18 Junio 2013
CUESTIONADO. Norberto Berner, secretario de Comunicaciones. DYN (ARCHIVO
BUENOS AIRES.- La diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió denunció al secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, y a agentes de la Inspección General de Justicia (IGJ), supuestamente implicados en un plan para darle protección al vicepresidente, Amado Boudou, en el marco de la causa Ciccone.
La denuncia por los delitos de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público" será tramitada por el juez federal Claudio Bonadío y actuará la fiscalía número 5, a cargo de Eduardo Taiano.
Carrió denunció que en la IGJ se conformó el año pasado un grupo de funcionarios para hacer propuestas destinadas a bloquear toda información sobre el caso Ciccone. Ayer, el diario La Nación publicó detalles sobre la maniobra, en base a información que le dio el ex inspector legal del organismo, Fernando Scanavino.
Según la diputada, la orden en la IGJ, cuando estaba conducida por Berner, "era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone".
Scanavino se desempeñaba como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines de 2012, cuando fue despedido sin causa del organismo.
"Conforme han sido relatados los sucesos, al menos en forma larval, se encuentra acreditada la presencia de dolo en la conducta desplegada que integra el tipo penal, en tanto los funcionarios han obrado intentando encubrir hechos ilícitos a través de facultades que saben que no les son propias y han soslayado abiertamente disposiciones legales vigentes", indicó la diputada en la presentación judicial.
Por su lado, el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, manifestó que "no es sorpresivo" el supuesto hallazgo de pruebas sobre la existencia de "un cepo informativo" para proteger a Boudou. "Es algo que venimos denunciando sin éxito hace ya más de un año. El secretismo que caracteriza a este Gobierno se manifestó desde el principio en este caso", afirmó. (DyN)
La denuncia por los delitos de "encubrimiento agravado, abuso de autoridad, y violación de los deberes de funcionario público" será tramitada por el juez federal Claudio Bonadío y actuará la fiscalía número 5, a cargo de Eduardo Taiano.
Carrió denunció que en la IGJ se conformó el año pasado un grupo de funcionarios para hacer propuestas destinadas a bloquear toda información sobre el caso Ciccone. Ayer, el diario La Nación publicó detalles sobre la maniobra, en base a información que le dio el ex inspector legal del organismo, Fernando Scanavino.
Según la diputada, la orden en la IGJ, cuando estaba conducida por Berner, "era proteger a Boudou y no dar nada sobre él ni sobre el caso Ciccone".
Scanavino se desempeñaba como inspector legal de sociedades comerciales en la IGJ hasta fines de 2012, cuando fue despedido sin causa del organismo.
"Conforme han sido relatados los sucesos, al menos en forma larval, se encuentra acreditada la presencia de dolo en la conducta desplegada que integra el tipo penal, en tanto los funcionarios han obrado intentando encubrir hechos ilícitos a través de facultades que saben que no les son propias y han soslayado abiertamente disposiciones legales vigentes", indicó la diputada en la presentación judicial.
Por su lado, el presidente del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, manifestó que "no es sorpresivo" el supuesto hallazgo de pruebas sobre la existencia de "un cepo informativo" para proteger a Boudou. "Es algo que venimos denunciando sin éxito hace ya más de un año. El secretismo que caracteriza a este Gobierno se manifestó desde el principio en este caso", afirmó. (DyN)