30 Junio 2013
La revelación de Alberto Lebbos ante la Justicia tucumana señalando con el dedo acusador que los asesinos de su hija Paulina fueron "los hijos del poder", tuvo el efecto expansivo de un trueno seco en un día a pleno sol. Sin embargo, la expresión genérica, sin dar el nombre de nadie, apuntó a la cabeza del gobernador y de su esposa, Beatriz Rojkés, tercera autoridad en la línea sucesoria presidencial, senadora de la Nación y presidente del PJ tucumano. También alcanza a Alberto Kaleñuk, secretario privadísimo todo terreno del mandamás, ex jefe de Gendarmería y de la Policía tucumana con Julio Miranda. El reventón se sintió más allá de la geografía territorial y pegó fuerte en el puerto. Recogido por la prensa, la TV y radios metropolitanas con profusa difusión, Tucumán, otra vez, quedó bajo los cenitales por un suceso de ribetes oprobiosos, del cual se habla desde mucho tiempo atrás y cada día con más ruido.
Nunca el mandamás tomó el peso de su gravedad. Porque no quiso: porque de poder, pudo. Ni tampoco ordenó una pesquisa a fondo, a pesar de que dijo, a poco de descubrirse el cadáver horrorosamente mutilado de Paulina, que él sabía el nombre de los asesinos. Al fiscal penal de entonces, Alejandro Noguera, nunca se le ocurrió preguntarle quiénes eran. Tampoco a quien lo sucedió, Carlos Albaca. ¿Por qué? ¿No se trata de un caso de encubrimiento judicial, como sostiene Alberto Lebbos? ¿Lo hará el actual, Diego López Ávila, para determinar qué es lo que pasó aquel nefasto 26 de febrero de 2006?
El affaire lleva en sí una carga política de consecuencias insospechadas, que toca el sayo feudal de la pareja gobernante, con efectos y ramificaciones impredecibles. Noticias negras de este tipo no son buenas, ni caen bien en la gente en tiempos electorales como los que se transitan ahora, de cóleras presidenciales por twitter y por la cadena nacional de radiodifusión, porque las profecías políticas resultan poco gratas para el cristinato.
Menos que nada
El fiscal Albaca tuvo la causa dormida en su despacho durante siete años. Hizo menos que nada. Avanzó hacia atrás, ¿a la espera de que prescribiera con el paso del tiempo? ¿Eso se quería en las alturas del poder? Es una hipótesis; para pensar. De las ocho pistas que figuran en el expediente sobre la desaparición y asesinato de Paulina, cuatro vinculan a personas con nexos en el poder. ¿Por qué tan dilatada inmovilidad? ¿A quién se protegía?, hay que preguntarse. Al final, suelto de cuerpo, Albaca por las críticas por su inacción, terminó desembarazándose del caso Lebbos, huyó hacia delante y se inhibió, dejando el entuerto a su sucesor, Diego López Ávila, designado recientemente por el PE.
Es el tercer funcionario judicial que interviene en el caso, que, además, ya se fagocitó a un ex ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, de origen bussista, quien, no obstante, sigue cobrando sueldos del Estado, sin que se sepa qué hace. Bajo secreto de sumario, Albaca metió en una cripta blindada el expediente durante un lapso infinito. Una situación similar nunca se registró en los Tribunales de aquí, ni de ninguna parte del planeta. Jamás dispuso detención alguna, ni imputó a nadie. A regañadientes, aceptó como querellante al padre de la víctima, pero a lo largo de siete años no le dio acceso al expediente. También reconoció con tal carácter a Víctor César Soto, quien fuera pareja de Paulina, por ser el padre de la hija de ambos. Éste no mostró mucho interés en impulsar la acción y renunció cuando López Ávila se hizo cargo de la investigación.
¿Alperovich empujará el procesamiento de Albaca por su mal desempeño, como hizo tan prestamente contra los tres magistrados intervinientes en el caso de Marita Verón, sometiéndose a la imposición de su madre, Susana Trimarco, cogobernante muros afuera del palacio, a quien Cristina sienta a su diestra y de quien tiene el número de su teléfono rojo? Llama mucho la atención que esta incansable luchadora contra la trata de personas, que desesperadamente busca a su hija desde hace una década, haya soslayado su apoyo a la causa de Lebbos. ¿Por su cercanía con el poder? Nunca lo acompañó en sus marchas semanales, para exigir el esclarecimiento del crimen de la estudiante. Tampoco Lebbos tuvo la fortuna de que lo recibiera la Presidente en su despacho. ¿Tendrá que recurrir al Papa Francisco?
