27 Abril 2013
Imputaron por nombramientos supuestamente irregulares de fiscales a la procuradora Gils Carbó
El fiscal federal Marijuán investigará la causa que se abrió por designaciones y por la creación de nuevas fiscalías, sin el aval del Senado. Para el senador radical Mario Cimadevilla, la Procuradora General de la Nación habría cometido el delito de "abuso de autoridad". Efectos en la causa de lavado de dinero
REFERENTE. Gils Carbó integra "Justicia Legítima", que adhiere al gobierno. DYN
BUENOS AIRES.- El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó de supuestos nombramientos irregulares de fiscales a quien es su superior en el Ministerio Público, la titular de la Procuración General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Así lo revelaron fuentes judiciales, y agregaron que Marijuán dio impulso a la investigación en la causa iniciada por la denuncia que radicó el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, a raíz de la creación de nuevas fiscalías y designaciones.
La denuncia refiere a que Gils Carbó nombró, supuestamente fuera de procedimiento y sin llamado a concurso, al secretario y ex abogado en causas de derechos humanos Carlos Gonella como titular subrogante de la recién creada Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Su nombre cobró notoriedad días atrás cuando se supo que Gonella omitió incluir al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el pedido de informes que hizo a la Bolsa de Comercio sobre los supuestos blanqueo y fuga de capitales que destapó el programa Periodismo Para Todos (PPT). Precisamente, en ese espacio televisivo, que conduce Jorge Lanata, se aseguró que desde la Procuración a cargo de Gils Carbó se habría direccionado la pesquisa hacia Leonardo Fariña y Federico Elaskar sin que quedara involucrado, hasta el momento, el empresario kirchnerista Báez, señalado por aquellos en el informe periodístico como el presunto responsable del ilícito. Tanto Gonella como el fiscal Ramiro González -que estaba a cargo interinamente de la instrucción en ausencia de Marijuán- desmintieron en sendas cartas enviadas a Gils Carbó haber recibido presiones.
Salteó al Congreso
De acuerdo con la denuncia de Cimadevilla, miembro del Consejo de la Magistratura, Gils Carbó debió haberle pedido al Congreso la creación de los nuevos cargos que dispuso a través de simples resoluciones administrativas. Además, encubrió esas designaciones bajo el rótulo de "subrogantes" cuando no había ningún cargo que subrogar, ya que se trataba de puestos nuevos en la estructura de la Procuraduría General de la Nación. De hecho, Gils Carbó nombró 11 fiscales subrogantes sin acuerdo del Senado, y otros 18 ad hoc que no pasaron por concursos. Por ello, la procuradora podría haber cometido por lo menos dos delitos: el de abuso de autoridad y el de proponer o nombrar a alguien en un cargo para el que no reúne los requisitos necesarios.
Revisan expedientes
Ahora el fiscal Marijuán pidió, entre otras medidas de prueba, "obtener expedientes administrativos que dieran origen a cada una de las resoluciones de la Procuración General de la Nación", en relación a la creación de nuevas fiscalías especiales.
Solicitó también que se "obtenga un soporte magnético que contenga la copia de la totalidad de las presentaciones efectuadas por Procelac" así como por la "Procunar" (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó puso a Félix Croux, ex fiscal en juicios por derechos humanos. Para Marijuán debe investigarse si su jefa pudo haber incurrido en los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público", según expresa el dictamen. Cabe recordar que este fiscal es el que obtuvo la primera condena para una ex funcionaria kirchnerista, la ex ministra de Economía Felisa Miceli (2005-2007), penada a cuatro años de cárcel por el escándalo del hallazgo de una bolsa de papel con 100.000 pesos y más de 30.000 euros en el baño de su oficina del Palacio de Hacienda.
Nuevo reglamento
Al día siguiente de ser denunciada, y mientras el Congreso debatía la denominada "democratización" de la Justicia, Gils Carbó con bajo perfil, anunció, a través de la página web de la Procuraduría General, un nuevo reglamento para la selección de fiscales: "se trata de un procedimiento más rápido, pues define plazos concretos para cada una de las etapas del concurso, para que el proceso no dure más de seis meses".
La funcionaria explicó que, en el nuevo precedimiento se revierte el orden de las etapas, "priorizando la evaluación de las pruebas de oposición por sobre la evaluación de los antecedentes y se contempla un filtro intermedio en el cual sólo aquellas personas que superen un puntaje mínimo de la prueba escrita podrán rendir el examen oral. Y añade que ya que hubo algunos "por más de 4 años" y se aspira a que "no duren más de seis meses".
Con más de 20 años de carrera en el ámbito judicial, Gils Carbo es, junto con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, una de las máximas referentes de "Justicia Legítima", una coalición de jueces, fiscales y funcionarios que adhieren al gobierno de Cristina Fernández.
