16 Mayo 2013
La Municipalidad desistió del pleito judicial cuando la empresa estafada saldó su deuda
En el escrito que presentó ante la Justicia, Amaya confirmó que la firma Basualdo SA finalmente pagó tributos por $ 1,3 millón. El fiscal Navarro Dávila cree que los inspectores municipales involucrados actuaron con protección para hacer las operatorias
"INTERÉS POLÍTICO". En el Departamento Ejecutivo municipal aducen que con las denuncias se busca desprestigiar al intendente, Domingo Amaya. LA GACETA / FOTO DE ANALIA JARAMILLO (ARCHIVO)
Independientemente de la investigación judicial por el presunto desvío de tributos, la Municipalidad capitalina cerró el pleito que había iniciado con la empresa Basualdo SA, luego de que la firma mayorista cancelara la totalidad de la deuda tributaria, que superaba el $ 1,3 millón.
El escándalo estalló en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), a mediados de octubre del año pasado, cuando Basualdo SA le vendió sus acciones a otra. Para poder realizar la operación, los inversores pidieron al municipio un certificado de libre deuda impositiva. Allí quedó en evidencia que la compañía perteneciente al empresario y actual senador por San Juan, Roberto Basualdo, le adeudaba $ 1 millón a la Dirección de Ingresos Municipales (DIM). La firma inicialmente adujo que había pagado ese dinero. Pero, en realidad, la plata habría sido percibida por terceros, en casi medio centenar de pequeñas operaciones financieras, a través cheques y dinero en efectivo.
Según la hipótesis del fiscal penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, en la capital funcionaría una supuesta red de empleados municipales destinada a cobrar tributos que no ingresan a las arcas públicas. Días atrás, el fiscal había sugerido que funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) buscaban encubrir presuntas anomalías. En el marco de una serie de medidas, allanó viviendas de dos empleados municipales involucrados, y detectó en una de ellas un lavadero industrial. Entre otras supuestas maniobras, inspectores de la Dipsa habrían recibido cheques de la empresa mayorista por la gestión en el cobro de los tributos, pero nunca los ingresaron.
Por eso, el fiscal solicitó por escrito al intendente, Domingo Amaya, algunas respuestas.
La primera duda del funcionario judicial pasa por entender por qué en mayo del año pasado, el fiscal municipal, Hernán Colombres, y el abogado de la empresa mayorista, Antonio Bustamente, decidieron suspender de mutuo acuerdo los plazos procesales en el litigio con Basualdo SA.
Este diario pudo acceder a ese cuestionario. En su respuesta, el intendente adujo que los plazos fueron suspendidos de mutuo acuerdo entre las partes, debido a un expreso pedido del letrado apoderado de la demandada, que debía viajar al exterior.
En el documento que envió al fiscal Navarro Dávila, queda claro que la Municipalidad culminó el juicio debido al "pago total y cancelatorio" efectuado por la empresa Basualdo SA. No obstante, según adujo Amaya, se inició un expediente interno para determinar cómo sucedió la operatoria presuntamente fraudulenta. En esa investigación administrativa, consta que las firmas del contador General del municipio, José Francisco Correa; del subdirector de Compras, Tristán Bernabé Filgueira, y de una escribanía de la capital (Ana María Medrano Ortiz), habrían sido falsificadas en una cesión haberes a favor de un particular.
Para justificar el pago, el empresario entregó copias de cheques -no a la orden- del Banco Francés a nombre de la Municipalidad. Pero esos valores no ingresaron a las arcas municipales, según consta en la documentación oficial del Departamento Ejecutivo. Esos cheques fueron supuestamente cobrados por un tercero (de nombre Víctor Saad) en el banco HSBC, previa cesión de haberes. De acuerdo a las posteriores actuaciones que realizó la Municipalidad, Correa, Filgueira y Medrano Ortiz aseguraron que sus respectivas firmas fueron adulteradas.
"Nichos de corrupción"
El concejal macrista, Roberto Ávila, cuestionó a la gestión del intendente Amaya, a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en la Dipsa.
