Por Roberto Delgado
25 Junio 2013
¿Hacia dónde irá la pesquisa del crimen de Paulina? La primera declaración judicial de Alberto Lebbos, padre de la joven asesinada, con la hipótesis de los "hijos del poder" fue una bomba en el corazón del gobierno tucumano y apunta a la clave del laberinto, según Lebbos: si tienen que ver un hijo del gobernador y otro de Juan Alberto Kaleñuk, ex secretario privado del mandatario, se entiende la cadena de encubrimiento tantas veces denunciada desde 2006 por el padre de la víctima.
Sólo el interés de la Nación, en febrero pasado, logró romper el fuerte cerrojo que tenía la causa a la que el fiscal Carlos Albaca había convertido en un "cold case", congelándola sin ahondar ninguna hipótesis "sin otro propósito, por acción, omisión o ambas, que ocultar la verdad", tal como señaló Bernardo Lobo Bugeau, representante del Ministerio de Justicia nacional. A partir de ese informe surgió la renuncia de Albaca al caso, y la acordada de la Corte Suprema tucumana instando al fiscal Diego López Avila a concluir "en el menor tiempo posible" la investigación, y a determinar si los policías que adulteraron el acta en Raco -donde apareció el cuerpo de la jovencita- lo hicieron para encubrir el homicidio.
López Avila se hizo cargo advirtiendo que habría pruebas que no podría obtener porque la escena del crimen fue adulterada totalmente, aunque esperanzado de que igual podría llegar al esclarecimiento. Recibió hace tres semanas el testimonio de un testigo que dio una versión y ayer escuchó a Lebbos. Luego tomó declaraciones,y ordenó una aprehensión y un careo. Y ante la denuncia contra el hijo del gobernador atinó a decretar secreto del sumario por diez días, para atenuar el durísimo impacto del tembladeral en que se convirtió en el acto la causa.
Se trata de un fiscal nuevo, que formó un equipo con una secretaria, un prosecretario y una ayudante fiscal también bisoños, para trabajar con una brasa caliente que -vale la pena repetirlo- no quisieron tocar el muy experimentado Albaca y tampoco el primer fiscal del caso, Alejandro Noguera. Lebbos, que está ilusionado con que López Avila avanzará en la pesquisa, pide que se lo proteja de los ataques que -está seguro- sobrevendrán del oficialismo tucumano contra el fiscal. La pregunta es qué hará la Corte, que en siete años no apercibió a Albaca ni le pidió que culmine la investigación "en el menor tiempo posible", como hace ahora con López Avila. Lebbos, además, pide que se acuse a los fiscales anteriores por mal desempeño en sus funciones, y se pregunta por qué el gobierno ascendió a los policías que intervinieron en la primera investigación -el jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, fue elevado a jefe de Logística- y también por qué los funcionarios con responsabilidad cuando ocurrieron las denunciadas maniobras de encubrimiento -el ex ministro Pablo Baillo, el ex secretario Alberto di Lella y el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, entre otros- siguen como asesores.
Descartada la posibilidad de obtener datos de la escena del crimen, la expectativa radica, sobre todo, en el cotejo de testimonios que fueron ignorados por Albaca; y de nuevas pruebas sobre una "hipótesis cierta", según describe Lebbos, y que no pudo entregarle a Albaca en su momento.
¿Hasta dónde llegará López Avila? El fiscal tiene por delante un duro camino (que nadie recorrió). Si fuera cierta la hipótesis de los "hijos del poder", hay que recordar que en el caso María Soledad, en Catamarca, sólo se pudo investigar y resolver con la intervención a la provincia. Y si no fueran los "hijos del poder", hay en la causa otras siete hipótesis. Pero el fiscal tendría que arribar, en cualquier caso, a una conclusión concreta y convincente. Cualquier camino será un infierno.
Sólo el interés de la Nación, en febrero pasado, logró romper el fuerte cerrojo que tenía la causa a la que el fiscal Carlos Albaca había convertido en un "cold case", congelándola sin ahondar ninguna hipótesis "sin otro propósito, por acción, omisión o ambas, que ocultar la verdad", tal como señaló Bernardo Lobo Bugeau, representante del Ministerio de Justicia nacional. A partir de ese informe surgió la renuncia de Albaca al caso, y la acordada de la Corte Suprema tucumana instando al fiscal Diego López Avila a concluir "en el menor tiempo posible" la investigación, y a determinar si los policías que adulteraron el acta en Raco -donde apareció el cuerpo de la jovencita- lo hicieron para encubrir el homicidio.
López Avila se hizo cargo advirtiendo que habría pruebas que no podría obtener porque la escena del crimen fue adulterada totalmente, aunque esperanzado de que igual podría llegar al esclarecimiento. Recibió hace tres semanas el testimonio de un testigo que dio una versión y ayer escuchó a Lebbos. Luego tomó declaraciones,y ordenó una aprehensión y un careo. Y ante la denuncia contra el hijo del gobernador atinó a decretar secreto del sumario por diez días, para atenuar el durísimo impacto del tembladeral en que se convirtió en el acto la causa.
Se trata de un fiscal nuevo, que formó un equipo con una secretaria, un prosecretario y una ayudante fiscal también bisoños, para trabajar con una brasa caliente que -vale la pena repetirlo- no quisieron tocar el muy experimentado Albaca y tampoco el primer fiscal del caso, Alejandro Noguera. Lebbos, que está ilusionado con que López Avila avanzará en la pesquisa, pide que se lo proteja de los ataques que -está seguro- sobrevendrán del oficialismo tucumano contra el fiscal. La pregunta es qué hará la Corte, que en siete años no apercibió a Albaca ni le pidió que culmine la investigación "en el menor tiempo posible", como hace ahora con López Avila. Lebbos, además, pide que se acuse a los fiscales anteriores por mal desempeño en sus funciones, y se pregunta por qué el gobierno ascendió a los policías que intervinieron en la primera investigación -el jefe de la comisaría de Raco, Enrique García, fue elevado a jefe de Logística- y también por qué los funcionarios con responsabilidad cuando ocurrieron las denunciadas maniobras de encubrimiento -el ex ministro Pablo Baillo, el ex secretario Alberto di Lella y el ex jefe de Policía Hugo Sánchez, entre otros- siguen como asesores.
Descartada la posibilidad de obtener datos de la escena del crimen, la expectativa radica, sobre todo, en el cotejo de testimonios que fueron ignorados por Albaca; y de nuevas pruebas sobre una "hipótesis cierta", según describe Lebbos, y que no pudo entregarle a Albaca en su momento.
¿Hasta dónde llegará López Avila? El fiscal tiene por delante un duro camino (que nadie recorrió). Si fuera cierta la hipótesis de los "hijos del poder", hay que recordar que en el caso María Soledad, en Catamarca, sólo se pudo investigar y resolver con la intervención a la provincia. Y si no fueran los "hijos del poder", hay en la causa otras siete hipótesis. Pero el fiscal tendría que arribar, en cualquier caso, a una conclusión concreta y convincente. Cualquier camino será un infierno.
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