14 Mayo 2013
"JUGADA POLÍTICA". Llorens Dip dijo que denunciará a quienes lo acusaron. LA GACETA / FOTO DE FRANCO VERA (ARCHIVO)
Una denuncia penal por estafas reiteradas y por violación de los deberes de funcionario público en contra del actual legislador alperovichista Iván Llorens Dip fue desestimada por el fiscal de la III Nominación del Centro Judicial de Concepción, Jorge Echayde.
Ocho ex empleados de comunas denunciaron que cuando Dip se desempeñaba como secretario de Coordinación de Comunas Rurales, les retenía parte de sus salarios como contraprestación por haberlos designado en esos cargos. Patrocinados por el abogado Eduardo Monteros, los ex empleados Adrián Medina, Carlos Belmonte, Mariela del Valle Bulacio, Eduardo Navarro, Alejandra Acosta, Argentino Núñez, Andrea Zárate y Gustavo Rodríguez, decidieron denunciar -la semana pasada- al actual legislador alperovichista. En la demanda, los ex trabajadores comunales afirmaron que el parlamentario alperovichista se quedaba con un porcentaje de sus salarios, que en muchos casos superaba el 50% del haber percibido.
"Además de estas sumas, debían abonarle la mitad de su aguinaldo, el cual era percibido dos veces al año. También debían pagarle $ 100 cada uno en forma mensual, para un club de fútbol. Si se oponían, estaban amenazados con que se iban a quedar sin trabajo", relata el abogado Monteros en su escrito.
"Cada trabajador era acompañado todos los meses a la sede del Banco del Tucumán de Concepción por uno de los secretarios de Llorens Dip para que este cobrara el sueldo de cada uno, con la respectiva tarjeta de débito, y volvieran por la casa (de Llorens Dip) o por la sede partidaria para dejar los importes correspondientes. El legislador les decía a los empleados que debían aportar el dinero porque sería destinado a comedores y escuelas. Así que, mediante el engaño, cada uno se llevaba a sus hogares una ínfima suma del sueldo", denunció el abogado patrocinante.
Según Monteros, Llorens Dip se aprovechó de la escasa instrucción escolar de los ex trabajadores. "El acusado disponía del sueldo de cada trabajador para su provecho personal, defraudándolos mediante ardid y engaño, aprovechándose de que la mayoría apenas cursó el nivel primario. Usó el ardid a través de maniobras para sacarles el dinero del sueldo, causándoles un gran perjuicio patrimonial", fustigó el letrado. Según consignó en la demanda, el legislador habría percibido más de $ 400.000 por -presuntamente- haberles retenido parte de los salarios a los empleados querellantes. "Se apropió del dinero y dispuso de la cosa como si fuera propia", aseguró Monteros.
También fustigó al fiscal Echayde por haber considerado que la causa debía ser archivada. "En el propio escrito de la querella se ofreció testimonios, pruebas y el fiscal llamó a declarar a los denunciantes como si fueran los victimarios. Los llamó a uno por uno y en todo momento los quería hacer pisar el palito. Parecían ellos los acusados; se invirtien los roles. Sólo faltó que les pongan una lámpara en la cara", se quejó. "Sin investigar nada terminó archivando la causa", fustigó Monteros.
El abogado había solicitado -entre otras medidas- la constitución de querellantes de la causa a las ocho personas denunciantes y el procesamiento de Llorens Dip por los presuntos delitos de estafas reiteradas en concurso real con fraude, abuso de confianza, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.
"Señal que cabalgamos"
Al ser consultado por LA GACETA, Llorens Dip minimizó la denuncia en su contra y manifestó: "Ladran Sancho, señal que cabalgamos", dijo el ex secretario de Coordinación de Comunas Rurales.
"Esta es una jugada política porque se vienen las elecciones. Yo le pregunto a usted: ¿por qué no denunciaron antes? ¿Ahora se acordaron?", agregó.
