Por Juan Manuel Montero
01 Junio 2013
"Vamos por todo". La icónica frase que fue utilizada por la senadora Beatriz Rojkés de Alperovich desnuda las intenciones de un gobierno que, aparentemente, no sabe lo que son los límites. Esta semana, el martes para ser más concreto, los hombres y mujeres que creen que la Legislatura es el antedespacho del gobernador y no la casa de las Leyes, dieron otra muestra más de lo que es ir por todo y se cargaron nada menos que a la Constitución. Demasiadas ganancias en juego.
La vapuleada Ley de Contravenciones fue, es y será la base para que la Policía recaude y la herramienta más importante que dicen tener para prevenir delitos. Pero es inconstitucional. En un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya tiene tres años, se determinó que la norma, tal como está actualmente, no ofrece garantías constitucionales. Actualmente, con esta Ley, el que detiene, investiga y sanciona es el mismo: La Policía. El más alto Tribunal del país les dijo a los legisladores: hagan algo que esto, como está, no se puede usar. Y si alguien cree que tras esta advertencia que, repetimos, se lanzó hace tres años, llevó a los representantes del pueblo a buscar una solución superadora, no hay nada más alejado de la realidad. La respuesta, con la acción y no con la palabra, es "no nos importa lo que diga la Corte".
El martes la Legislatura recibió un proyecto para multar a quienes hagan bromas telefónicas a los teléfonos de emergencia. La iniciativa es loable. Más del 80% de las llamadas que se reciben son de personas dispuestas a molestar. Y es necesario ponerles un límite. Pero se eligió el peor camino: la Ley de Contravenciones. Raro es que el impulsor de este cambio sea Guillermo Gassenbauer, nada menos que el hijo de Jorge, el ministro de Seguridad de la provincia. Raro ya que, al ser abogado, debería saber que la norma a la que él pretende agregarle artículos es ilegal. Pero eso no parece preocuparle. Después de todo, a su padre y al ex ministro Mario López Herrera, fue la misma Policía la que les advirtió que la Ley de Contravenciones debía seguir siendo su arma favorita. Son decenas de personas a las que se detiene por semana por "portación de cara". Y los controles que se hacen sobre la caja que representa el pago de multas por las contravenciones son absolutamente laxos.
Hace un año, dos legisladores oficialistas se vieron envueltos en un escándalo cuando, por demostrar cuál de los dos era el padre de la "nueva" ley de contravenciones se insultaron a los gritos. Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad, y Marcelo Caponio, que integra la misma, presentaron proyectos distintos. La guerra entre ambos creció hasta límites insospechados, hasta que desde Casa de Gobierno se les bajó el pulgar a las dos iniciativas. Evidentemente no quieren dejar de usar algo que es ilegal. ¿Les da resultado? No, de ninguna manera. O los índices delictivos habrían descendido. Pero nada de eso sucede. Los asaltos se suceden en forma geométrica y evidentemente nadie se salva. Ayer le tocó nada menos que al ministro de Economía, Jorge Jiménez, cuya familia sufrió un violento atraco en Yerba Buena. Ya lo dijo el mismo Alperovich: "Sé que la seguridad es un tema pendiente en nuestro gobierno", y sin embargo no parece estar haciendo lo suficiente como para combatir a los delincuentes. Para peor, los escándalos protagonizados por policías son cada vez mayores y ya no pueden ni controlar que hubiera una "casa de citas" dentro mismo de la Brigada, tal como está investigando la Justicia. Mientras tanto, si no pueden con los ladrones, no sería malo que al menos se respeten las leyes. Esa también es una buena forma de combatir la inseguridad.
La vapuleada Ley de Contravenciones fue, es y será la base para que la Policía recaude y la herramienta más importante que dicen tener para prevenir delitos. Pero es inconstitucional. En un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ya tiene tres años, se determinó que la norma, tal como está actualmente, no ofrece garantías constitucionales. Actualmente, con esta Ley, el que detiene, investiga y sanciona es el mismo: La Policía. El más alto Tribunal del país les dijo a los legisladores: hagan algo que esto, como está, no se puede usar. Y si alguien cree que tras esta advertencia que, repetimos, se lanzó hace tres años, llevó a los representantes del pueblo a buscar una solución superadora, no hay nada más alejado de la realidad. La respuesta, con la acción y no con la palabra, es "no nos importa lo que diga la Corte".
El martes la Legislatura recibió un proyecto para multar a quienes hagan bromas telefónicas a los teléfonos de emergencia. La iniciativa es loable. Más del 80% de las llamadas que se reciben son de personas dispuestas a molestar. Y es necesario ponerles un límite. Pero se eligió el peor camino: la Ley de Contravenciones. Raro es que el impulsor de este cambio sea Guillermo Gassenbauer, nada menos que el hijo de Jorge, el ministro de Seguridad de la provincia. Raro ya que, al ser abogado, debería saber que la norma a la que él pretende agregarle artículos es ilegal. Pero eso no parece preocuparle. Después de todo, a su padre y al ex ministro Mario López Herrera, fue la misma Policía la que les advirtió que la Ley de Contravenciones debía seguir siendo su arma favorita. Son decenas de personas a las que se detiene por semana por "portación de cara". Y los controles que se hacen sobre la caja que representa el pago de multas por las contravenciones son absolutamente laxos.
Hace un año, dos legisladores oficialistas se vieron envueltos en un escándalo cuando, por demostrar cuál de los dos era el padre de la "nueva" ley de contravenciones se insultaron a los gritos. Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad, y Marcelo Caponio, que integra la misma, presentaron proyectos distintos. La guerra entre ambos creció hasta límites insospechados, hasta que desde Casa de Gobierno se les bajó el pulgar a las dos iniciativas. Evidentemente no quieren dejar de usar algo que es ilegal. ¿Les da resultado? No, de ninguna manera. O los índices delictivos habrían descendido. Pero nada de eso sucede. Los asaltos se suceden en forma geométrica y evidentemente nadie se salva. Ayer le tocó nada menos que al ministro de Economía, Jorge Jiménez, cuya familia sufrió un violento atraco en Yerba Buena. Ya lo dijo el mismo Alperovich: "Sé que la seguridad es un tema pendiente en nuestro gobierno", y sin embargo no parece estar haciendo lo suficiente como para combatir a los delincuentes. Para peor, los escándalos protagonizados por policías son cada vez mayores y ya no pueden ni controlar que hubiera una "casa de citas" dentro mismo de la Brigada, tal como está investigando la Justicia. Mientras tanto, si no pueden con los ladrones, no sería malo que al menos se respeten las leyes. Esa también es una buena forma de combatir la inseguridad.
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