15 Mayo 2013
"Siempre dijimos que íbamos a integrar la comisión interpoderes para dialogar sobre el plan piloto (de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán) después de la próxima sesión, que se había postergado por razones ajenas a nosotros. Pero el lunes estará definido quiénes serán nuestros representantes".
La respuesta de Regino Amado, titular subrogante de la Legislatura, se refiere al planteo que formuló el lunes, por escrito, Antonio Estofán, presidente del alto tribunal. En el texto, el magistrado había recordado el compromiso de darles "tratamiento prioritario" a las charlas para reformar el Código Procesal Penal de Tucumán.
En agosto, la Corte emitió una acordada para aprobar un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el fin de plantear reformas, a modo de prueba, en los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros. La idea de los asesores, avalada por Estofán, es sustentar la instrucción penal en la oralidad, y lograr mayor celeridad en la resolución de causas.
Para diseñar la estructura del plan piloto, el alto tribunal firmó acordadas. Este mecanismo fue cuestionado ante la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por el abogado Nicolás Brito, y por los defensores oficiales Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete, en sendos planteos de amparo. Los letrados coinciden en que, para estas modificaciones, es necesaria una ley, y no alcanza con las disposiciones judiciales.
El programa iba a lanzarse en abril en Concepción, pero la Justicia lo suspendió hasta tanto se resuelva si es constitucional.
Legisladores oficialistas, como Roque Álvarez y Gerónimo Vargas Aignasse, cuestionaron durante la última sesión la iniciativa del alto tribunal, pues entendían que los magistrados se habían atribuido potestades parlamentarias. Por eso, el 26 de abril se celebró una reunión con representantes de los tres poderes para acordar un programa de trabajo conjunto. "Por ello, le solicito que instrumente las medidas necesarias para la constitución formal de la comisión", planteó Estofán a Amado, y anunció los funcionarios judiciales que representarán a la Corte Suprema.
El dirigente monterizo aseveró que aún no se ha decidido qué legisladores participarán del comité. Pero, según fuentes oficiales, es probable que los jefes de las comisiones parlamentarias relacionadas al tema sean los escogidos.
La respuesta de Regino Amado, titular subrogante de la Legislatura, se refiere al planteo que formuló el lunes, por escrito, Antonio Estofán, presidente del alto tribunal. En el texto, el magistrado había recordado el compromiso de darles "tratamiento prioritario" a las charlas para reformar el Código Procesal Penal de Tucumán.
En agosto, la Corte emitió una acordada para aprobar un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), con el fin de plantear reformas, a modo de prueba, en los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros. La idea de los asesores, avalada por Estofán, es sustentar la instrucción penal en la oralidad, y lograr mayor celeridad en la resolución de causas.
Para diseñar la estructura del plan piloto, el alto tribunal firmó acordadas. Este mecanismo fue cuestionado ante la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo por el abogado Nicolás Brito, y por los defensores oficiales Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete, en sendos planteos de amparo. Los letrados coinciden en que, para estas modificaciones, es necesaria una ley, y no alcanza con las disposiciones judiciales.
El programa iba a lanzarse en abril en Concepción, pero la Justicia lo suspendió hasta tanto se resuelva si es constitucional.
Legisladores oficialistas, como Roque Álvarez y Gerónimo Vargas Aignasse, cuestionaron durante la última sesión la iniciativa del alto tribunal, pues entendían que los magistrados se habían atribuido potestades parlamentarias. Por eso, el 26 de abril se celebró una reunión con representantes de los tres poderes para acordar un programa de trabajo conjunto. "Por ello, le solicito que instrumente las medidas necesarias para la constitución formal de la comisión", planteó Estofán a Amado, y anunció los funcionarios judiciales que representarán a la Corte Suprema.
El dirigente monterizo aseveró que aún no se ha decidido qué legisladores participarán del comité. Pero, según fuentes oficiales, es probable que los jefes de las comisiones parlamentarias relacionadas al tema sean los escogidos.
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