Frenan elecciones en el Consejo de la Magistratura

BUENOS AIRES.- Los jueces federales Alfredo López, de Mar del Plata, y Martín Alberto Martínez, de San Nicolás, declararon inconstitucional parte de la nueva ley de medidas cautelares que establece un régimen más favorable al Estado en estos recursos judiciales. La solicitud en el juzgado de Martínez había sido efectuada por la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en tanto que en el de López intervino el Colegio de Abogados de Mar del Plata.

El juez Martínez solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que "se abstenga" de aplicar la Ley 26855, "debiendo suspender el llamado a elección" dispuesto por Decreto para llenar vacantes en el Consejo de la Magistratura, "hasta tanto se resuelva en definitiva".

La Justicia recibió múltiples amparos y recursos de inconstitucionalidad contra la reforma del Consejo de la Magistratura en el mismo día en que la ley fue publicada en el Boletín Oficial. El principal reclamo es la suspensión de la elección de consejeros en los comicios de octubre. El jueves, la jueza María Servini de Cubría rechazó un pedido de medida cautelar para suspender el sistema de elección popular de los consejeros.

Nueva instancia

Los magistrados, quienes ayer suspendieron las "elecciones populares" de miembros del Consejo de la Magistratura entendieron que la ley 26.854 de medidas cautelares contradice a la Constitución.

El juez López interpretó que la ley "restringe el dictado de medidas cautelares limitando la evaluación de las circunstancias del caso que debe formular el magistrado, alterando la división de poderes en relación a la caución, máxime, cuando el presente caso no tiene carácter patrimonial".

Según el magistrado, varios artículos de la norma "afectan gravemente el principio de tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y división de poderes vulnerando de forma palmaria los artículos 14, 17, 19 y 28 de la Constitución Nacional". Ambos jueces declararon la inconstitucionalidad de la obligación de darle traslado al Estado antes de dictar una medida cautelar.

Martínez consideró que "a través de esta normativa a todo aquel que accione cautelarmente contra el Estado o sus entes, se le impone una carga adicional, pero además de ello colocan a éste (al Estado) en una posición ventajosa sobre cualquier otro litigante particular, al tomar conocimiento anticipado de las pretensiones y fundamentos del accionante, antes que le sea notificada la demanda".

No obstante, los magistrados tuvieron distintos criterios sobre el plazo de seis meses -prorrogables por otros seis- para la vigencia de las cautelares. López opinó que es "una incongruencia pues las mismas (las medidas cautelares) tienen como finalidad asegurar que el derecho no se frustre antes del dictado de la sentencia de fondo".

Por su parte, Martínez lo consideró constitucional, ya que el límite "es razonable de acuerdo a las características del trámite de los procesos a que hace referencia, e inclusive deja la posibilidad al juzgador para establecer una prórroga al límite establecido". (DyN)

La Corte evalúa la reciente ley sobre medidas cautelares

BUENOS AIRES.- La Corte Suprema de Justicia analiza por estas horas si habilita el per saltum y se aboca al estudio de la reciente ley aprobada en el Congreso que limita las medidas cautelares contra del Estado nacional, uno de los seis proyectos que forman parte del paquete de la reforma de la justicia. Según publicó ayer el sitio ComercioyJusticia, el planteo fue interpuesto por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, quien presentó el jueves el pedido de per saltum para que la Corte intervenga en el tema de la reforma judicial. "La ley viola derechos civiles y políticos y al aplicarla el Estado éste se convertiría en violador de derechos humanos. Existe un enorme consenso dentro de la comunidad de abogados sobre la gravedad institucional de la reforma", señaló Gil Domínguez en su presentación. Aunque ésta se limita a la ley que regula las cautelares, comentó que "la gravedad institucional se aplica también a otras dos normas sancionadas: la del Consejo de la Magistratura y la creación de las cámaras de casación".

Según opositores, la medida era previsible y muy obvia

BUENOS AIRES.- El jefe del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, consideró "previsible" que la Justicia suspendiera la elección de consejeros, ante "la manifiesta y grosera inconstitucionalidad de la ley" de reforma del Consejo de la Magistratura. En tanto, el jefe del bloque de diputados del PRO, Federico Pinedo, aseguró que "es demasiado obvia" la determinación de la Justicia, porque "lo que hizo el kirchnerismo es una aberración" respecto de la reforma judicial. Por su lado, el diputado denarvaísta Gustavo Ferrari, afirmó que "esta resolución de la Justicia es valiente, porque en el contexto político actual pareciera una forma de oponerse al gobierno, pero en realidad es sólo lo que corresponde a lo que prescribe la ley". Gil Lavedra (es jurista) explicó que las resoluciones de los magistrados de Mar del Plata y de San Nicolás "son decisiones no firmes pero hasta el presente son ejecutorias", y que no sabe si el Gobierno recurrirá al per saltum, un recurso ante la Corte Suprema. (DyN)

Los Colegios de Abogados festejaron los fallos judiciales

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), que impulsó los reclamos sobre inconstitucionalidad de la ley de reforma Judicial que dieron lugar al fallo del juez federal Martín Alberto Martínez saludó ayer en su sitio en internet y por mensajes de Twitter la resolución del magistrado de San Nicolás. "FACA expresa satisfacción por los 3 fallos de la justicia federal de hoy y que resolvieron planteos de inconstitucionalidad sobre reforma ju (dicial) 2 hours ago (hace dos horas)...". "La Abogacía Argentina unida, jamás será vencida", puede leerse en otro tuit. Y se lee también que en Córdoba la Justicia "admite acción interpuesta por Colegio de abogados local". "Admiten peligro en la demora y verosimilitud derecho", añade un abogado de la Docta en la red social. Con la misma satisfacción se pronunciaron las autoridades del Colegio de Abogados de Mar del Plata, que impulsaron el reclamo al que respondió favorablemente el juez federal de Mar del Plata Alfredo López.