12 Junio 2013
DEFENSA. Ante la Corte Suprema nacional, Gils Carbó reivindicó su actuación. DYN (ARCHIVO)
BUENOS AIRES. - Los senadores radicales José Cano, Gerardo Morales, y Ernesto Sanz presentaron en la Cámara de Diputados un pedido de juicio político contra la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, por "presunto mal desempeño, y la eventual comisión de delito en el ejercicio de sus funciones".
Los opositores le imputan "la designación de fiscales en abierto incumplimiento de la norma vigente". También la acusan de realizar giras por las provincias como integrante de la agrupación "Justicia Legítima", que actúa a favor del plan kirchnerista conocido como "democratización" de la Justicia.
Los senadores también cuestionaron que los fiscales nombrados por Gils Carbó "fueron los que parecieron distraerse" y no imputaron a Lázaro Báez con las pruebas generadas en el programa televisivo Periodismo para Todos.
En la presentación, los senadores opositores denuncian a la Procuradora General por "vulnerar la confianza recibida al momento del tratamiento de su acuerdo en el Senado de la Nación", y la responsabilizan por "la desviación de la competencia atribuida por la ley 24.946 al Procurador General, al designar fiscales sin cumplir con las normas de la Constitución Nacional y otras leyes, en por lo menos 34 resoluciones fechadas en 2012 y 2013".
Morales, Cano y Sanz advierten que la funcionaria "afecta la composición y buen funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, con su comportamiento", y le endilgan el irrespeto a la división de poderes, avanzando competencias ajenas y desconociendo la ética de la función pública y la conducta democrática en el ejercicio de su cargo.
Superintendencia
Gils Carbó defendió su actuación, dictaminó a favor de la validez del nombramiento de los fiscales subrogantes, y respondió el requerimiento de la Corte Suprema de la Nación en una causa del fuero comercial en la que se cuestionó la intervención de la fiscal subrogante María Alejandra Cordone Roselló.
Gils Carbó agregó que, según las normas vigentes, la Procuradora General de la Nación tiene "la superintendencia general sobre el Ministerio Público Fiscal", y por ello, la posibilidad de "dictar los actos necesarios para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes y sus respectivas atribuciones y deberes".
En su defensa acotó, finalmente, que a diferencia de lo que ocurre con los jueces, "la Constitución Nacional no prevé expresamente que los fiscales deban ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores". (DYN-Télam)
Los opositores le imputan "la designación de fiscales en abierto incumplimiento de la norma vigente". También la acusan de realizar giras por las provincias como integrante de la agrupación "Justicia Legítima", que actúa a favor del plan kirchnerista conocido como "democratización" de la Justicia.
Los senadores también cuestionaron que los fiscales nombrados por Gils Carbó "fueron los que parecieron distraerse" y no imputaron a Lázaro Báez con las pruebas generadas en el programa televisivo Periodismo para Todos.
En la presentación, los senadores opositores denuncian a la Procuradora General por "vulnerar la confianza recibida al momento del tratamiento de su acuerdo en el Senado de la Nación", y la responsabilizan por "la desviación de la competencia atribuida por la ley 24.946 al Procurador General, al designar fiscales sin cumplir con las normas de la Constitución Nacional y otras leyes, en por lo menos 34 resoluciones fechadas en 2012 y 2013".
Morales, Cano y Sanz advierten que la funcionaria "afecta la composición y buen funcionamiento del Ministerio Público Fiscal, con su comportamiento", y le endilgan el irrespeto a la división de poderes, avanzando competencias ajenas y desconociendo la ética de la función pública y la conducta democrática en el ejercicio de su cargo.
Superintendencia
Gils Carbó defendió su actuación, dictaminó a favor de la validez del nombramiento de los fiscales subrogantes, y respondió el requerimiento de la Corte Suprema de la Nación en una causa del fuero comercial en la que se cuestionó la intervención de la fiscal subrogante María Alejandra Cordone Roselló.
Gils Carbó agregó que, según las normas vigentes, la Procuradora General de la Nación tiene "la superintendencia general sobre el Ministerio Público Fiscal", y por ello, la posibilidad de "dictar los actos necesarios para establecer una adecuada distribución del trabajo entre sus integrantes y sus respectivas atribuciones y deberes".
En su defensa acotó, finalmente, que a diferencia de lo que ocurre con los jueces, "la Constitución Nacional no prevé expresamente que los fiscales deban ser designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Cámara de Senadores". (DYN-Télam)
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