25 Junio 2013
Desde que el kirchnerismo sancionó el nuevo régimen electoral, en 2009, la campaña proselitista cambió radicalmente para las agrupaciones. Principalmente, en cuanto al financiamiento.
Con el objetivo de garantizar equidad y reducir las brechas entre los gastos efectuados por los diversos partidos o alianzas, la nueva norma asegura la distribución igualitaria del 50% del aporte estatal a las agrupaciones políticas para campañas electorales. Además, prohibe las donaciones a las agrupaciones políticas con destino al financiamiento de campañas por parte de personas jurídicas, así como las contribuciones anónimas. También establece límites al monto de los aportes privados que cada partido puede anualmente recibir de una misma persona para su financiamiento. Y, finalmente, prohibe la contratación en forma privada de espacios de publicidad audiovisual para la transmisión de los mensajes de campaña electoral. Precisamente, la distribución del espacio corre por cuenta de la Dirección Nacional Electoral, que debe asegurar un reparto igualitario del 50% del total del tiempo de publicidad audiovisual entre todas las fuerzas.
En esta ocasión, la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto comenzará el 12 de julio, y se extenderá hasta 48 horas antes de la fecha de la elección. Es decir, durará 28 días.
El dato llamativo de esta contienda es que, por primera vez, la Dirección Electoral Nacional devengó de los montos a recibir por cada partido aquellas deudas de arrastre. Como la Nación les aporta recursos para su desenvolvimiento institucional y para afrontar una campaña electoral, los responsables de las fuerzas políticas tienen la obligación de rendir cuenta del destino que dieron a los dineros públicos. De ahí que, según consta en la resolución N° 24 de la Dirección Electoral Nacional, haya partidos tucumanos que figuren con saldos en rojo en el anexo de ese documento. Es el caso del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el macrismo y el bussismo.
Con el objetivo de garantizar equidad y reducir las brechas entre los gastos efectuados por los diversos partidos o alianzas, la nueva norma asegura la distribución igualitaria del 50% del aporte estatal a las agrupaciones políticas para campañas electorales. Además, prohibe las donaciones a las agrupaciones políticas con destino al financiamiento de campañas por parte de personas jurídicas, así como las contribuciones anónimas. También establece límites al monto de los aportes privados que cada partido puede anualmente recibir de una misma persona para su financiamiento. Y, finalmente, prohibe la contratación en forma privada de espacios de publicidad audiovisual para la transmisión de los mensajes de campaña electoral. Precisamente, la distribución del espacio corre por cuenta de la Dirección Nacional Electoral, que debe asegurar un reparto igualitario del 50% del total del tiempo de publicidad audiovisual entre todas las fuerzas.
En esta ocasión, la campaña para las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 11 de agosto comenzará el 12 de julio, y se extenderá hasta 48 horas antes de la fecha de la elección. Es decir, durará 28 días.
El dato llamativo de esta contienda es que, por primera vez, la Dirección Electoral Nacional devengó de los montos a recibir por cada partido aquellas deudas de arrastre. Como la Nación les aporta recursos para su desenvolvimiento institucional y para afrontar una campaña electoral, los responsables de las fuerzas políticas tienen la obligación de rendir cuenta del destino que dieron a los dineros públicos. De ahí que, según consta en la resolución N° 24 de la Dirección Electoral Nacional, haya partidos tucumanos que figuren con saldos en rojo en el anexo de ese documento. Es el caso del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados, el macrismo y el bussismo.
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