23 Mayo 2013
La legisladora radical Silvia Elías de Pérez, quien presentó el año pasado una denuncia penal en contra del ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Brito, le solicitó ayer al ministro fiscal de la Corte Suprema de Justicia, Luis De Mitri, que aparte de la causa a Adriana Reinoso Cuello, titular de la Fiscalía de Instrucción de la VI Nominación.
Según la opositora, la pesquisa que lleva adelante la funcionaria judicial se encuentra sin actividad procesal desde hace 10 meses.
"Dicha causa, que goza de muchos elementos probatorios, no tiene actividad procesal significante. Tenga en cuenta señor ministro que ya pasaron 10 meses desde la deducción de la denuncia y no se tomó ningún tipo de medidas relevantes a los fines de asegurar la investigación penal preparatoria. En la denuncia se solicitaron allanamientos, pedidos de informes y llamado a prestar declaración como imputado, y no se hizo nada hasta el momento", planteó Elías de Pérez en el escrito presentado ayer en los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400.
"Por todo esto, peticionamos al señor ministro Fiscal de Corte que ordene el apartamiento de la señora fiscal de Instrucción de la VI Nominación, del conocimiento de la causa de referencia, a los fines de garantizar la probidad necesaria en un caso con tamaña magnitud y demostrar a toda la sociedad de Tucumán, que todavía se puede confiar en la Justicia ", le solicitó a De Mitri.
En la presentación, la legisladora detalló una parte del material probatorio que -según adujo- fue lo suficientemente relevante como para que Reinoso Cuello haya arbitrado medidas judiciales en relación al expediente.
"La repartición dirigida por Brito sobrefacturó obras, se entregaron trabajos y se compraron insumos a empresas que tienen relación directa con el ex titular, y para evitar las licitaciones públicas fraccionaron los trabajos y facturaron montos inferiores a $ 150.000. Además, en dos años la DAU adjudicó $ 40 millones sin control, de los cuales el 51% fue adjudicado solamente a 10 empresas, de las cuales el 100% presentan irregularidades en su conformación, en su domicilios y en su facturación", remarcó la parlamentaria.
En el escrito, Elías de Pérez recordó los casos que fueron publicados por LA GACETA el año pasado, como por ejemplo, una empresa en cuya sede funciona una iglesia evangélica. "La empresa DC Construcciones está a nombre de un señor que vende choripanes en las ferias y su domicilio es una iglesia. Sus facturas son apócrifas y según un informe de ingresos brutos está dado de baja desde el 2010. Facturó en dos años, más de $ 2,5 millones. Además, Brito benefició a empresas de familiares", insistió la opositora. Luego, agregó: "la empresa 'Construcciones y Servicios' recibió $ 130.000 pero no se encuentra en el domicilio que declaró. También hay empresas contratistas de la DAU que pagaron publicidad política en Canal 10 para la candidatura de Brito".
Según la opositora, la pesquisa que lleva adelante la funcionaria judicial se encuentra sin actividad procesal desde hace 10 meses.
"Dicha causa, que goza de muchos elementos probatorios, no tiene actividad procesal significante. Tenga en cuenta señor ministro que ya pasaron 10 meses desde la deducción de la denuncia y no se tomó ningún tipo de medidas relevantes a los fines de asegurar la investigación penal preparatoria. En la denuncia se solicitaron allanamientos, pedidos de informes y llamado a prestar declaración como imputado, y no se hizo nada hasta el momento", planteó Elías de Pérez en el escrito presentado ayer en los tribunales penales de avenida Sarmiento al 400.
"Por todo esto, peticionamos al señor ministro Fiscal de Corte que ordene el apartamiento de la señora fiscal de Instrucción de la VI Nominación, del conocimiento de la causa de referencia, a los fines de garantizar la probidad necesaria en un caso con tamaña magnitud y demostrar a toda la sociedad de Tucumán, que todavía se puede confiar en la Justicia ", le solicitó a De Mitri.
En la presentación, la legisladora detalló una parte del material probatorio que -según adujo- fue lo suficientemente relevante como para que Reinoso Cuello haya arbitrado medidas judiciales en relación al expediente.
"La repartición dirigida por Brito sobrefacturó obras, se entregaron trabajos y se compraron insumos a empresas que tienen relación directa con el ex titular, y para evitar las licitaciones públicas fraccionaron los trabajos y facturaron montos inferiores a $ 150.000. Además, en dos años la DAU adjudicó $ 40 millones sin control, de los cuales el 51% fue adjudicado solamente a 10 empresas, de las cuales el 100% presentan irregularidades en su conformación, en su domicilios y en su facturación", remarcó la parlamentaria.
En el escrito, Elías de Pérez recordó los casos que fueron publicados por LA GACETA el año pasado, como por ejemplo, una empresa en cuya sede funciona una iglesia evangélica. "La empresa DC Construcciones está a nombre de un señor que vende choripanes en las ferias y su domicilio es una iglesia. Sus facturas son apócrifas y según un informe de ingresos brutos está dado de baja desde el 2010. Facturó en dos años, más de $ 2,5 millones. Además, Brito benefició a empresas de familiares", insistió la opositora. Luego, agregó: "la empresa 'Construcciones y Servicios' recibió $ 130.000 pero no se encuentra en el domicilio que declaró. También hay empresas contratistas de la DAU que pagaron publicidad política en Canal 10 para la candidatura de Brito".
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