La reforma al Consejo de la Magistratura es ley

BUENOS AIRES.- El Senado convirtió anoche en ley el proyecto que reforma el Consejo de la Magistratura y establece el voto popular de sus integrantes, llegado en revisión y con modificaciones desde Diputados, en una sesión donde el oficialismo y la oposición volvieron a mantener contrapuntos sobre la constitucionalidad de la iniciativa.

El proyecto fue aprobado por 38 votos -uno más de los 37 que se exigía para una reforma del sistema electoral- que fueron aportados por el oficialismo y fuerzas afines, como Nuevo Encuentro y el Movimiento Popular Neuquino, y fue rechazado por 30 legisladores de la UCR, FAP y el peronismo disidente.

La votación sobre la Magistratura se produjo poco después de las 20, tras la exposición de 21 oradores, la mayoría de ellos integrantes de la oposición.

También se convirtieron en ley los proyectos que obligan a subir a Internet las decisiones de la Corte Suprema y las cámaras federales, por un lado, y poner para la consulta en páginas web de la Oficina Anticorrupción las declaraciones patrimoniales de magistrados y funcionarios públicos prevista en la Ley de Etica Pública, por el otro.

Poco antes de la medianoche, el Senado aprobó la iniciativa de la publicación de las decisiones de Corte por 44 votos contra 21; la de la declaraciones juradas por 43 a 22, y la de ingreso al Poder Judicial por 42 a 23.

La cámara alta también aprobó, pero debió remitir a Diputados, la iniciativa que cambia las condiciones para el ingreso de personal al Poder Judicial, que establece las condiciones de acceso mediante concursos, y fue modificado por el oficialismo en el Senado tras su aprobación en la cámara baja.

Polémica

Los senadores analizaron las reformas introducidas en Diputados para mantener en la órbita de la Corte la administración del Poder Judicial y el manejo de sus empleados, pero los senadores se enfrascaron en la discusión sobre si eran o no constitucionales las propuestas diseñadas por el PEN.

El punto más polémico de los cambios introducidos por el oficialismo de Diputados, que centralizó gran parte de las críticas de la oposición, fue el cambio de un artículo que establece que solo podrán presentar candidatos a consejeros en una misma boleta los frentes electorales o partidos que tengan la misma denominación en al menos 18 provincias.

El oficialismo presentó la iniciativa como una defensa de los grandes partidos políticos y en contra de la fragmentación, mientras los anti-K consideraron que se trata de una ventaja importante que tendrá el FpV, que será la única agrupación que dispondrá de una boleta a su nombre en todos los distritos.

Los opositores criticaron el cambio de posición del oficialismo sobre la administración de fondos y la superintendencia a la Corte Suprema; atribuciones que inicialmente le quitó, y que ayer le restituyó.

El presidente del bloque oficialista, Miguel Pichetto, criticó a la oposición por "la campaña de consignas y panfletos que dramatizan en extremo sobre la caída de la República". "La reforma no violenta nada", agregó.

Por su lado, el titular del bloque radical, José Cano, manifestó que el objetivo principal de la reforma en la Magistratura es manejar el Poder Judicial. "El oficialismo no quiere democratizar la Justicia, quiere democratizar sus prácticas políticas", advirtió "Apuntan a destruir el régimen democrático con la suma del poder público en las manos del Ejecutivo Nacional. El nivel de corrupción de este Gobierno es bochornoso", remarcó.

En ese contexto, según lo expuso Ernesto Sanz (UCR), "lo más grave" de la reforma de la Magistratura es que "presenta un combo de condicionamientos para que el partido que gane una elección pueda elegir a todo lo que se antoje y destituir a quienes que no les guste".

El titular de Asuntos Constitucionales, Marcelo Fuentes, reivindicó la elección popular de miembros de la Magistratura y dijo que las acusaciones de la oposición fueron hechas "por la cercanía del acto electoral".

Al cierre de esta edición, el Senado debatía otros tres proyectos de la reforma judicial. El primero referido a la publicación on line de las declaraciones juradas de los miembros de los tres poderes del Estado, y otro sobre los fallos de todos los tribunales. El tercero se refiere al ingreso a la Justicia, imponiendo un examen de conocimientos básicos, una lista de "ingresantes" y un sorteo entre ellos a través de Lotería Nacional. Si se aprueba con estas modificaciones, la iniciativa debe volver a Diputados. (DyN-Télam)

Revuelo por los candidatos a conjueces de Comodoro Rivadavia

BUENOS AIRES.- El Senado dio ayer, con el apoyo decisivo del kirchnerismo, acuerdo a una lista de 21 conjueces propuesta por el Poder Ejecutivo para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, el tribunal competente en la apelación de sentencias dictadas en las provincias de Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

La Cámara patagónica sería la encargada de revisar las sentencias sobre causas que involucran al kirchnerismo en base a denuncias por supuestos hechos de corrupción.

El acuerdo general fue votado finalmente en una sola votación que resultó 40 votos afirmativos contra 25 negativos. El radicalismo no acompañó al oficialismo porque indicó que se había obviado la intervención del Consejo de la Magistratura y porque la mayoría de los propuestos están ligados al Poder Ejecutivo, indicó el senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut). Agregó que la situación "se da en un contexto" que estimó no tiene otra finalidad de que el poder político pueda manejar el Poder Judicial.

Tampoco votó a favor el Peronismo Federal, que denunció la violación al procedimiento para proponer los postulantes.

Cimadevilla mencionó en sus objeciones que, por ejemplo, Eduardo Javier González y Francisco Luis Metaza, aunque después desde el FpV se aclaró que el último está jubilado, se desempeñan en el Ministerio de Trabajo; y que Leticia Jaramillo Quinteros trabaja en el estudio de la esposa del ministro de Planificación, Julio De Vido.

A su vez, el senador de la UCR indicó que Juan Horacio Pais y Eugenio Jorge Mata se desempeñan en el estudio jurídico del diputado K de Chubut, Juan Mario Pais, mientras que Rosa González es secretaria del gobernador de la provincia, Martín Buzzi. Pero Cimadevilla confesó que lo que mas lo alarma en la lista de conjueces es la presencia de Facundo González Figueroa, quien, aseguró, es "uno de los abogados de Lázaro Báez", el cuestionado empresario cercano al fallecido presidente Néstor Kirchner, sobre quien pesan varias denuncias por sus negocios con el Estado. (DyN)