El fiscal López Ávila hizo, en escasos días, lo que en siete años no hizo Albaca. Antes que nada, apartó de la investigación a la policía de la provincia y confió esa tarea a fuerzas de la Gendarmería, además de recurrir al auxilio de órganos de criminalística nacionales. Centró la pesquisa en la zona del dique El Cadillal y concretó la primera detención: la de Daniel Luís "el Gordo" Olivera, de quien en los medios judiciales se colige que sabe mucho más de lo que declaró. Puso en la mira una casa prefabricada, que perteneciera a Kaleñuk, levantada en 2007 -dice el dueño-, después del crimen, y posteriormente desarmada, donde se supone que ocurrió. Intenta verificar cuándo, en realidad, se construyó esa vivienda y por qué se la desarmó. Donde estuvo ubicada (se conserva el alisado de cemento en que se la asentó) se hicieron pericias técnicas.
En el palacio del poder la denuncia de Lebbos en sede judicial, focalizada en su ocupante transitorio, hizo crujir la estantería del oficialismo e impactó de lleno en Alperovich y en su consorte. El padre de Paulina se cuidó bien de no imputar a nadie en su declaración ante el nuevo fiscal, después de haber pasado por manos de dos de sus colegas. Primero, fue Alejandro Noguera, sorprendido por LA GACETA en la noche del 19 de abril de 2006, cuando abandonaba la casa de Alperovich, dando explicaciones baladíes de su insólita presencia. Por el escándalo que generó, fue despojado del expediente y luego ascendido a camarista (¿?), para tomar posteriormente la causa el fiscal Albaca con la cuestionada morosidad.
La historia del homicidio de Paulina y sus dispares versiones eran conocidas por todo Tucumán. Siempre se apuntó a "los hijos del poder". El rumor se hizo carne en la sociedad y corría de boca en boca, a poco de ocurrir el espantoso hallazgo. En la memoria colectiva volvió el recuerdo del crimen de María Soledad Morales, en Catamarca, bajo la satrapía de los Saadi, por la similitud que guardan entre sí uno y otro. María Soledad, desde la tumba, tiró abajo el gobierno de esa familia feudal y cortó la carrera política de Ramoncito Saadi.
Alperovich nunca tuvo la intención de escarbar en profundidad lo que pasó con el asesinato de Paulina. Con su inacción encubrió el caso, como denunció Lebbos a todo el país por los canales de televisión porteños. Tampoco la Justicia. La Corte Suprema Provincial miró al sótano, desentendiéndose, a tono con el poder político. No mostró la eficacia, rapidez y la premura como en otras cuestiones de interés de la Casa de Gobierno. No se puede concebir que a Lebbos no se le permitiera conocer el expediente con el cuento del secreto del sumario. De repente, la causa cobró inusitado vuelo por orden de la Casa Rosada, a través del Programa Nacional contra la Impunidad, que exigió ver el expediente.
Cuando su representante en Tucumán, Bernardo Lobo Bugeau, formuló el pedido, Albaca se mostró reticente, como lo atestigua la nota enviada al ministro fiscal de Corte, Luis De Mitri. Fue necesario que el Supremo Tribunal dictara una resolución para que Albaca acatara. Ahí no termina la historia. A Lobo Bugeau no se le facilitó ni un pequeño escritorio para cumplir su tarea. Tuvo que revisar los 74 cuerpos de expediente, de pie, frente al mostrador y tomar notas a mano durante fatigosas jornadas, porque se le impidió sacar fotocopias.
Lenguaje sin frenos
La senadora Beatriz Rojkés de Alperovich calificó de "opereta política" la acción judicial impulsada por Lebbos, para agregar que había que dejar descansar en paz a "esa mujercita". Sus palabras pueden tildarse de poco prudentes y hasta de peyorativas. No es la primera vez (¿será la última?) que comete estos deslices. Cobró triste fama por su lengua sin frenos. Por los cargos que ostenta, a más de cónyuge del jefe del PE, está obligada a mensurar el alcance de sus expresiones. Evidentemente, no tiene conciencia del impacto que provocan, poniendo en aprietos al propio gobernador. Un hombre de la vieja guardia peronista, que no la ama, recomendó, ponzoñoso, que antes de hablar debiera colocarse barbijo o sordina.
