13 Junio 2013
La Justicia acumularía los pleitos referidos al plan piloto
Vocales de la Corte Suprema y legisladores aguardan una definición de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El tribunal aún no corrió traslado de las demandas a la Provincia. El programa debía debutar el 15 de abril en Concepción
LA JUSTICIA EN LA LEGISLATURA. Estofán (primero de la derecha) dialoga con parlamentarios oficialistas en la reunión de abril por el plan piloto. LA GACETA / FOTO DE INéS QUINTEROS ORIO (ARCHIVO)
Los tres juicios contra la Provincia por el plan piloto para la profundización del sistema acusatorio podrían ser acumulados en un proceso único que agilice el trámite y evite la jaqueca de eventuales sentencias contradictorias. Tal medida fue pedida expresamente por los defensores María Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete (expediente 147/13) respecto del juicio que este 9 de abril inició Nicolás Pedro Brito, abogado y asesor del legislador oficialista José Teri, y pionero en demandar la declaración de inconstitucionalidad del proyecto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (expediente 126/13).
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo evalúa aquella petición así como incluir -de oficio- en la acumulación al litigio impulsado por el letrado Eduardo Alberto Monteros (expediente 149/13), tercer amparo relativo al plan piloto aprobado mediante acordadas del alto tribunal. En todos los casos, los demandantes objetan la introducción de cambios al Código Procesal Penal de Tucumán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial sin haber dado intervención a la Legislatura. La Corte (o al menos la mayoría integrada por los vocales Antonio Estofán -presidente-, Antonio Gandur y Daniel Posse) pretendió en este caso usar las potestades reglamentarias previstas en las normas mencionadas para poner en práctica un modelo que, evaluación mediante, arrojase información relevante a los efectos de una futura enmienda legal.
Suspensión en la víspera
El plan piloto que se propone poner "patas para arriba" la investigación penal preparatoria debía debutar el lunes 15 de abril en el centro judicial Concepción (a continuación estaba prevista su implementación en los Tribunales de Monteros). Para ello, la Corte había contratado los servicios del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que, además de formular el proyecto, se ocupó de capacitar al staff judicial. Pero en la víspera de la puesta en marcha, el alto tribunal suspendió indefinidamente el plan (antes ya lo había postergado durante una semana). Para esa época, Brito ya había presentado la acción de amparo y el bloque oficialista de la Legislatura comenzaba a expresar su descontento con el modus operandi de la Corte.
El 25 de abril, por fin, Estofán y Gandur visitaron la Legislatura para reunirse -a puertas cerradas- con los parlamentarios críticos del proyecto. En esa ocasión convinieron esperar a que la Sala III se pronunciara. En paralelo, el presidente de la Corte empezó a mover los hilos para formar una comisión interpoderes encargada de discutir la reforma procesal penal. En el ínterin, el Colegio de Abogados de la Capital reclamó un sitio. Lo propio hizo Alberto Lebbos, papá de Paulina, la joven asesinada cruelmente en 2006, y animador de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
La Legislatura, por su parte, enfrió el tema y, pese a las promesas al respecto, no designó todavía representantes para el comité impulsado por Estofán. Igual silencio guardó el Poder Ejecutivo, cuya Fiscalía de Estado debe defender el plan piloto en la Justicia puesto que la Corte Suprema carece de legitimación para estar en juicio.
La Sala III no corrió aún traslado de las demandas a la Provincia. Ocurre que la tramitación de los tres juicios fue ralentizada por la inhibición del camarista Sergio Gandur, hijo del vocal de la Corte del mismo apellido. De modo que en cada caso hubo que sortear un compañero de estrado para la vocal Ebe López Piossek: así, Horacio Castellanos (Sala I) salió en el juicio de Monteros; Carlos Giovanniello (Sala II), en el de Brito, y Salvador Ruiz, en el de los defensores Ballesteros y Alderete.
Pero Brito recusó con causa a Giovanniello por haber integrado la Corte que, en su momento, acordó contratar al Inecip. Ese planteo obliga al magistrado impugnado a producir un informe: si rechaza la causal, la recusación será resuelta por un tribunal ad hoc. La integración de la Sala III en el juicio de Brito resulta esencial a los efectos de la eventual acumulación puesto que, por tratarse del pleito iniciado en primer término, su tribunal es el que debe intervenir en el proceso que concentre todas las impugnaciones al plan piloto.
