05 Junio 2013
El fiscal Brito solicitó al juez Bejas que se declare incompetente en la "causa Manzur"
El magistrado federal ya corrió vista de esa presentación a la defensa del ministro de Salud de la Nación y vicegobernador con licencia. Está también pendiente la resolución de un pedido de sobreseimiento. El patrimonio del funcionario investigado creció al menos 22 veces en los últimos nueve años.
EN BUENOS AIRES. Si el juez Bejas acepta el pedido, Manzur podría ser investigado en la Justicia Federal porteña. TELAM
Enviar o no la causa a la Justicia Federal con asiento en la capital del país. O sobreseer o no a Juan Luis Manzur, ministro de Salud de la Nación y vicegobernador de Tucumán (con licencia desde julio de 2009). Estas alternativas resumen el estado de la pesquisa por supuesto enriquecimiento ilícito iniciada en 2010 en el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del magistrado Daniel Bejas.
Primero, lo último. A finales de abril, el fiscal federal Carlos Brito requirió al juez que declare la incompetencia territorial y remita el expediente a Buenos Aires. "Corrí vista de esa presentación al defensor (José Agustín Ferrari) y, luego, resolveré", informó Bejas el jueves de la semana pasada en una rueda de prensa improvisada en el hotel Hilton Garden Inn, antes de la apertura de las IX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Argentina.
Brito expresó que Bejas no podía seguir interviniendo en este caso porque el presunto delito habría sido cometido en el lugar de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales (ddjj): la Oficina Anticorrupción sita en Buenos Aires. El fiscal también dijo, según fuentes judiciales, que la pesquisa debía continuar en la ciudad donde está la sede del Ministerio de Salud de la Nación.
El planteo de la incompetencia territorial prosperó en el pasado respecto de casos que involucran a funcionarios del Estado nacional o que se desempeñan en la capital. Aquello ocurrió, por ejemplo, en relación con la denuncia que el abogado tucumano y peronista disidente Oscar López formuló contra Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 5, por usar una sortija presuntamente valuada en U$S 250.000 -aproximadamente $ 1.250.000, por el tipo de cambio vigente en enero del año pasado-. Casualmente López fue también el autor de la denuncia contra Manzur, uno de los miembros más acaudalados del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este tipo de expedientes, el juez resolvió el planteo de incompetencia territorial sin escuchar al imputado.
La causa "Manzur" ya pasó por una discusión sobre la competencia: ese debate se dio al comienzo mismo de la investigación por impulso del defensor Ferrari, que sostenía que debían intervenir los Tribunales provinciales (entre otros argumentos, citó la condición de vicegobernador de Tucumán de su defendido). Pero, finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó que Bejas era competente para entender en esta pesquisa que se limitó a analizar la evolución del patrimonio de Manzur desde mediados de 2009, cuando asumió en el Poder Ejecutivo de la Nación, en adelante. La investigación del período anterior corresponde a la Justicia Penal de Tucumán y, en principio, no hay ninguna causa abierta respecto de este asunto.
Palabra de perito
Antes de la última feria judicial, Ferrari pidió a Bejas que sobresea a Manzur (el sobreseimiento, que tiene efectos análogos a los de la sentencia absolutoria, hace cesar la instrucción y, por extensión, deja sin curso ulterior el proceso, según el Diccionario de la Real Academia Española). Esta solicitud sobrevino luego de que Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyese que estaba justificado el incremento del patrimonio en el período 2009-2010 del compañero de fórmula del gobernador José Alperovich.
"Las pruebas incorporadas a la causa (declaraciones juradas como, asimismo, los estudios contables) han demostrado de modo contundente la inexistencia de ilícito penal", había expresado el letrado Ferrari en el resumen de la presentación que en diciembre pasado envió a este diario por correo electrónico. El defensor había manifestado que el delito en cuestión (artículo 268 -2- del Código Penal) se configuraba sólo si se producía un enriquecimiento patrimonial desproporcionado y apreciable que no pudiese ser debidamente justificado. "Las causas (del aumento) han sido debidamente acreditadas y verificadas por el perito de Corte", había dicho Ferrari.
El letrado también había subrayado que el ministro de 44 años se había presentado de manera espontánea en el Juzgado Federal N° 1; que había entregado sus ddjj y que había estado a disposición de los Tribunales desde el primer día de la investigación. "Manzur nunca negó el aumento patrimonial. En cambio, siempre afirmó -como luego fue constatado por el perito de Corte- que este gozaba de toda licitud y podía ser justificado", había añadido. Después de este pedido, Brito solicitó a Bejas (y obtuvo) la suspensión de los plazos procesales hasta tanto recibiese los informes vinculados a las ampliaciones de denuncia que formuló López (el fiscal no dictaminó sobre si corresponde sobreseer a Manzur; en su lugar, planteó la incompetencia territorial).
La publicidad de las ddjj que el médico tucumano confeccionó (en cumplimiento de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública) revelaron que este había declarado bienes por $ 4,6 millones al momento de incorporarse al equipo de Fernández de Kirchner. Al final de ese año, el patrimonio aumentó $ 300.000 (llegó a los $ 4,9 millones). En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones, según la ddjj correspondiente a ese período, que no fue considerado por el perito Roccatagliata y sólo puede ser añadido a la pesquisa por decisión de Bejas.
El patrimonio del funcionario investigado creció al menos 22 veces en los últimos nueve años. Este habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000 en 2003. Aquel dato estaría consignado en la primera ddjj que Manzur elaboró durante su actuación pública en el nivel local; ese documento goza de carácter secreto en virtud de la Ley provincial N° 3.981, de 1973. Dicha norma dispone que la declaración puede ser abierta en virtud de la investigación de un supuesto de enriquecimiento ilícito y por requerimiento judicial.
