18 Junio 2013
Que la integración y el funcionamiento del Jury de Enjuiciamiento son inconstitucionales. Que el gobernador, José Alperovich, "resignó potestades" y se sometió "a la voluntad de la señora Susana Trimarco", denunciante en la causa y madre de la víctima, María de los Ángeles Verón. Que el caso "Marita" hará las veces de ariete, para que el kirchnerismo avance con la "democratización de la Justicia". Que la mayoría de los miembros del Jurado para magistrados responde al oficialismo. Que este sistema acusatorio no prevé la queja ante un tribunal superior.
Estos y otros argumentos forman parte de los alegatos esgrimidos por el abogado Arnaldo Ramón Ahumada (defensor del juez Alberto Piedrabuena, titular de la sala II de la Cámara Penal) ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), en el expediente iniciado por el magistrado para tratar de frenar el proceso de destitución iniciado en su contra por Trimarco. De esta manera, a Piedrabuena sólo le resta aguardar la definición del alto tribunal respecto a la constitucionalidad o no del trámite, abierto luego de que -junto a los vocales Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina- absolviera a 13 acusados en el caso "Verón".
"Marita" fue secuestrada en abril de 2002. En diciembre culminó el juicio, en el que Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano decidieron absolver, por falta de pruebas, a todos los sospechosos. El fallo desató una crisis política en la provincia, y Trimarco anunció que no descansaría hasta conseguir la destitución de ese tribunal.
El proceso contra Piedrabuena fue avalado por la comisión de Juicio Político de la Legislatura, y recayó en el Jury de Enjuiciamiento, integrado por cinco parlamentarios, un representante de la CSJT, otro del PE y el restante del Colegio de Abogados. Sin embargo, el Jury no pudo comenzar debido a un planteo de Romero Lascano. Ahora, el camarista demandado también cuestiona la integración del Jurado.
El abogado Ahumada, en el alegato, apuntó que el artículo 126 de la Constitución provincial "en forma enfática prescribe la prohibición de integrar el Jury de Enjuiciamiento al gobernador y al vicegobernador, y de ese modo resultar congruente con la norma constitucional nacional". La contradicción, según el letrado, está en que la normativa permite, por otro lado, la designación de un representante del PE en el Jurado.
El planteo también señala que Alperovich manifestó su obediencia "a todo lo que pida" Trimarco. "Se inicia un camino sin retorno de ilegalidad y parcialidad", apuntó. Añadió que hay un extremo avance del PEN sobre el Judicial "bajo el ropaje de democratización de la Justicia". "La presidenta (Cristina Fernández) escogió utilizar este caso como lacerante testimonio y mensaje de la suerte prometida para aquellos jueces que no decidan someterse a la voluntad política concentrada", redactó. Y mencionó que la cercanía de Trimarco con el PEN quedó evidenciada en la última visita presidencial, cuando se ubicó en el escenario principal junto a Cristina; y en el cierre de las jornadas por la Reforma Judicial en Tucumán, hace 10 días.
Así, Ahumada solicitó que, hasta tanto se adecue la legislación local a los estándares internacionales en estas cuestiones, "se ordene la suspensión del proceso de destitución" contra su cliente.
Estos y otros argumentos forman parte de los alegatos esgrimidos por el abogado Arnaldo Ramón Ahumada (defensor del juez Alberto Piedrabuena, titular de la sala II de la Cámara Penal) ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), en el expediente iniciado por el magistrado para tratar de frenar el proceso de destitución iniciado en su contra por Trimarco. De esta manera, a Piedrabuena sólo le resta aguardar la definición del alto tribunal respecto a la constitucionalidad o no del trámite, abierto luego de que -junto a los vocales Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina- absolviera a 13 acusados en el caso "Verón".
"Marita" fue secuestrada en abril de 2002. En diciembre culminó el juicio, en el que Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano decidieron absolver, por falta de pruebas, a todos los sospechosos. El fallo desató una crisis política en la provincia, y Trimarco anunció que no descansaría hasta conseguir la destitución de ese tribunal.
El proceso contra Piedrabuena fue avalado por la comisión de Juicio Político de la Legislatura, y recayó en el Jury de Enjuiciamiento, integrado por cinco parlamentarios, un representante de la CSJT, otro del PE y el restante del Colegio de Abogados. Sin embargo, el Jury no pudo comenzar debido a un planteo de Romero Lascano. Ahora, el camarista demandado también cuestiona la integración del Jurado.
El abogado Ahumada, en el alegato, apuntó que el artículo 126 de la Constitución provincial "en forma enfática prescribe la prohibición de integrar el Jury de Enjuiciamiento al gobernador y al vicegobernador, y de ese modo resultar congruente con la norma constitucional nacional". La contradicción, según el letrado, está en que la normativa permite, por otro lado, la designación de un representante del PE en el Jurado.
El planteo también señala que Alperovich manifestó su obediencia "a todo lo que pida" Trimarco. "Se inicia un camino sin retorno de ilegalidad y parcialidad", apuntó. Añadió que hay un extremo avance del PEN sobre el Judicial "bajo el ropaje de democratización de la Justicia". "La presidenta (Cristina Fernández) escogió utilizar este caso como lacerante testimonio y mensaje de la suerte prometida para aquellos jueces que no decidan someterse a la voluntad política concentrada", redactó. Y mencionó que la cercanía de Trimarco con el PEN quedó evidenciada en la última visita presidencial, cuando se ubicó en el escenario principal junto a Cristina; y en el cierre de las jornadas por la Reforma Judicial en Tucumán, hace 10 días.
Así, Ahumada solicitó que, hasta tanto se adecue la legislación local a los estándares internacionales en estas cuestiones, "se ordene la suspensión del proceso de destitución" contra su cliente.
Lo más popular