INTIMACIÓN
UN AMPARISTA DESAFÍA AL TITULAR DE LA CORTE
Nicolás Pedro Brito, promotor del primer amparo contra el Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio, instó a Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a "desagraviar" a la Justicia provincial. En la carta documento que a comienzos de este mes envió al titular del alto tribunal, el amparista consideró que el jurista porteño Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, había vertido conceptos degradantes para con el Poder Judicial local en una entrevista que este diario publicó en la edición del 20 de mayo pasado. "(Binder) calificó de enfermos a los Tribunales y dijo que el 80% de las causas penales terminan en la basura (...) Un foráneo no puede permitirse el lujo de proferir tamaño insulto. Tiene usted el deber inexcusable de defender a nuestras instituciones", exigió Brito a Estofán.
La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo evalúa aquella petición así como incluir -de oficio- en la acumulación al litigio impulsado por el letrado Eduardo Alberto Monteros (expediente 149/13), tercer amparo relativo al plan piloto aprobado mediante acordadas del alto tribunal. En todos los casos, los demandantes objetan la introducción de cambios al Código Procesal Penal de Tucumán y a la Ley Orgánica del Poder Judicial sin haber dado intervención a la Legislatura. La Corte (o al menos la mayoría integrada por los vocales Antonio Estofán -presidente-, Antonio Gandur y Daniel Posse) pretendió en este caso usar las potestades reglamentarias previstas en las normas mencionadas para poner en práctica un modelo que, evaluación mediante, arrojase información relevante a los efectos de una futura enmienda legal.
Suspensión en la víspera
El plan piloto que se propone poner "patas para arriba" la investigación penal preparatoria debía debutar el lunes 15 de abril en el centro judicial Concepción (a continuación estaba prevista su implementación en los Tribunales de Monteros). Para ello, la Corte había contratado los servicios del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que, además de formular el proyecto, se ocupó de capacitar al staff judicial. Pero en la víspera de la puesta en marcha, el alto tribunal suspendió indefinidamente el plan (antes ya lo había postergado durante una semana). Para esa época, Brito ya había presentado la acción de amparo y el bloque oficialista de la Legislatura comenzaba a expresar su descontento con el modus operandi de la Corte.
El 25 de abril, por fin, Estofán y Gandur visitaron la Legislatura para reunirse -a puertas cerradas- con los parlamentarios críticos del proyecto. En esa ocasión convinieron esperar a que la Sala III se pronunciara. En paralelo, el presidente de la Corte empezó a mover los hilos para formar una comisión interpoderes encargada de discutir la reforma procesal penal. En el ínterin, el Colegio de Abogados de la Capital reclamó un sitio. Lo propio hizo Alberto Lebbos, papá de Paulina, la joven asesinada cruelmente en 2006, y animador de la Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad.
La Legislatura, por su parte, enfrió el tema y, pese a las promesas al respecto, no designó todavía representantes para el comité impulsado por Estofán. Igual silencio guardó el Poder Ejecutivo, cuya Fiscalía de Estado debe defender el plan piloto en la Justicia puesto que la Corte Suprema carece de legitimación para estar en juicio.
La Sala III no corrió aún traslado de las demandas a la Provincia. Ocurre que la tramitación de los tres juicios fue ralentizada por la inhibición del camarista Sergio Gandur, hijo del vocal de la Corte del mismo apellido. De modo que en cada caso hubo que sortear un compañero de estrado para la vocal Ebe López Piossek: así, Horacio Castellanos (Sala I) salió en el juicio de Monteros; Carlos Giovanniello (Sala II), en el de Brito, y Salvador Ruiz, en el de los defensores Ballesteros y Alderete.
Pero Brito recusó con causa a Giovanniello por haber integrado la Corte que, en su momento, acordó contratar al Inecip. Ese planteo obliga al magistrado impugnado a producir un informe: si rechaza la causal, la recusación será resuelta por un tribunal ad hoc. La integración de la Sala III en el juicio de Brito resulta esencial a los efectos de la eventual acumulación puesto que, por tratarse del pleito iniciado en primer término, su tribunal es el que debe intervenir en el proceso que concentre todas las impugnaciones al plan piloto.
INTIMACIÓN
UN AMPARISTA DESAFÍA AL TITULAR DE LA CORTE
Nicolás Pedro Brito, promotor del primer amparo contra el Plan piloto para la profundización del sistema acusatorio, instó a Antonio Estofán, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, a "desagraviar" a la Justicia provincial. En la carta documento que a comienzos de este mes envió al titular del alto tribunal, el amparista consideró que el jurista porteño Alberto Binder, vicepresidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, había vertido conceptos degradantes para con el Poder Judicial local en una entrevista que este diario publicó en la edición del 20 de mayo pasado. "(Binder) calificó de enfermos a los Tribunales y dijo que el 80% de las causas penales terminan en la basura (...) Un foráneo no puede permitirse el lujo de proferir tamaño insulto. Tiene usted el deber inexcusable de defender a nuestras instituciones", exigió Brito a Estofán.
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