Por Carlos Páez de la Torre H
12 Junio 2013
CASA DE BARTOLOMÉ MITRE. La Legislatura Provincial requirió la opinión del ex presidente sobre sus atribuciones en el período de prórroga. LA GACETA / ARCHIVO
El gobierno del doctor José Antonio Olmos se extendió de 1904 a los primeros meses de 1906, y estuvo jalonado por problemas políticos. Uno de ellos versó sobre las facultades de la Legislatura en las sesiones de prórroga. Ocurrió que Olmos la había convocado concluido el período ordinario, y la Cámara de Diputados resolvió interpelar al ministro de Gobierno, en enero de 1905. El doctor Olmos sostuvo que la Legislatura carecía de facultades para interpelar en el período de prórroga.
La Cámara de Diputados afirmó que, por el contrario, tenía ese derecho, y podía ejercitarlo en cualquier tiempo y sobre cualquier tema, ya que en ninguna parte de la Constitución había estipulaciones en contrario.
Los legisladores inclusive consultaron por telegrama al general Bartolomé Mitre. Este respondió que "sin entrar a juzgar el caso en cuestión", constituía "un punto discutido en el orden nacional, que el Congreso no pueda ocuparse -en las sesiones de prórroga en que la iniciativa legislativa se halla limitada- sino de los asuntos que expresamente sean sometidos a su sanción por el Poder Ejecutivo; a menos que se trate de pedir informes sobre los mismos, a los efectos de legislar sobre ellos, siendo entendido que en todo tiempo puede pedirlos sobre lo que afecte su libertad para legislar".
La protesta de la Cámara fue elevada al gobernador el 18 de enero. Dos semanas más tarde, Olmos expedía un decreto clausurando el período legislativo, por no revestir "carácter de urgencia los asuntos que aun quedan para considerarse por las Cámaras en las sesiones de prórroga".
La Cámara de Diputados afirmó que, por el contrario, tenía ese derecho, y podía ejercitarlo en cualquier tiempo y sobre cualquier tema, ya que en ninguna parte de la Constitución había estipulaciones en contrario.
Los legisladores inclusive consultaron por telegrama al general Bartolomé Mitre. Este respondió que "sin entrar a juzgar el caso en cuestión", constituía "un punto discutido en el orden nacional, que el Congreso no pueda ocuparse -en las sesiones de prórroga en que la iniciativa legislativa se halla limitada- sino de los asuntos que expresamente sean sometidos a su sanción por el Poder Ejecutivo; a menos que se trate de pedir informes sobre los mismos, a los efectos de legislar sobre ellos, siendo entendido que en todo tiempo puede pedirlos sobre lo que afecte su libertad para legislar".
La protesta de la Cámara fue elevada al gobernador el 18 de enero. Dos semanas más tarde, Olmos expedía un decreto clausurando el período legislativo, por no revestir "carácter de urgencia los asuntos que aun quedan para considerarse por las Cámaras en las sesiones de prórroga".
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