25 Abril 2013
Ni la creación de nuevas cámaras de casación ni la enmienda a las medidas cautelares contribuirá a morigerar el problema de la lentitud de la Justicia argentina, según Aída Kemelmajer de Carlucci, doctora en Derecho y primera vocal mujer de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza (fue designada en 1983 y se jubiló en 2010). "Esos dos cambios agudizan esta deficiencia clave, que es la demora", afirma la experta, que vino a la provincia a dictar un curso de actualización en Derecho de Familia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán.
"Rechacé la creación de tribunales nacionales de casación con anterioridad. Esta no es una idea nueva, y en su momento fue avalada por grandes juristas como Jorge Vanossi y Augusto Morello. Incluso hubo una propuesta para integrar esos estrados con jueces del interior con la finalidad de unificar la jurisprudencia acogiendo criterios federales", recuerda Kemelmajer antes de entrar a clases.
Enérgica, dice que, sin embargo, ella siempre estuvo en contra de crear este tipo de tribunales porque, en Argentina, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) se ocupa de interpretar la ley (función típica de las cámaras de casación) y la Constitución. "Vivimos un proceso de 'constitucionalización' del Derecho, incluso del Derecho Privado. Entonces, no es posible separar la interpretación de la ley del análisis de su validez constitucional", reflexiona la jurista.
Lejos de ordenar la jurisprudencia y descomprimir a la CSJN (motivos esgrimidos por el proyecto kirchnerista), las nuevas cámaras de casación prolongarán los juicios en el ámbito de la Justicia Nacional y Federal. Esa es la conclusión de Kemelmajer, que prosigue: "este tribunal intermedio sumará más burocracia a la que ya existía. Antes, la sentencia de una cámara federal podía ser revisada por la Corte Nacional: ahora tendremos que pasar necesariamente por cuatro instancias".
Justicia cómica
Kemelmajer expresa que un cambio de esta especie está llamado a a prolongar los juicios. O sea, a agravar el problema mayúsculo de la Justicia y a añadir obstáculos en la carrera por obtener una sentencia oportuna. "La reforma no desterrará a los tiempos 'muertos' del Poder Judicial, como llamaba el maestro Morello a la dilación de los pleitos. Esto sí es un dolor de cabeza para el ciudadano común: 'democratizar la Justicia' sería agilizar los procesos, no ralentizarlos todavía más", explica la académica, que intervino en la redacción del anteproyecto de unificación del Código Civil y Comercial.
Este escenario se verá agravado con la nueva regulación de las cautelares, según su opinión. "Los grandes procesalistas italianos dicen que las medidas cautelares sirven para que no pase lo que ocurre en las obras cómicas, donde la Policía siempre llega después de que el crimen ha sido consumado. Las cautelares impiden que esto sea una comedia judicial, que la sentencia reparadora aparezca cuando ya no quede nada por reparar", manifiesta. E insiste con que la ciudadanía se siente afectada por aquella situación y que no hay quien no se queje de los retardos de los Tribunales: "el pueblo sufre la lentitud de la Justicia; la falta de respuestas rápidas y de herramientas para revertir el funcionamiento incorrecto. La gran reforma judicial tiene que atacar esa falla".
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