26 Mayo 2013
La falta de detalles no dejó satisfechos a los auditores del Tribunal de Cuentas (TC). Por eso, los responsables del control fiscal frenaron la contratación del servicio de emergencias médicas para casi 270.000 beneficiarios del seguro escolar, vínculo que pretendía sellar por los próximos dos años el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (Ipsst) con la empresa Soremer SA.
En el acuerdo Nº 940/2013, el TC objetó los datos aportados tras el proceso licitatorio, que prácticamente iba a triplicar el gasto mensual de la prestación, según la resolución oficial, llevándolo de unos $ 220.000 a casi $ 600.000 mensuales. Además, les requirió a las autoridades del Ipsst que brinden "un informe detallado y preciso, a través del pertinente análisis económico financiero de los costos de la contratación a efectuar, como la razonabilidad del importe fijado como Presupuesto Oficial (PO)".
Las autoridades del ente de control, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) se expidieron respecto de la resolución dictada el 14 de marzo del Ipsst, que autorizaba a la oficina de Compras y Contrataciones a efectuar un llamado a licitación para contratar el servicio de emergencias médicas para beneficiarios del seguro escolar.
En los considerando, el ente de control recordó que ya se habían solicitado más precisiones con respecto al convenio, que tiene una duración prevista de dos años. De hecho, los auditores del TC analizaron el expediente en al menos tres ocasiones. El acuerdo Nº 940, que data del 29 de abril, fue el último publicado en el sitio web oficial del organismo de contralor (www.tribunaldecuentas.gov.ar).
"Cumplo en informar que el presupuesto oficial (PO) en todo proceso licitatorio se forma con valores de mercado. A tal fin, la mecánica establecida consiste en solicitar la cotización de los productos y/o servicios requeridos a las firmas que operan en el medio y se determina como PO el promedio de los valores obtenidos", respondieron desde el Ipsst, al acompañar la documentación.
En el expediente, los auditores hicieron constar que se requirieron cotizaciones "a proveedores del medio, cotizando únicamente la firma Soremer S.A. a un valor de $2,20 por alumno, por lo que no se efectúa promedio alguno a los fines de la ponderación del presupuesto oficial". Y se agrega que "lo informado por el Ipsst no cumplimenta con lo requerido mediante" acuerdos anteriores.
Luego, la delegación fiscal destacada en esa repartición recordó la resolución Nº 6.829, del 29 de agosto de 2012, "por la que se actualiza el valor arancelario de la Emergencia Médica para beneficiarios del Seguro Escolar, por lo que la nueva cápita asciende a $0,81 pesos, para una cantidad de 269.555 asegurados". "Por tal motivo, el nuevo valor que se abona a Soremer SA asciende a la suma de $ 218.339,55", informaron desde la oficina fiscal.
Ante esto, el Tribunal de Cuentas decidió requerir nuevamente al Instituto de Previsión y Seguridad Social que brinde más detalles, mediante un estudio técnico, "de la razonabilidad del importe fijado como presupuesto oficial de $ 593.021,00 mensuales o $2,20 por alumno, con un plazo de duración contractual de dos años".
LA GACETA intentó comunicarse el viernes y ayer con la titular de la repartición, Nelly Ganim, pero la funcionaria no contestó los llamados ni un mensaje de texto.
En el acuerdo Nº 940/2013, el TC objetó los datos aportados tras el proceso licitatorio, que prácticamente iba a triplicar el gasto mensual de la prestación, según la resolución oficial, llevándolo de unos $ 220.000 a casi $ 600.000 mensuales. Además, les requirió a las autoridades del Ipsst que brinden "un informe detallado y preciso, a través del pertinente análisis económico financiero de los costos de la contratación a efectuar, como la razonabilidad del importe fijado como Presupuesto Oficial (PO)".
Las autoridades del ente de control, Miguel Chaibén Terraf (presidente), Marcelo Vidal y Sergio Díaz Ricci (vocales) se expidieron respecto de la resolución dictada el 14 de marzo del Ipsst, que autorizaba a la oficina de Compras y Contrataciones a efectuar un llamado a licitación para contratar el servicio de emergencias médicas para beneficiarios del seguro escolar.
En los considerando, el ente de control recordó que ya se habían solicitado más precisiones con respecto al convenio, que tiene una duración prevista de dos años. De hecho, los auditores del TC analizaron el expediente en al menos tres ocasiones. El acuerdo Nº 940, que data del 29 de abril, fue el último publicado en el sitio web oficial del organismo de contralor (www.tribunaldecuentas.gov.ar).
"Cumplo en informar que el presupuesto oficial (PO) en todo proceso licitatorio se forma con valores de mercado. A tal fin, la mecánica establecida consiste en solicitar la cotización de los productos y/o servicios requeridos a las firmas que operan en el medio y se determina como PO el promedio de los valores obtenidos", respondieron desde el Ipsst, al acompañar la documentación.
En el expediente, los auditores hicieron constar que se requirieron cotizaciones "a proveedores del medio, cotizando únicamente la firma Soremer S.A. a un valor de $2,20 por alumno, por lo que no se efectúa promedio alguno a los fines de la ponderación del presupuesto oficial". Y se agrega que "lo informado por el Ipsst no cumplimenta con lo requerido mediante" acuerdos anteriores.
Luego, la delegación fiscal destacada en esa repartición recordó la resolución Nº 6.829, del 29 de agosto de 2012, "por la que se actualiza el valor arancelario de la Emergencia Médica para beneficiarios del Seguro Escolar, por lo que la nueva cápita asciende a $0,81 pesos, para una cantidad de 269.555 asegurados". "Por tal motivo, el nuevo valor que se abona a Soremer SA asciende a la suma de $ 218.339,55", informaron desde la oficina fiscal.
Ante esto, el Tribunal de Cuentas decidió requerir nuevamente al Instituto de Previsión y Seguridad Social que brinde más detalles, mediante un estudio técnico, "de la razonabilidad del importe fijado como presupuesto oficial de $ 593.021,00 mensuales o $2,20 por alumno, con un plazo de duración contractual de dos años".
LA GACETA intentó comunicarse el viernes y ayer con la titular de la repartición, Nelly Ganim, pero la funcionaria no contestó los llamados ni un mensaje de texto.
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