AIRES.- El ex secretario de Transporte de la Nación, Ricardo Jaime, se encuentra prófugo luego de que el juez federal Claudio Bonadío ordene su detención, por un caso de supuesta corrupción en la empresa Belgrano Cargas.
Entre los argumentos para detener a Jaime, Bonadío resaltó que "sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del gobierno actual, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad".
Con la orden firme, tras rechazar un pedido de exención de prisión presentada por la defensa del ex funcionario, la Policía Federal lo fue a buscarlo en sus domicilios en Villa Carlos Paz, Córdoba (el que registra en el expediente), y en Puerto Madero, donde reside cuando está en Buenos Aires, pero hasta el momento su paradero es incierto.
La defensa de Jaime dejó trascender que está en el país y adelantó que trabajan en la apelación a la Cámara Federal. En ese marco, las fuentes señalaron que Jaime no se presentará hasta que se conozca la resolución del tribunal de alzada.
Jaime fue secretario de Transporte desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la Presidencia, hasta 2009, cuando dejó el cargo en la gestión de Cristina Fernández, luego de que el oficialismo fue derrotado en las elecciones legislativas de ese año.
"Ricardo Raúl Jaime tiene varias causas en trámite, cuatro de ellas ya en la etapa de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional -art. 26 'a contrario sensu' del C.P. (Código Penal)-, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de la justicia", argumentó el juez para ordenar su detención.
Además, "tiene más de 20 causas abiertas", explicó Bonadío, entre las que citó la de presunto enriquecimiento ilícito en la que el fiscal Carlos Rívolo pidió su indagatoria. Ahora Jaime fue procesado con prisión preventiva por el delito de "defraudación por administración fraudulenta, cometido en perjuicio de una administración pública" -que tiene una pena de dos a seis años de prisión- por ordenar en 2003 el supuesto sobrepago de 2,3 millones de pesos para la rehabilitación del corredor ferroviario Tucumán-Concepción. (DYN)
Entre los argumentos para detener a Jaime, Bonadío resaltó que "sus vínculos con altos funcionarios del Estado al haber formado parte del gobierno actual, de continuar en libertad podrían entorpecer el accionar judicial y en consecuencia el descubrimiento de la verdad".
Con la orden firme, tras rechazar un pedido de exención de prisión presentada por la defensa del ex funcionario, la Policía Federal lo fue a buscarlo en sus domicilios en Villa Carlos Paz, Córdoba (el que registra en el expediente), y en Puerto Madero, donde reside cuando está en Buenos Aires, pero hasta el momento su paradero es incierto.
La defensa de Jaime dejó trascender que está en el país y adelantó que trabajan en la apelación a la Cámara Federal. En ese marco, las fuentes señalaron que Jaime no se presentará hasta que se conozca la resolución del tribunal de alzada.
Jaime fue secretario de Transporte desde 2003, cuando asumió Néstor Kirchner la Presidencia, hasta 2009, cuando dejó el cargo en la gestión de Cristina Fernández, luego de que el oficialismo fue derrotado en las elecciones legislativas de ese año.
"Ricardo Raúl Jaime tiene varias causas en trámite, cuatro de ellas ya en la etapa de juicio, por lo que estimo que en caso de ser condenado en estas actuaciones, la misma no podrá ser de ejecución condicional -art. 26 'a contrario sensu' del C.P. (Código Penal)-, lo que hace presumir que de seguir en libertad intentará eludir la acción de la justicia", argumentó el juez para ordenar su detención.
Además, "tiene más de 20 causas abiertas", explicó Bonadío, entre las que citó la de presunto enriquecimiento ilícito en la que el fiscal Carlos Rívolo pidió su indagatoria. Ahora Jaime fue procesado con prisión preventiva por el delito de "defraudación por administración fraudulenta, cometido en perjuicio de una administración pública" -que tiene una pena de dos a seis años de prisión- por ordenar en 2003 el supuesto sobrepago de 2,3 millones de pesos para la rehabilitación del corredor ferroviario Tucumán-Concepción. (DYN)
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