18 Mayo 2013
PLAN. Páez (de gris) junto a Héctor Ávila y Rodolfo Moisá, de Feput. LA GACETA / FOTO DE INéS QUINTEROS ORIO
El texto que entregaron las autoridades de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán (Feput) a un legislador opositor, con el fin de solicitar una ley de Ética Pública, ya tiene el sello de mesa de entradas de la Legislatura.
La iniciativa, de 14 páginas, apunta a la transparencia y a la publicidad de los datos en las oficinas de los tres poderes del Estado y en otros organismos públicos. El texto establece "un conjunto de obligaciones, deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente, transitoria o en el carácter de suplente, por elección popular o de sus pares, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, incluso por contrato, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado Provincial".
Feput, una entidad intermedia que representa a 21 colegios de profesionales de la provincia, le acercó el borrador de la iniciativa al legislador José Páez (Democracia Cristiana). El opositor lo llevó a mesa de entradas del parlamento, por lo que ya está en condiciones de ser analizado en las comisiones.
"La presentación de este proyecto responde a la gran preocupación de los profesionales de Tucumán, quienes están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas", fundamentó Páez en la iniciativa.
El opositor afirmó que la única norma provincial que rige respecto a la ética pública data de 1973, y no considera "tópicos fundamentales". A modo de ejemplo, el parlamentario enumeró que -según el planteo de Feput- es necesario "un régimen de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública"; remarcar "la imposibilidad de participación del funcionario, por sí o por medio de parientes hasta el segundo grado, en empresas que brinden al Estado servicios concesionados de obras y servicios público de cualquier índole"; y la prohibición a los funcionarios "de recibir obsequios de cualquier tipo provenientes de entidades, empresas o personas vinculadas o a vincularse con el Estado".
También se prevé un sistema que permite darles publicidad a declaraciones juradas de trabajadores del Estado de cualquier jerarquía; y se considera como deberes éticos la lealtad; la eficiencia; la responsabilidad; la imparcialidad; la apropiada manera de conducirse en público; y el conocimiento de las normas. Alberto Colombres Garmendia (PRO) y Ricardo Bussi (FR) también presentaron sendos proyectos de Ética Pública, pero aún no fueron tratados.
La iniciativa, de 14 páginas, apunta a la transparencia y a la publicidad de los datos en las oficinas de los tres poderes del Estado y en otros organismos públicos. El texto establece "un conjunto de obligaciones, deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente, transitoria o en el carácter de suplente, por elección popular o de sus pares, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, incluso por contrato, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado Provincial".
Feput, una entidad intermedia que representa a 21 colegios de profesionales de la provincia, le acercó el borrador de la iniciativa al legislador José Páez (Democracia Cristiana). El opositor lo llevó a mesa de entradas del parlamento, por lo que ya está en condiciones de ser analizado en las comisiones.
"La presentación de este proyecto responde a la gran preocupación de los profesionales de Tucumán, quienes están convencidos de que la corrupción socava la legitimidad de las instituciones públicas", fundamentó Páez en la iniciativa.
El opositor afirmó que la única norma provincial que rige respecto a la ética pública data de 1973, y no considera "tópicos fundamentales". A modo de ejemplo, el parlamentario enumeró que -según el planteo de Feput- es necesario "un régimen de incompatibilidades en el ejercicio de la función pública"; remarcar "la imposibilidad de participación del funcionario, por sí o por medio de parientes hasta el segundo grado, en empresas que brinden al Estado servicios concesionados de obras y servicios público de cualquier índole"; y la prohibición a los funcionarios "de recibir obsequios de cualquier tipo provenientes de entidades, empresas o personas vinculadas o a vincularse con el Estado".
También se prevé un sistema que permite darles publicidad a declaraciones juradas de trabajadores del Estado de cualquier jerarquía; y se considera como deberes éticos la lealtad; la eficiencia; la responsabilidad; la imparcialidad; la apropiada manera de conducirse en público; y el conocimiento de las normas. Alberto Colombres Garmendia (PRO) y Ricardo Bussi (FR) también presentaron sendos proyectos de Ética Pública, pero aún no fueron tratados.
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