El gobernador rechazó la renuncia del juez Piedrabuena

Dos de los tres jueces del caso Verón renunciaron para jubilarse, pero el gobernador, José Alperovich, les rechazó la dimisión. Ayer, el mandatario firmó el decreto mediante el que negó ese beneficio a Alberto Piedrabuena, vocal de la Sala II de la Cámara Penal. En febrero, ya había tomado esa medida con el vocal Emilio Herrera Molina.

Piedrabuena integró el tribunal que absolvió a los acusados de secuestrar y prostituir a María de los Ángeles "Marita" Verón, en diciembre pasado. Por ello, enfrenta un pedido de destitución junto a Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. A fines de diciembre, Herrera Molina había adoptado similar postura que Piedrabuena, aunque hasta aquí no logró hacer efectiva su renuncia debido al inédito rechazo del Poder Ejecutivo, concretada el 1 de febrero.

Siguiendo la línea de su par, el juez Piedrabuena dimitió el 24 de abril, con la intención de acogerse a la jubilación. Sin embargo, Alperovich ayer consideró que no podía aceptar su alejamiento de la Cámara Penal, según confirmaron fuentes del Gobierno provincial.

Ante el Jury

En el decreto, que podría ser publicado hoy en el Boletín Oficial de la Provincia, el titular del Poder Ejecutivo aduce que no puede aceptar la renuncia de Piedrabuena, ya que el juez afronta un pedido de destitución iniciado por Susana Trimarco.

Además de haber presentado su dimisión en Casa de Gobierno y en la Corte Suprema de Justicia, Piedrabuena había solicitado mediante un escrito al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, el vocal de la Corte, Daniel Posse, la urgente aplicación del artículo 15 de la Ley 8.199, que establece el inmediato archivo de las actuaciones (de juicio político) ante la existencia de la renuncia del acusado.

En ese texto, con el patrocinio del abogado Arnaldo Ahumada, el juez insistió en que el proceso de destitución iniciado en su contra constituye un linchamiento público. Luego, hizo un resumen de la actuación del tribunal que integró en el juicio oral por el caso de Marita Verón, y cuestionó el procedimiento llevado a cabo en la Legislatura tras el pedido de enjuiciamiento solicitado por Trimarco, madre de la joven secuestrada y desaparecida desde 2002. "Ofrecimos 47 pruebas, todas denegadas salvo un testimonio. Pedimos sesiones públicas y televisación; también nos denegaron el planteo", enumeró Piedrabuena respecto de la actuación de la comisión de Juicio Político, órgano que elevó la acusación ante el Jury.

Proceso suspendido

Actualmente, el proceso contra Romero Lascano y Piedrabuena está suspendido, como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia a partir de una medida cautelar favorable a un planteo del propio Romero Lascano. Herrera Molina, en tanto, había quedado fuera del Jury tras un fallo a su favor de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo.

Paralelamente, la Corte Suprema debe emitir sentencia respecto del decreto por el que el Poder Ejecutivo rechazó la jubilación de Herrera Molina. El caso fue de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo al máximo tribunal, como consecuencia del otorgamiento del recurso de casación que interpuso la Provincia.

El mismo camino seguiría el juez Piedrabuena, una vez que sea notificado de la decisión adoptada por el mandatario.