Estofán y el PJ se abrazaron y hablaron, pero no acuerdan aún si hace falta una ley para el plan

Las chicanas, los mensajes por elevación a través de los medios y las perspectivas antagónicas sobre el motivo del encuentro quedaron de lado por unos minutos. Ayer, cuando se encontraron en la sala de reuniones de la Legislatura, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), Antonio Estofán, y el jefe del bloque oficialista del parlamento, Roque Álvarez, se saludaron con un fuerte abrazo.

El gesto de afecto, sin embargo, no significa que exista un acuerdo entre ambos poderes respecto al diseño normativo del plan piloto lanzado por la Corte para implementar cambios en la investigación penal preparatoria en Concepción y en Monteros. De hecho, tras la reunión, las partes reafirmaron que mantienen sus posturas: Estofán consideró que no necesita una ley para instaurar, a modo de prueba, el nuevo sistema en el sur, aunque se mostró dispuesto a ceder. El referente de los alperovichistas, en tanto, sostuvo que la participación del cuerpo colegiado es esencial.

En medio de estas discusiones, las máximas autoridades de los tres poderes acordaron la conformación de una comisión que se encargará de analizar las modificaciones que se harán, en un futuro, al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT). Este proceso, sin embargo, podría durar años, aclararon Estofán y Álvarez.

En 2012, mediante acordadas, la CSJT sentó las bases para un convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). "El objetivo es probar nuevas prácticas en el proceso penal, fundamentalmente oralizar la instancia de la investigación previa, que es lo que falta, porque el juicio penal es oral. Eso generaría rapidez, transparencia, mayores garantías para los defensores e incluso para los querellantes", afirmó Estofán, en rueda de prensa, tras el encuentro.

El magistrado visitó la Legislatura junto al vocal de la Corte, Antonio Gandur; la presidenta de la Asociación de Magistrados, Liliana Vitar; y otros funcionarios del Poder Judicial. Los letrados fueron recibidos por Regino Amado (PJ) -quien ayer estaba a cargo del PE por el viaje a Buenos Aires del gobernador, José Alperovich-; por Manuel Fernández (PJ), vicepresidente del parlamento; por los legisladores oficialistas Álvarez, Marcelo Caponio, Gerónimo y Carolina Vargas Aignasse, José León, Guillermo Gassenbauer, José Teri y Sisto Terán; y por el opositor José Páez (Democracia Cristiana).

Fuentes consultadas por este diario indicaron que el clima, en general, fue "de concordia". Pero, al tratar algunos puntos, como la negativa de la Legislatura a ceder potestades legislativas, la charla se tornó algo más agitada. De todas maneras, todos los participantes se mostraron conformes.

Amado valoró la visita de los magistrados, y relató que uno de los asuntos debatidos fueron los tres amparos planteados ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. "La Legislatura no tiene nada que ver (con el plan piloto) hasta tanto no se dilucide, dentro de la misma Justicia, si (el diseño del programa) es constitucional o no, y si se puede hacer por acordadas", afirmó el monterizo. Y sostuvo que "siempre hubo diálogo" con la CSJT, pese a que el convenio con el Inecip se firmó en 2012 y las reuniones entre los poderes empezaron ayer. "No hay diferencias insalvables, sino posiciones diferentes", remarcó.

Estofán aclaró que las pruebas en el sur están suspendidas por los amparos planteados. Uno de ellos lleva las firmas de dos defensores oficiales, Carolina Ballesteros (quien fue designada como coordinadora de defensores para el proyecto) y Ricardo Alderete. "No analizo los pasos previos que debieron haber realizado y no lo hicieron; analizo, simplemente, el derecho que tienen a plantear un amparo", se limitó a decir sobre las críticas internas.

Luego, insistió en que no necesita una ley para aplicar el plan. "Creemos que estamos dentro de nuestras facultades. Pero hay algo más importante, y es lo que conversamos con los legisladores: el interés de la sociedad, el bien común, están por encima de cualquier interés particular o institucional", advirtió. E insistió en que, si se modifica el CPPT para aplicar este programa en toda la provincia, "llevará no menos de dos años" concientizar a los funcionarios judiciales y a la sociedad. "Lo que no sabemos todavía es si ellos (por los legisladores) van a compartir en definitiva nuestro criterio, o nos van a convencer a nosotros de que hace falta una ley", agregó.

Álvarez y Estofán reconocieron que se saludaron con afecto, pese a que el legislador había criticado con dureza al titular de la Corte en la sesión del miércoles. "Las diferencias son propias de la vida de cada institución, pero no son de carácter personal. Nos conocemos, somos amigos y nos saludamos con un abrazo", dijo el taficeño. Y relató que, en esta primera reunión, quedó en claro que "todos queremos una Justicia más ágil", aunque eso llevará años. "No puede haber reforma sin ley; y a esto lo admitieron tanto Gandur como Estofán", sostuvo el peronista.