Por Roberto Delgado
26 Abril 2013
Acaso la punta del ovillo de los manejos irregulares de los dineros públicos en obras que jamás se ven -como las cañerías de agua potable y las cloacas- comienza a emerger en el escándalo del barrio Parque Batalla. Allí, los vecinos reclaman porque están inundados de líquidos pestilentes, pese a que las obras se hicieron hace dos años. Aparecen allí las firmas "fantasmas" denunciadas en agosto pasado por aparecer contratadas en forma supuestamente irregular por la Dirección de Arquitectura y Urbanismo. Y los vecinos dicen que, a raíz de la forma en que están hechos los trabajos, esas empresas no tenían idea de lo que hacían. Es más, en una casa del barrio seguían arrumbadas las cañerías que fueron preparadas para trabajos que no se llevaron a cabo.
La denuncia fue hecha por la legisladora radical Silvia Elías de Pérez, bautizada irónicamente "Sherlock Holmes" por el legislador alperovichista Roque Tobías Álvarez, presidente del bloque oficialista que, en sintonía perfecta con el Gobierno, no parece advertir el tenor de los hechos derramados en la mesa de la Justicia: obras facturadas y no realizadas, sobreprecios, falta de idoneidad de los contratados para la obra pública, empresas que comparten domicilio y cuyo origen es poco claro.
Han pasado nueve meses desde la presentación ante la fiscala de Instrucción VI, Adriana Reinoso Cuello, y pese a que apenas bastó un vistazo periodístico para advertir que había algo raro en el hecho de que una persona (Patricia del Valle Medina), cuyo oficio -según su familia- es el de empleada doméstica, esté a cargo de una empresa proveedora de servicios para la repartición estatal, ella aún no ha declarado en la causa. Tampoco otra persona mencionada como proveedor de servicios y que, en su vivienda, fue descripto por sus familiares como choripanero. La fiscala que investiga la causa apenas había conseguido un informe del Tribunal de Cuentas en marzo y no había citado a nadie a declarar, cuando fue sorprendida por otra denuncia sobre la DAU, esta vez relacionada con el flamante plan nacional "Más cerca" en Villa Angelina: se reveló que había dos obras aprobadas para ejecutar que habían sido hechas por la DAU. La Provincia y la Municipalidad tuvieron un cortocircuito y terminaron explicando que se había tratado de un error (de información) y que no hubo daño porque no se había entregado el dinero. Que ya se hicieron las correcciones de los papeles. Y listo.
Pero "Sherlock Holmes" les dio más (y lo denunció a la Justicia). Que hay sobreprecios en el metro de cañerías (lo cual fue negado por el ministro del interior, Osvaldo Jaldo) y que la diferencia de valores es altísima: se pagó $ 1.360,cuatro veces más de lo que vale el metro de cañerías ($ 287), según licitaciones del mismo Enohsa, que es una repartición tan oficial como la DAU, sólo que a nivel nacional. Y también les espetó que de las 12 obras proyectadas para el plan "Más cerca" hay cinco que deben ser chequeadas del mismo modo que las dos que estaban repetidas, por sospecha de que podría haber cañerías listas que sólo esperan ser inauguradas.
Desconfiada como el detective de novela, y también curiosa, la denunciante observó además que el Estado pagó $ 300.000 por cada pozo de agua excavado en el interior de la provincia, pero en el informe de obras que el gobernador entregó a la Legislatura el 1 de marzo figura que un pozo en San Pedro de Colalao costó $ 192.000.
Son las primeras denuncias sobre un sistema de trabajo que ya ha instituido el hábito de trabajar por contratación directa, sin licitación, y que lo defiende con un retórico discurso de transparencia, cuyo único sustento consiste en que se ve que las obras se hacen, como si esto fuera debida rendición de cuentas. Estas denuncias por ahora no han asustado al Tribunal de Cuentas, ni le han generado apuro a la Justicia local. Pero las rarezas se amontonan. Y como el agua servida, tienen mal olor.
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