Por Miguel Ángel Rouco
16 Junio 2013
BUENOS AIRES.- Mientras las cuentas públicas aumentan su saldo en rojo, el Gobierno continúa acumulando pasivos que, por ahora, permanecen ocultos en la contabilidad oficial. Por ejemplo, los jubilados con aval de la Corte Suprema quieren cobrar los juicios ganados, los contratistas de obra pública sus avances de obra y muchos proveedores sus ventas al Estado, mientras que los exportadores le reclaman a la administración Kirchner unos U$S 400 millones por la falta de liquidación de reintegros y reembolsos. De este total, más de U$S 100 millones corresponden al sector que debería ser el motor de las ventas argentinas al mundo, el agroindustrial, que tiene la canilla cerrada desde hace nueve meses.
Con el sólo pretexto de no desembolsar lo debido, el Gobierno resolvió que aquellos que registren deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes a sus obligaciones impositivas, previsionales o aduanera, no podrán acceder a los beneficios de reintegros y reembolsos, hasta tanto no regularicen su situación frente al Fisco.
Todo esto implica que la demostración de la situación fiscal de cada uno puede llevar meses, ya que habrá que recurrirlas en sede judicial. En la práctica, se trata de la pérdida del beneficio. En el caso de la agroindustria, cuando quien vende al exterior solicita la prefinanciación o un anticipo de exportaciones a un banco internacional, toma en cuenta el valor FOB que incluye retenciones y también incluye el 10,5% del IVA que se debe abonar al momento de la compra del grano, tributo que luego es reintegrado. Entre el momento en que se abona el IVA (compra del grano) y su recuperación transcurren como mínimo entre 90 días (exportación de granos) y 150 días (exportación de aceites y harinas oleaginosas), con lo que se produce un costo financiero para el exportador y una pérdida económica, por cuanto el Estado devuelve el IVA en pesos, pero ese monto debe ser reintegrado a la entidad que lo prestó en la divisa en que el préstamo fue concedido. Al ser el IVA parte del monto que debe solicitarse como prefinanciación, todo aquello que perjudique la normal recuperación y reembolso a quien prestó el dinero, afecta seriamente la posibilidad de continuar recibiendo la financiación, lo que incidirá directamente en los costos de comercialización. Estos vericuetos producen un desaliento al sector exportador, que no se animará a seguir prefinanciando exportaciones y hará más difícil la colocación de productos argentinos en el mundo. Así, mediante acciones dilatorias, el fisco se termina quedando con parte de la rentabilidad empresaria y consolida una menor exposición deficitaria para las cuentas públicas, por ahora.En el tiempo, todos estos pasivos ocultos pasarán a engrosar la larga lista de "la nueva deuda generada, durante la década ganada". Una vez más, el fracaso de la gestión Kirchner termina impactando en la actividad privada. El mismo hecho quedó demostrado con la nueva tragedia ferroviaria, lugar clave donde la gestión estatal ha resultado menos que satisfactoria.
De estos temas, que son de exclusiva responsabilidad del Gobierno, no se habla en el léxico oficial porque ahora toda la atención está puesta en el cuestionado blanqueo de capitales.
Con la reglamentación del Cedin y de los Baade y los Pagarés, la administración Kirchner busca descomprimir su exangüe situación de caja y ponerle paños fríos al mercado cambiario. Un analgésico que se repite de modo pertinaz, cuando a las claras el paciente necesita cirugía.
Con el sólo pretexto de no desembolsar lo debido, el Gobierno resolvió que aquellos que registren deudas líquidas y exigibles por cualquier concepto correspondientes a sus obligaciones impositivas, previsionales o aduanera, no podrán acceder a los beneficios de reintegros y reembolsos, hasta tanto no regularicen su situación frente al Fisco.
Todo esto implica que la demostración de la situación fiscal de cada uno puede llevar meses, ya que habrá que recurrirlas en sede judicial. En la práctica, se trata de la pérdida del beneficio. En el caso de la agroindustria, cuando quien vende al exterior solicita la prefinanciación o un anticipo de exportaciones a un banco internacional, toma en cuenta el valor FOB que incluye retenciones y también incluye el 10,5% del IVA que se debe abonar al momento de la compra del grano, tributo que luego es reintegrado. Entre el momento en que se abona el IVA (compra del grano) y su recuperación transcurren como mínimo entre 90 días (exportación de granos) y 150 días (exportación de aceites y harinas oleaginosas), con lo que se produce un costo financiero para el exportador y una pérdida económica, por cuanto el Estado devuelve el IVA en pesos, pero ese monto debe ser reintegrado a la entidad que lo prestó en la divisa en que el préstamo fue concedido. Al ser el IVA parte del monto que debe solicitarse como prefinanciación, todo aquello que perjudique la normal recuperación y reembolso a quien prestó el dinero, afecta seriamente la posibilidad de continuar recibiendo la financiación, lo que incidirá directamente en los costos de comercialización. Estos vericuetos producen un desaliento al sector exportador, que no se animará a seguir prefinanciando exportaciones y hará más difícil la colocación de productos argentinos en el mundo. Así, mediante acciones dilatorias, el fisco se termina quedando con parte de la rentabilidad empresaria y consolida una menor exposición deficitaria para las cuentas públicas, por ahora.En el tiempo, todos estos pasivos ocultos pasarán a engrosar la larga lista de "la nueva deuda generada, durante la década ganada". Una vez más, el fracaso de la gestión Kirchner termina impactando en la actividad privada. El mismo hecho quedó demostrado con la nueva tragedia ferroviaria, lugar clave donde la gestión estatal ha resultado menos que satisfactoria.
De estos temas, que son de exclusiva responsabilidad del Gobierno, no se habla en el léxico oficial porque ahora toda la atención está puesta en el cuestionado blanqueo de capitales.
Con la reglamentación del Cedin y de los Baade y los Pagarés, la administración Kirchner busca descomprimir su exangüe situación de caja y ponerle paños fríos al mercado cambiario. Un analgésico que se repite de modo pertinaz, cuando a las claras el paciente necesita cirugía.
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