"La acumulación de estos sucesos son un lamentable ejemplo que mostraría a las claras que en el sistema municipal está enquistado un nicho de corrupción, avalando las advertencias emanadas por el fiscal Navarro Dávila y sus serias sospechas. Para la puesta en marcha de este esquema de ilícitos, no solamente se necesita de la confabulación de simples agentes municipales, por de pronto ignorados en su control por las autoridades respectivas", fustigó el edil.
El escándalo estalló en la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa), a mediados de octubre del año pasado, cuando Basualdo SA le vendió sus acciones a otra. Para poder realizar la operación, los inversores pidieron al municipio un certificado de libre deuda impositiva. Allí quedó en evidencia que la compañía perteneciente al empresario y actual senador por San Juan, Roberto Basualdo, le adeudaba $ 1 millón a la Dirección de Ingresos Municipales (DIM). La firma inicialmente adujo que había pagado ese dinero. Pero, en realidad, la plata habría sido percibida por terceros, en casi medio centenar de pequeñas operaciones financieras, a través cheques y dinero en efectivo.
Según la hipótesis del fiscal penal de la V Nominación, Washington Navarro Dávila, en la capital funcionaría una supuesta red de empleados municipales destinada a cobrar tributos que no ingresan a las arcas públicas. Días atrás, el fiscal había sugerido que funcionarios del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) buscaban encubrir presuntas anomalías. En el marco de una serie de medidas, allanó viviendas de dos empleados municipales involucrados, y detectó en una de ellas un lavadero industrial. Entre otras supuestas maniobras, inspectores de la Dipsa habrían recibido cheques de la empresa mayorista por la gestión en el cobro de los tributos, pero nunca los ingresaron.
Por eso, el fiscal solicitó por escrito al intendente, Domingo Amaya, algunas respuestas.
La primera duda del funcionario judicial pasa por entender por qué en mayo del año pasado, el fiscal municipal, Hernán Colombres, y el abogado de la empresa mayorista, Antonio Bustamente, decidieron suspender de mutuo acuerdo los plazos procesales en el litigio con Basualdo SA.
Este diario pudo acceder a ese cuestionario. En su respuesta, el intendente adujo que los plazos fueron suspendidos de mutuo acuerdo entre las partes, debido a un expreso pedido del letrado apoderado de la demandada, que debía viajar al exterior.
En el documento que envió al fiscal Navarro Dávila, queda claro que la Municipalidad culminó el juicio debido al "pago total y cancelatorio" efectuado por la empresa Basualdo SA. No obstante, según adujo Amaya, se inició un expediente interno para determinar cómo sucedió la operatoria presuntamente fraudulenta. En esa investigación administrativa, consta que las firmas del contador General del municipio, José Francisco Correa; del subdirector de Compras, Tristán Bernabé Filgueira, y de una escribanía de la capital (Ana María Medrano Ortiz), habrían sido falsificadas en una cesión haberes a favor de un particular.
Para justificar el pago, el empresario entregó copias de cheques -no a la orden- del Banco Francés a nombre de la Municipalidad. Pero esos valores no ingresaron a las arcas municipales, según consta en la documentación oficial del Departamento Ejecutivo. Esos cheques fueron supuestamente cobrados por un tercero (de nombre Víctor Saad) en el banco HSBC, previa cesión de haberes. De acuerdo a las posteriores actuaciones que realizó la Municipalidad, Correa, Filgueira y Medrano Ortiz aseguraron que sus respectivas firmas fueron adulteradas.
"Nichos de corrupción"
El concejal macrista, Roberto Ávila, cuestionó a la gestión del intendente Amaya, a raíz de las presuntas irregularidades detectadas en la Dipsa.
"La acumulación de estos sucesos son un lamentable ejemplo que mostraría a las claras que en el sistema municipal está enquistado un nicho de corrupción, avalando las advertencias emanadas por el fiscal Navarro Dávila y sus serias sospechas. Para la puesta en marcha de este esquema de ilícitos, no solamente se necesita de la confabulación de simples agentes municipales, por de pronto ignorados en su control por las autoridades respectivas", fustigó el edil.
Lo más popular
