Por Marcelo Aguaysol
12 Junio 2013
La pelea subterránea sigue siendo por la plata. Esa no tiene color político. Y si se viste de campaña, seguramente se atenderá a aquellas zonas con mayor población de votantes. El oficialismo está de campaña desde el primer minuto de este 2013. Inaugura, reinaugura y vuelve a inaugurar obras ya presupuestadas. Mientras haya recursos, el Gobierno (nacional, provincial y municipal) seguirá con la fortaleza electoral necesaria, incluso, para pasar elecciones de medio turno. Trabajo, seguridad y salud son los ejes de la campaña proselitista. La inflación no existe. Esa palabra forma parte del imaginario colectivo, más no de la realidad que aún pretende instalar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Congelamiento es un término moderno que sólo permite definir que con ella se educa a los precios, pero no se alimenta al bolsillo. El logro de la gestión ha sido atrasar las paritarias en casi dos y hasta tres meses. Antes, todo el mundo terminaba abril con una estimación sobre el aumento salarial que recibiría. Hoy no sólo se mantiene la incertidumbre temporaria acerca del crecimiento del poder adquisitivo; además, el salario es acechado por ese fantasma inflacionario que no se aleja y por aquella voracidad fiscal de pensar que el salario es Ganancia. Y que, por lo tanto, el esfuerzo de un empleado debe tributar. ¿Quién puede gozar plenamente de un aumento salarial promedio del 24%? ¿Con cuánto se queda el fisco de esa porción de reajuste en los sueldos? ¿Qué empresario se anima a generar empleos con demasiada carga fiscal? Preguntas que no encuentran respuestas, ya sea por la pelea con los gremios que antes eran amigos y ahora no quiere ceder ante sus planteos. O porque ahora se trata de acumular dinero sin mirar de dónde venga.
El Estado blanquea los dólares, pero le pone grises al peso argentino, moneda nacional. La devaluación es otra palabra prohibida en la Argentina. El Gobierno la niega, pero el mercado la convalida. Es cuestión de tiempo, dicen los economistas de distintas vertientes. Ese tiempo puede arrancar después de octubre, cuando el ruido electoral ya haya pasado y la Argentina se encamine hacia la segunda etapa del mandato de los gobernantes.
En 2011, tras el comicio, el cepo cambiario apareció como por arte de magia y los argentinos debieron dejar de atesorar dólares. Este año, después del décimo mes del año, quién sabe lo que puede suceder. Algunos mencionan el desdoblamiento cambiario, en el que los agentes económicos paguen distintos precios, según la operación que efectúen. Otros creen que se acabarán los acuerdos de precios y que, a partir de entonces, habrá otro sinceramiento en los valores de los productos de la canasta básica. Es hacer futurología, dicen los funcionarios. Es buscar la profecía autocumplida, señalan otros. Suelen ser los designios de una Argentina cíclica que está mostrando tenues señales de expansión, aunque con inflación elevada.
La realidad se vislumbra día tras día cuando se observa que un billete de $ 100 tiene menos de un tercio del poder adquisitivo que poseía hace tres o cuatro años. También en las facturas de los servicios públicos privatizados que llegan con reajustes, pese a que algunas empresas concesionarias aclaran en la misma factura que el aumento podría ser mayor si no mediara "el subsidio nacional". El bolsillo del asalariado necesita respirar. Desde hace rato que está perdiendo la carrera contra la inflación. Es importante que el Gobierno siga subsidiando a sectores sociales que verdaderamente necesitan del apoyo estatal (no los otros) para sobrevivir. Pero si la redistribución del ingreso es la bandera, ¿por qué no avanza con la suba del mínimo no imponible de Ganancias? Eso también es inclusión.
Congelamiento es un término moderno que sólo permite definir que con ella se educa a los precios, pero no se alimenta al bolsillo. El logro de la gestión ha sido atrasar las paritarias en casi dos y hasta tres meses. Antes, todo el mundo terminaba abril con una estimación sobre el aumento salarial que recibiría. Hoy no sólo se mantiene la incertidumbre temporaria acerca del crecimiento del poder adquisitivo; además, el salario es acechado por ese fantasma inflacionario que no se aleja y por aquella voracidad fiscal de pensar que el salario es Ganancia. Y que, por lo tanto, el esfuerzo de un empleado debe tributar. ¿Quién puede gozar plenamente de un aumento salarial promedio del 24%? ¿Con cuánto se queda el fisco de esa porción de reajuste en los sueldos? ¿Qué empresario se anima a generar empleos con demasiada carga fiscal? Preguntas que no encuentran respuestas, ya sea por la pelea con los gremios que antes eran amigos y ahora no quiere ceder ante sus planteos. O porque ahora se trata de acumular dinero sin mirar de dónde venga.
El Estado blanquea los dólares, pero le pone grises al peso argentino, moneda nacional. La devaluación es otra palabra prohibida en la Argentina. El Gobierno la niega, pero el mercado la convalida. Es cuestión de tiempo, dicen los economistas de distintas vertientes. Ese tiempo puede arrancar después de octubre, cuando el ruido electoral ya haya pasado y la Argentina se encamine hacia la segunda etapa del mandato de los gobernantes.
En 2011, tras el comicio, el cepo cambiario apareció como por arte de magia y los argentinos debieron dejar de atesorar dólares. Este año, después del décimo mes del año, quién sabe lo que puede suceder. Algunos mencionan el desdoblamiento cambiario, en el que los agentes económicos paguen distintos precios, según la operación que efectúen. Otros creen que se acabarán los acuerdos de precios y que, a partir de entonces, habrá otro sinceramiento en los valores de los productos de la canasta básica. Es hacer futurología, dicen los funcionarios. Es buscar la profecía autocumplida, señalan otros. Suelen ser los designios de una Argentina cíclica que está mostrando tenues señales de expansión, aunque con inflación elevada.
La realidad se vislumbra día tras día cuando se observa que un billete de $ 100 tiene menos de un tercio del poder adquisitivo que poseía hace tres o cuatro años. También en las facturas de los servicios públicos privatizados que llegan con reajustes, pese a que algunas empresas concesionarias aclaran en la misma factura que el aumento podría ser mayor si no mediara "el subsidio nacional". El bolsillo del asalariado necesita respirar. Desde hace rato que está perdiendo la carrera contra la inflación. Es importante que el Gobierno siga subsidiando a sectores sociales que verdaderamente necesitan del apoyo estatal (no los otros) para sobrevivir. Pero si la redistribución del ingreso es la bandera, ¿por qué no avanza con la suba del mínimo no imponible de Ganancias? Eso también es inclusión.
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