Primero, lo último. A finales de abril, el fiscal federal Carlos Brito requirió al juez que declare la incompetencia territorial y remita el expediente a Buenos Aires. "Corrí vista de esa presentación al defensor (José Agustín Ferrari) y, luego, resolveré", informó Bejas el jueves de la semana pasada en una rueda de prensa improvisada en el hotel Hilton Garden Inn, antes de la apertura de las IX Jornadas Nacionales del Foro Federal de Consejos de la Magistratura y Jurados de Enjuiciamiento de la Argentina.
Brito expresó que Bejas no podía seguir interviniendo en este caso porque el presunto delito habría sido cometido en el lugar de presentación de las declaraciones juradas patrimoniales (ddjj): la Oficina Anticorrupción sita en Buenos Aires. El fiscal también dijo, según fuentes judiciales, que la pesquisa debía continuar en la ciudad donde está la sede del Ministerio de Salud de la Nación.
El planteo de la incompetencia territorial prosperó en el pasado respecto de casos que involucran a funcionarios del Estado nacional o que se desempeñan en la capital. Aquello ocurrió, por ejemplo, en relación con la denuncia que el abogado tucumano y peronista disidente Oscar López formuló contra Norberto Oyarbide, titular del Juzgado Criminal y Correccional Nº 5, por usar una sortija presuntamente valuada en U$S 250.000 -aproximadamente $ 1.250.000, por el tipo de cambio vigente en enero del año pasado-. Casualmente López fue también el autor de la denuncia contra Manzur, uno de los miembros más acaudalados del gabinete de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En este tipo de expedientes, el juez resolvió el planteo de incompetencia territorial sin escuchar al imputado.
La causa "Manzur" ya pasó por una discusión sobre la competencia: ese debate se dio al comienzo mismo de la investigación por impulso del defensor Ferrari, que sostenía que debían intervenir los Tribunales provinciales (entre otros argumentos, citó la condición de vicegobernador de Tucumán de su defendido). Pero, finalmente, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó que Bejas era competente para entender en esta pesquisa que se limitó a analizar la evolución del patrimonio de Manzur desde mediados de 2009, cuando asumió en el Poder Ejecutivo de la Nación, en adelante. La investigación del período anterior corresponde a la Justicia Penal de Tucumán y, en principio, no hay ninguna causa abierta respecto de este asunto.
Palabra de perito
Antes de la última feria judicial, Ferrari pidió a Bejas que sobresea a Manzur (el sobreseimiento, que tiene efectos análogos a los de la sentencia absolutoria, hace cesar la instrucción y, por extensión, deja sin curso ulterior el proceso, según el Diccionario de la Real Academia Española). Esta solicitud sobrevino luego de que Héctor Roccatagliata, perito contador de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, concluyese que estaba justificado el incremento del patrimonio en el período 2009-2010 del compañero de fórmula del gobernador José Alperovich.
"Las pruebas incorporadas a la causa (declaraciones juradas como, asimismo, los estudios contables) han demostrado de modo contundente la inexistencia de ilícito penal", había expresado el letrado Ferrari en el resumen de la presentación que en diciembre pasado envió a este diario por correo electrónico. El defensor había manifestado que el delito en cuestión (artículo 268 -2- del Código Penal) se configuraba sólo si se producía un enriquecimiento patrimonial desproporcionado y apreciable que no pudiese ser debidamente justificado. "Las causas (del aumento) han sido debidamente acreditadas y verificadas por el perito de Corte", había dicho Ferrari.
El letrado también había subrayado que el ministro de 44 años se había presentado de manera espontánea en el Juzgado Federal N° 1; que había entregado sus ddjj y que había estado a disposición de los Tribunales desde el primer día de la investigación. "Manzur nunca negó el aumento patrimonial. En cambio, siempre afirmó -como luego fue constatado por el perito de Corte- que este gozaba de toda licitud y podía ser justificado", había añadido. Después de este pedido, Brito solicitó a Bejas (y obtuvo) la suspensión de los plazos procesales hasta tanto recibiese los informes vinculados a las ampliaciones de denuncia que formuló López (el fiscal no dictaminó sobre si corresponde sobreseer a Manzur; en su lugar, planteó la incompetencia territorial).
La publicidad de las ddjj que el médico tucumano confeccionó (en cumplimiento de la Ley Nacional de Ética de la Función Pública) revelaron que este había declarado bienes por $ 4,6 millones al momento de incorporarse al equipo de Fernández de Kirchner. Al final de ese año, el patrimonio aumentó $ 300.000 (llegó a los $ 4,9 millones). En 2010, el médico dio cuenta de una fortuna de $ 5,9 millones. En 2011, el patrimonio superó los $ 8,2 millones, según la ddjj correspondiente a ese período, que no fue considerado por el perito Roccatagliata y sólo puede ser añadido a la pesquisa por decisión de Bejas.
El patrimonio del funcionario investigado creció al menos 22 veces en los últimos nueve años. Este habría declarado una fortuna próxima a los $ 370.000 en 2003. Aquel dato estaría consignado en la primera ddjj que Manzur elaboró durante su actuación pública en el nivel local; ese documento goza de carácter secreto en virtud de la Ley provincial N° 3.981, de 1973. Dicha norma dispone que la declaración puede ser abierta en virtud de la investigación de un supuesto de enriquecimiento ilícito y por requerimiento judicial.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