Lebbos está en todo su derecho de hacer lo que hizo, sin importarle que desde el poder se tilde su acción como política. La familia gobernante está golpeada, es cierto. Pero también hay que entender a un padre transido de dolor a quien asesinaron brutalmente a su hija y peregrina, desde de siete años atrás, por las más dispares instancias en procura de esclarecer el homicidio. Hasta ahora todo, todo, fue vano. Se lo ve marchar todos los martes, desde las ocho de la noche, en torno a la Plaza Independencia, con la fotografía de su Paulina en alto, en soledad a veces, con menguada compañía en otras, bajo lluvias impiadosas, calores agobiantes o el frío del invierno. No cejará en su lucha por encontrar la verdad de lo sucedido, con el consiguiente castigo a los culpables. Lo dijo una y mil veces.
Nunca el mandamás tomó el peso de su gravedad. Porque no quiso: porque de poder, pudo. Ni tampoco ordenó una pesquisa a fondo, a pesar de que dijo, a poco de descubrirse el cadáver horrorosamente mutilado de Paulina, que él sabía el nombre de los asesinos. Al fiscal penal de entonces, Alejandro Noguera, nunca se le ocurrió preguntarle quiénes eran. Tampoco a quien lo sucedió, Carlos Albaca. ¿Por qué? ¿No se trata de un caso de encubrimiento judicial, como sostiene Alberto Lebbos? ¿Lo hará el actual, Diego López Ávila, para determinar qué es lo que pasó aquel nefasto 26 de febrero de 2006?
El affaire lleva en sí una carga política de consecuencias insospechadas, que toca el sayo feudal de la pareja gobernante, con efectos y ramificaciones impredecibles. Noticias negras de este tipo no son buenas, ni caen bien en la gente en tiempos electorales como los que se transitan ahora, de cóleras presidenciales por twitter y por la cadena nacional de radiodifusión, porque las profecías políticas resultan poco gratas para el cristinato.
Menos que nada
El fiscal Albaca tuvo la causa dormida en su despacho durante siete años. Hizo menos que nada. Avanzó hacia atrás, ¿a la espera de que prescribiera con el paso del tiempo? ¿Eso se quería en las alturas del poder? Es una hipótesis; para pensar. De las ocho pistas que figuran en el expediente sobre la desaparición y asesinato de Paulina, cuatro vinculan a personas con nexos en el poder. ¿Por qué tan dilatada inmovilidad? ¿A quién se protegía?, hay que preguntarse. Al final, suelto de cuerpo, Albaca por las críticas por su inacción, terminó desembarazándose del caso Lebbos, huyó hacia delante y se inhibió, dejando el entuerto a su sucesor, Diego López Ávila, designado recientemente por el PE.
Es el tercer funcionario judicial que interviene en el caso, que, además, ya se fagocitó a un ex ministro de Seguridad Ciudadana, Pablo Baillo, de origen bussista, quien, no obstante, sigue cobrando sueldos del Estado, sin que se sepa qué hace. Bajo secreto de sumario, Albaca metió en una cripta blindada el expediente durante un lapso infinito. Una situación similar nunca se registró en los Tribunales de aquí, ni de ninguna parte del planeta. Jamás dispuso detención alguna, ni imputó a nadie. A regañadientes, aceptó como querellante al padre de la víctima, pero a lo largo de siete años no le dio acceso al expediente. También reconoció con tal carácter a Víctor César Soto, quien fuera pareja de Paulina, por ser el padre de la hija de ambos. Éste no mostró mucho interés en impulsar la acción y renunció cuando López Ávila se hizo cargo de la investigación.
¿Alperovich empujará el procesamiento de Albaca por su mal desempeño, como hizo tan prestamente contra los tres magistrados intervinientes en el caso de Marita Verón, sometiéndose a la imposición de su madre, Susana Trimarco, cogobernante muros afuera del palacio, a quien Cristina sienta a su diestra y de quien tiene el número de su teléfono rojo? Llama mucho la atención que esta incansable luchadora contra la trata de personas, que desesperadamente busca a su hija desde hace una década, haya soslayado su apoyo a la causa de Lebbos. ¿Por su cercanía con el poder? Nunca lo acompañó en sus marchas semanales, para exigir el esclarecimiento del crimen de la estudiante. Tampoco Lebbos tuvo la fortuna de que lo recibiera la Presidente en su despacho. ¿Tendrá que recurrir al Papa Francisco?
El fiscal López Ávila hizo, en escasos días, lo que en siete años no hizo Albaca. Antes que nada, apartó de la investigación a la policía de la provincia y confió esa tarea a fuerzas de la Gendarmería, además de recurrir al auxilio de órganos de criminalística nacionales. Centró la pesquisa en la zona del dique El Cadillal y concretó la primera detención: la de Daniel Luís "el Gordo" Olivera, de quien en los medios judiciales se colige que sabe mucho más de lo que declaró. Puso en la mira una casa prefabricada, que perteneciera a Kaleñuk, levantada en 2007 -dice el dueño-, después del crimen, y posteriormente desarmada, donde se supone que ocurrió. Intenta verificar cuándo, en realidad, se construyó esa vivienda y por qué se la desarmó. Donde estuvo ubicada (se conserva el alisado de cemento en que se la asentó) se hicieron pericias técnicas.