La Procuradora General fue designada jefa de los fiscales luego de que fracasara el intento oficial por colocar en ese puesto al Síndico General de la Nación, Daniel Reposo.
Entre los cargos que la funcionaria ocupó en la Justicia, se destaca el de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. (DyN)
La denuncia refiere a que Gils Carbó nombró, supuestamente fuera de procedimiento y sin llamado a concurso, al secretario y ex abogado en causas de derechos humanos Carlos Gonella como titular subrogante de la recién creada Procuraduría General para la Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
Su nombre cobró notoriedad días atrás cuando se supo que Gonella omitió incluir al empresario kirchnerista Lázaro Báez en el pedido de informes que hizo a la Bolsa de Comercio sobre los supuestos blanqueo y fuga de capitales que destapó el programa Periodismo Para Todos (PPT). Precisamente, en ese espacio televisivo, que conduce Jorge Lanata, se aseguró que desde la Procuración a cargo de Gils Carbó se habría direccionado la pesquisa hacia Leonardo Fariña y Federico Elaskar sin que quedara involucrado, hasta el momento, el empresario kirchnerista Báez, señalado por aquellos en el informe periodístico como el presunto responsable del ilícito. Tanto Gonella como el fiscal Ramiro González -que estaba a cargo interinamente de la instrucción en ausencia de Marijuán- desmintieron en sendas cartas enviadas a Gils Carbó haber recibido presiones.
Salteó al Congreso
De acuerdo con la denuncia de Cimadevilla, miembro del Consejo de la Magistratura, Gils Carbó debió haberle pedido al Congreso la creación de los nuevos cargos que dispuso a través de simples resoluciones administrativas. Además, encubrió esas designaciones bajo el rótulo de "subrogantes" cuando no había ningún cargo que subrogar, ya que se trataba de puestos nuevos en la estructura de la Procuraduría General de la Nación. De hecho, Gils Carbó nombró 11 fiscales subrogantes sin acuerdo del Senado, y otros 18 ad hoc que no pasaron por concursos. Por ello, la procuradora podría haber cometido por lo menos dos delitos: el de abuso de autoridad y el de proponer o nombrar a alguien en un cargo para el que no reúne los requisitos necesarios.
Revisan expedientes
Ahora el fiscal Marijuán pidió, entre otras medidas de prueba, "obtener expedientes administrativos que dieran origen a cada una de las resoluciones de la Procuración General de la Nación", en relación a la creación de nuevas fiscalías especiales.
Solicitó también que se "obtenga un soporte magnético que contenga la copia de la totalidad de las presentaciones efectuadas por Procelac" así como por la "Procunar" (Procuraduría de Narcocriminalidad) donde Gils Carbó puso a Félix Croux, ex fiscal en juicios por derechos humanos. Para Marijuán debe investigarse si su jefa pudo haber incurrido en los delitos de "abuso de autoridad" y "violación de deberes de funcionario público", según expresa el dictamen. Cabe recordar que este fiscal es el que obtuvo la primera condena para una ex funcionaria kirchnerista, la ex ministra de Economía Felisa Miceli (2005-2007), penada a cuatro años de cárcel por el escándalo del hallazgo de una bolsa de papel con 100.000 pesos y más de 30.000 euros en el baño de su oficina del Palacio de Hacienda.
Nuevo reglamento
Al día siguiente de ser denunciada, y mientras el Congreso debatía la denominada "democratización" de la Justicia, Gils Carbó con bajo perfil, anunció, a través de la página web de la Procuraduría General, un nuevo reglamento para la selección de fiscales: "se trata de un procedimiento más rápido, pues define plazos concretos para cada una de las etapas del concurso, para que el proceso no dure más de seis meses".
La funcionaria explicó que, en el nuevo precedimiento se revierte el orden de las etapas, "priorizando la evaluación de las pruebas de oposición por sobre la evaluación de los antecedentes y se contempla un filtro intermedio en el cual sólo aquellas personas que superen un puntaje mínimo de la prueba escrita podrán rendir el examen oral. Y añade que ya que hubo algunos "por más de 4 años" y se aspira a que "no duren más de seis meses".
Con más de 20 años de carrera en el ámbito judicial, Gils Carbo es, junto con la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, una de las máximas referentes de "Justicia Legítima", una coalición de jueces, fiscales y funcionarios que adhieren al gobierno de Cristina Fernández.
La Procuradora General fue designada jefa de los fiscales luego de que fracasara el intento oficial por colocar en ese puesto al Síndico General de la Nación, Daniel Reposo.
Entre los cargos que la funcionaria ocupó en la Justicia, se destaca el de Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. (DyN)
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