Estofán y los legisladores se reunieron para hablar del plan piloto

En la sesión de ayer, la bancada alperovichista de la Legislatura había criticado con énfasis el plan piloto de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) para modificar la investigación penal preparatoria en Concepción y en Monteros. Por eso, en el ámbito político había gran expectativa respecto al resultado del encuentro que estaba programado para hoy a las 11 entre el presidente del alto tribunal, Antonio Estofán, el vocal Antonio Gandur, y otros funcionarios judiciales con las autoridades del parlamento.

Pese a las “chicanas” que emanaron de ambos poderes en las últimas semanas, tras la reunión hubo abrazos, sonrisas y gestos de buena voluntad para avanzar con los cambios para el fuero penal. Sin embargo, la puesta en marcha de las reformas aún no tiene fecha.

“Sobre el plan piloto hay una cautelar planteada por abogados y por operadores del interior de Poder Judicial. Por lo tanto, la Legislatura no tiene nada que hacer, hasta tanto se dilucide desde el la Justicia si el proyecto es inconstitucional o no, y si se puede diseñar mediante acodardas”, remarcó Regino Amado (PJ), quien ayer estaba a cargo del Poder Ejecutivo (PE) por el viaje del gobernador, José Alperovich.

El monterizo añadió que se conformará una comisión interpoderes, que tendrá representantes de la Casa de Gobierno, de la CSJT y del cuerpo colegiado. “El objetivo será avanzar en las posibles necesidaades de modificar, parcial o totalmente, el Código Procesal Penal de Tucumán, y trabajar eso puntos en esa comisión”, dijo Amado. Y advirtió que también se les podría dar participación a los dirigentes de la oposición.

Estofán afirmó que el objetivo del plan piloto “es probar nuevas prácticas en el proceso penal; fundamentalmente, oralizar la instancia de la investigación previa, que es lo que falta”. “Eso generaría mayor rapidez, transparencia, y mayores garantías para defensores y querellantes”, añadió el ex fiscal de Estado alperovichista. Y aseguró que el proyecto se encuentra suspendido por los amparos planteados ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. “Legalmente, creemos que estamos dentro de nuestras facultades (para implementar aquellas prácticas procesales), pero hay algo más importante, que es lo que conversamos con los legisladores, que nos atendieron muy bien: el interés de la sociedad, el bien común, está por encima de cualquier bine particular e institucional”, destacó Estofán. LA GACETA