Estofán "apura" al parlamento por su plan piloto

Hace 19 días que el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, visitó junto al vocal del alto tribunal, Antonio Gandur, el edificio de la Legislatura. Aquella mañana, acompañados por letrados de su confianza, los magistrados les explicaron a un grupo de parlamentarios en qué consiste el plan piloto para modificar la investigación penal preparatoria en los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros. Aunque no hubo consenso respecto a si el programa puede implementarse mediante acordadas de la CSJT -como sostiene Estofán- o hace falta una ley -como aseguran los legisladores-, los partícipes del mitin se comprometieron en conformar una comisión interpoderes para discutir una reforma global del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT).

Casi tres semanas han pasado, y al ver que ese grupo de trabajo sigue sin integrarse, Estofán le envió una nota al presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, con la nómina de los funcionarios judiciales que representarán a la CSJT en esa comisión. Y, al final del texto, le recordó que durante la reunión se había coincidido en que el tema "reviste la máxima importancia y su tratamiento es prioritario". "Por ello es que le solicito que instrumente las medidas necesarias para la constitución formal de la comisión, y nos informe oportunamente", le expresó el titular del alto tribunal a Amado.

El año pasado, mediante acordadas, la CSJT contrató al Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) para que diseñara un plan piloto "para la profundización del sistema acusatorio". El programa, que significó meses de trabajo y erogaciones para el Poder Judicial, debía implementarse el mes pasado en Concepción. Pero el alto tribunal decidió suspenderlo, luego de que el abogado penalista del sur Nicolás Brito -vinculado a legisladores peronistas- planteara un amparo ante la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en el que indicaba que el proyecto impulsado por Estofán y Gandur era inconstitucional y que era necesaria una ley provincial para aplicarlo. A este reclamo se sumó otro similar de los defensores oficiales Carolina Ballesteros y Ricardo Alderete. Como si fuera poco, varios legisladores oficialistas -entre ellos Roque Álvarez, presidente del bloque oficialista- salieron a criticar el sistema escogido por la Corte.

Estofán le envió una nota ayer a Amado, en la que le recordaba lo hablado en la reunión del 25 de abril. Incluso, aseveró que los dos Colegios de Abogados de la Provincia están interesados en participar de la comisión interpoderes. "Esta petición cuenta con la conformidad de las autoridades de este Poder Judicial", indicó el magistrado.

En el parlamento tienen previsto sesionar esta semana, y el tema quizás no aparezca entre los de mayor urgencia. Sin embargo, habrá que ver cómo reaccionan ante este aparente pedido de celeridad por parte del titular de la CSJT.

Beneplácito por el interés

Estofán manifestó su "beneplácito por el interés despertado en la sociedad toda, y no sólo en el poder político, respeto a esta iniciativa de la Corte y del Ministro Fiscal (Luis di Mitri)". Y aseguró que el alto tribunal "nunca entendió que el plan piloto pergeñado por el Inecip era perfecto". "Por el contrario, justamente se promovió una prueba", aseveró. En la edición del domingo, en una entrevista con este diario, Alberto Lebbos y su esposa, la abogada Patricia González, habían planteado que las reformas debían apuntar a que exista un mayor control sobre los fiscales. "Con la implementación oportuna del sistema (procesal adversarial) terminaremos con los procesos eternos", aseveró, en tanto, Estofán.