En el palacio del poder la denuncia de Lebbos en sede judicial, focalizada en su ocupante transitorio, hizo crujir la estantería del oficialismo e impactó de lleno en Alperovich y en su consorte. El padre de Paulina se cuidó bien de no imputar a nadie en su declaración ante el nuevo fiscal, después de haber pasado por manos de dos de sus colegas. Primero, fue Alejandro Noguera, sorprendido por LA GACETA en la noche del 19 de abril de 2006, cuando abandonaba la casa de Alperovich, dando explicaciones baladíes de su insólita presencia. Por el escándalo que generó, fue despojado del expediente y luego ascendido a camarista (¿?), para tomar posteriormente la causa el fiscal Albaca con la cuestionada morosidad.
La historia del homicidio de Paulina y sus dispares versiones eran conocidas por todo Tucumán. Siempre se apuntó a "los hijos del poder". El rumor se hizo carne en la sociedad y corría de boca en boca, a poco de ocurrir el espantoso hallazgo. En la memoria colectiva volvió el recuerdo del crimen de María Soledad Morales, en Catamarca, bajo la satrapía de los Saadi, por la similitud que guardan entre sí uno y otro. María Soledad, desde la tumba, tiró abajo el gobierno de esa familia feudal y cortó la carrera política de Ramoncito Saadi.
Alperovich nunca tuvo la intención de escarbar en profundidad lo que pasó con el asesinato de Paulina. Con su inacción encubrió el caso, como denunció Lebbos a todo el país por los canales de televisión porteños. Tampoco la Justicia. La Corte Suprema Provincial miró al sótano, desentendiéndose, a tono con el poder político. No mostró la eficacia, rapidez y la premura como en otras cuestiones de interés de la Casa de Gobierno. No se puede concebir que a Lebbos no se le permitiera conocer el expediente con el cuento del secreto del sumario. De repente, la causa cobró inusitado vuelo por orden de la Casa Rosada, a través del Programa Nacional contra la Impunidad, que exigió ver el expediente.
Cuando su representante en Tucumán, Bernardo Lobo Bugeau, formuló el pedido, Albaca se mostró reticente, como lo atestigua la nota enviada al ministro fiscal de Corte, Luis De Mitri. Fue necesario que el Supremo Tribunal dictara una resolución para que Albaca acatara. Ahí no termina la historia. A Lobo Bugeau no se le facilitó ni un pequeño escritorio para cumplir su tarea. Tuvo que revisar los 74 cuerpos de expediente, de pie, frente al mostrador y tomar notas a mano durante fatigosas jornadas, porque se le impidió sacar fotocopias.
Lenguaje sin frenos
La senadora Beatriz Rojkés de Alperovich calificó de "opereta política" la acción judicial impulsada por Lebbos, para agregar que había que dejar descansar en paz a "esa mujercita". Sus palabras pueden tildarse de poco prudentes y hasta de peyorativas. No es la primera vez (¿será la última?) que comete estos deslices. Cobró triste fama por su lengua sin frenos. Por los cargos que ostenta, a más de cónyuge del jefe del PE, está obligada a mensurar el alcance de sus expresiones. Evidentemente, no tiene conciencia del impacto que provocan, poniendo en aprietos al propio gobernador. Un hombre de la vieja guardia peronista, que no la ama, recomendó, ponzoñoso, que antes de hablar debiera colocarse barbijo o sordina.
Lebbos está en todo su derecho de hacer lo que hizo, sin importarle que desde el poder se tilde su acción como política. La familia gobernante está golpeada, es cierto. Pero también hay que entender a un padre transido de dolor a quien asesinaron brutalmente a su hija y peregrina, desde de siete años atrás, por las más dispares instancias en procura de esclarecer el homicidio. Hasta ahora todo, todo, fue vano. Se lo ve marchar todos los martes, desde las ocho de la noche, en torno a la Plaza Independencia, con la fotografía de su Paulina en alto, en soledad a veces, con menguada compañía en otras, bajo lluvias impiadosas, calores agobiantes o el frío del invierno. No cejará en su lucha por encontrar la verdad de lo sucedido, con el consiguiente castigo a los culpables. Lo dijo una y mil veces.
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