Las claves del caso

- El inicio del escándalo.- El conflicto entre la empresa Basualdo SA y la Municipalidad de San Miguel de Tucumán comenzó en septiembre de 2011, por una deuda tributaria de más de $1,3 millón. La firma mayorista, para justificar el pago de esas tasas municipales, presentó recibos; sin embargo, estos serían truchos, según una investigación interna. Además, según la pesquisa, para cobrar los cheques de Basualdo SA se habrían fraguado las firmas de dos funcionarios y la de una escribana. El expediente municipal indica que los documentos fueron cedidos a terceros (entre ellos, el lavandero Víctor Saad).

- "Empleados infieles".- Luego de que trascendiera que Navarro Dávila investigaba la existencia de una presunta "municipalidad paralela", el secretario de Gobierno de la capital, Marcos Díaz, recordó que fue el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM), a cargo del intendente, Domingo Amaya, quien formuló la denuncia. "Lo que pasó en la Dipsa son situaciones aisladas de empleados infieles. Fue un problema entre una empresa y los empleados", advirtió Díaz en una entrevista con este diario, a principios de mes. Tras esto, fue citado por el fiscal para que brindara declaración testimonial sobre sus dichos.

- La denuncia del fiscal.- Navarro Dávila ventiló más tarde que los presuntos implicados en el caso son "Ariel García Isidro, un particular, y los inspectores de la Dipsa, Luis López y Gabriel Gerez". Aclaró sin embargo que estos no serán los únicos investigados. Por esos días, el fiscal municipal amayista Hernán Colombres le envió una carta documento a su casa para preguntarle si su nombre aparecía en la lista de sospechosos. Navarro Dávila lo denunció en la Fiscalía de Instrucción en lo Penal de la VIII Nominación, pues se sintió amenazado. "Me mandaron un mensaje", interpretó el funcionario judicial.

- Réplica de la gestión oficialista.- Los tensos cruces entre Navarro Dávila y el amayismo se fueron repitiendo desde que estalló el escándalo. El jueves pasado, en la sesión del Concejo Deliberante de la capital, los ediles del PJ (amayistas y alperovichistas) se unieron para cuestionar al funcionario judicial. "El municipio le aportó todo (la documentación)", aseguró José Franco. Ramón Oscar Cano, en tanto, manifestó que cuando Ramón "Palito" Ortega gobernaba la provincia, Navarro Dávila era secretario de Seguridad Ciudadana y lo mandó a detener por haber protestado en la plaza Independencia.