Por Carlos Páez de la Torre H
24 Junio 2013
LA SALA DE REPRESENTANTES. Portada del libro de actas iniciado a fines de 1825. LA GACETA / ARCHIVO
Como es sabido, en febrero de 1824 el gobierno de Buenos Aires convocó a las provincias a "reunir la representación nacional". Ese Congreso se reunió en diciembre de 1825. Se trataba de organizar el país y darle una Constitución. La Sala de Representantes de Tucumán, en sesión del 21 de noviembre de 1825, sancionó una ley que declaraba la opinión de la Provincia sobre la forma de gobierno a adoptarse.
Se pronunciaba por la forma "Representativa Republicana de Unidad". Afirmaba que para esta definición, había consultado "la opinión de los ciudadanos capaces de formularla por sí mismos". La creía la "más conforme a la voluntad general de sus habitantes, y más conveniente, tanto para los intereses de la provincia como para afianzar el orden y la libertad y la prosperidad nacional".
El artículo segundo expresaba que al decidirse por dicha forma de gobierno, "sacrificando la Soberanía de que ha estado en absoluta posesión por el período de cerca de seis años", Tucumán dejaba "salvados los derechos e instituciones siguientes", que enumeraba.
En primer lugar, la ley del 21 de septiembre último, que fijaba a la religión "católica, apostólica, romana" como "la única religión de la provincia". Luego, "la conservación de una Junta de Representantes, cuyo carácter y atribuciones se fijarán por una ley". Finalmente, disponía que, "en caso de que la mayoría de las provincias se pronuncien por la forma de Federación y la minoría por la de Unidad, la de Tucumán se conforma con la que el Congreso creyese más conveniente sancionar".
Firmaban el acta el presidente de la Sala, don José Francisco López, y el secretario Manuel de Lacoa.
Se pronunciaba por la forma "Representativa Republicana de Unidad". Afirmaba que para esta definición, había consultado "la opinión de los ciudadanos capaces de formularla por sí mismos". La creía la "más conforme a la voluntad general de sus habitantes, y más conveniente, tanto para los intereses de la provincia como para afianzar el orden y la libertad y la prosperidad nacional".
El artículo segundo expresaba que al decidirse por dicha forma de gobierno, "sacrificando la Soberanía de que ha estado en absoluta posesión por el período de cerca de seis años", Tucumán dejaba "salvados los derechos e instituciones siguientes", que enumeraba.
En primer lugar, la ley del 21 de septiembre último, que fijaba a la religión "católica, apostólica, romana" como "la única religión de la provincia". Luego, "la conservación de una Junta de Representantes, cuyo carácter y atribuciones se fijarán por una ley". Finalmente, disponía que, "en caso de que la mayoría de las provincias se pronuncien por la forma de Federación y la minoría por la de Unidad, la de Tucumán se conforma con la que el Congreso creyese más conveniente sancionar".
Firmaban el acta el presidente de la Sala, don José Francisco López, y el secretario Manuel de Lacoa.
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