10 Junio 2013
OCUPADAS. Unas 15.000 personas viven sobre el viejo ramal ferroviario. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
El radicalismo insiste en que las contradictorias versiones de organismos nacionales sobre el destino de $ 8 millones para reactivar el tren a Concepción dan cuenta de un presunto ilícito que debe ser investigado por la Justicia Federal.
El senador José Cano, durante la visita que el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, realizó al Congreso el miércoles pasado, le requirió explicaciones. "Yo invitaría al jefe de Gabinete y al secretario de Transporte para que vayamos a Tucumán. Eso sí, vamos a tener que llevar unos banquitos para esperar que llegue el tren porque, de hecho, la obra no se hizo. Así, lisa y llanamente, se robaron más de $ 8 millones", ironizó el presidente de la UCR tucumana.
Abal Medina, en esa sesión, reiteró oficialmente -al igual que el año pasado- que el proyecto estaba finalizado. "El informe que tengo en mi banca, que nos entregó el jefe de Gabinete, ratifica que la obra se hizo. No sé quién lo habrá hecho firmar esto, pero me imagino que no puede estar un minuto más en la función si a usted le hacen firmar un informe, una respuesta a un senador, acreditando una obra que nunca se hizo y que está en una causa en la Justicia Federal desde fines de 2009", le advirtió Cano.
Las supuestas obras emprendidas para reactivar el tren de pasajeros entre Concepción y San Miguel de Tucumán son investigadas por el juez Claudio Bonadío. El magistrado ya citó a indagatoria al sindicalista José Pedraza, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y a los responsables de la empresa adjudicataria (Luis Carlos Zonis SA), entre otros, por el presunto delito de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad. Ocurre que existen dos informes oficiales contradictorios de áreas dependientes del Ministerio del Interior. Un documento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) consigna que las obras se terminaron en un 99,72% y que el 22 de marzo de 2007 se realizó su recepción definitiva por parte del Estado nacional. Otro, de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, afirma que no se concretaron los trabajos por la imposibilidad de reubicar a los ocupas. Este último escrito fue presentado el 19 de julio de 2012.
Las presuntas irregularidades habrían implicado la evasión de controles y supuestos pagos por adelantado a Belgrano Cargas SA. El senador Cano, paralelamente, se presentó ante los tribunales federales para reclamar celeridad en la investigación, y le entregó a Bonadío copias de dos informes contradictorios.
Las obras de recuperación del tren desde la Capital hacia Concepción fueron anunciadas por el Gobierno tucumano en mayo de 2004. La Secretaría de Transporte le asignó $ 8 millones a la empresa Belgrano Cargas para reparar 73 kilómetros de vías por donde debía circular el servicio. Un mes después se comenzó a trabajar en el primer tramo del trayecto, pero la obra se detuvo porque la firma Luis Carlos Zonis SA afirmó que nunca recibió el dinero presupuestado.
El senador José Cano, durante la visita que el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, realizó al Congreso el miércoles pasado, le requirió explicaciones. "Yo invitaría al jefe de Gabinete y al secretario de Transporte para que vayamos a Tucumán. Eso sí, vamos a tener que llevar unos banquitos para esperar que llegue el tren porque, de hecho, la obra no se hizo. Así, lisa y llanamente, se robaron más de $ 8 millones", ironizó el presidente de la UCR tucumana.
Abal Medina, en esa sesión, reiteró oficialmente -al igual que el año pasado- que el proyecto estaba finalizado. "El informe que tengo en mi banca, que nos entregó el jefe de Gabinete, ratifica que la obra se hizo. No sé quién lo habrá hecho firmar esto, pero me imagino que no puede estar un minuto más en la función si a usted le hacen firmar un informe, una respuesta a un senador, acreditando una obra que nunca se hizo y que está en una causa en la Justicia Federal desde fines de 2009", le advirtió Cano.
Las supuestas obras emprendidas para reactivar el tren de pasajeros entre Concepción y San Miguel de Tucumán son investigadas por el juez Claudio Bonadío. El magistrado ya citó a indagatoria al sindicalista José Pedraza, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime y a los responsables de la empresa adjudicataria (Luis Carlos Zonis SA), entre otros, por el presunto delito de defraudación a la administración pública y abuso de autoridad. Ocurre que existen dos informes oficiales contradictorios de áreas dependientes del Ministerio del Interior. Un documento de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) consigna que las obras se terminaron en un 99,72% y que el 22 de marzo de 2007 se realizó su recepción definitiva por parte del Estado nacional. Otro, de la Subsecretaría de Transporte Ferroviario, afirma que no se concretaron los trabajos por la imposibilidad de reubicar a los ocupas. Este último escrito fue presentado el 19 de julio de 2012.
Las presuntas irregularidades habrían implicado la evasión de controles y supuestos pagos por adelantado a Belgrano Cargas SA. El senador Cano, paralelamente, se presentó ante los tribunales federales para reclamar celeridad en la investigación, y le entregó a Bonadío copias de dos informes contradictorios.
Las obras de recuperación del tren desde la Capital hacia Concepción fueron anunciadas por el Gobierno tucumano en mayo de 2004. La Secretaría de Transporte le asignó $ 8 millones a la empresa Belgrano Cargas para reparar 73 kilómetros de vías por donde debía circular el servicio. Un mes después se comenzó a trabajar en el primer tramo del trayecto, pero la obra se detuvo porque la firma Luis Carlos Zonis SA afirmó que nunca recibió el dinero presupuestado.
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