"Estas personas me difamaron y ahora ellos van a tener que responder en la Justicia. Les voy a iniciar una contrademanda porque me difamaron. Yo soy un referente del peronismo en Concepción. El fiscal mandó a archivo la causa porque la denuncia carece de sustento", se defendió el legislador del oficialismo.
Ocho ex empleados de comunas denunciaron que cuando Dip se desempeñaba como secretario de Coordinación de Comunas Rurales, les retenía parte de sus salarios como contraprestación por haberlos designado en esos cargos. Patrocinados por el abogado Eduardo Monteros, los ex empleados Adrián Medina, Carlos Belmonte, Mariela del Valle Bulacio, Eduardo Navarro, Alejandra Acosta, Argentino Núñez, Andrea Zárate y Gustavo Rodríguez, decidieron denunciar -la semana pasada- al actual legislador alperovichista. En la demanda, los ex trabajadores comunales afirmaron que el parlamentario alperovichista se quedaba con un porcentaje de sus salarios, que en muchos casos superaba el 50% del haber percibido.
"Además de estas sumas, debían abonarle la mitad de su aguinaldo, el cual era percibido dos veces al año. También debían pagarle $ 100 cada uno en forma mensual, para un club de fútbol. Si se oponían, estaban amenazados con que se iban a quedar sin trabajo", relata el abogado Monteros en su escrito.
"Cada trabajador era acompañado todos los meses a la sede del Banco del Tucumán de Concepción por uno de los secretarios de Llorens Dip para que este cobrara el sueldo de cada uno, con la respectiva tarjeta de débito, y volvieran por la casa (de Llorens Dip) o por la sede partidaria para dejar los importes correspondientes. El legislador les decía a los empleados que debían aportar el dinero porque sería destinado a comedores y escuelas. Así que, mediante el engaño, cada uno se llevaba a sus hogares una ínfima suma del sueldo", denunció el abogado patrocinante.
Según Monteros, Llorens Dip se aprovechó de la escasa instrucción escolar de los ex trabajadores. "El acusado disponía del sueldo de cada trabajador para su provecho personal, defraudándolos mediante ardid y engaño, aprovechándose de que la mayoría apenas cursó el nivel primario. Usó el ardid a través de maniobras para sacarles el dinero del sueldo, causándoles un gran perjuicio patrimonial", fustigó el letrado. Según consignó en la demanda, el legislador habría percibido más de $ 400.000 por -presuntamente- haberles retenido parte de los salarios a los empleados querellantes. "Se apropió del dinero y dispuso de la cosa como si fuera propia", aseguró Monteros.
También fustigó al fiscal Echayde por haber considerado que la causa debía ser archivada. "En el propio escrito de la querella se ofreció testimonios, pruebas y el fiscal llamó a declarar a los denunciantes como si fueran los victimarios. Los llamó a uno por uno y en todo momento los quería hacer pisar el palito. Parecían ellos los acusados; se invirtien los roles. Sólo faltó que les pongan una lámpara en la cara", se quejó. "Sin investigar nada terminó archivando la causa", fustigó Monteros.
El abogado había solicitado -entre otras medidas- la constitución de querellantes de la causa a las ocho personas denunciantes y el procesamiento de Llorens Dip por los presuntos delitos de estafas reiteradas en concurso real con fraude, abuso de confianza, violación de los deberes de funcionario público y enriquecimiento ilícito.
"Señal que cabalgamos"
Al ser consultado por LA GACETA, Llorens Dip minimizó la denuncia en su contra y manifestó: "Ladran Sancho, señal que cabalgamos", dijo el ex secretario de Coordinación de Comunas Rurales.
"Esta es una jugada política porque se vienen las elecciones. Yo le pregunto a usted: ¿por qué no denunciaron antes? ¿Ahora se acordaron?", agregó.
"Estas personas me difamaron y ahora ellos van a tener que responder en la Justicia. Les voy a iniciar una contrademanda porque me difamaron. Yo soy un referente del peronismo en Concepción. El fiscal mandó a archivo la causa porque la denuncia carece de sustento", se defendió el legislador del oficialismo.
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