20 Abril 2013
La suerte del decreto inédito del Poder Ejecutivo (PE) que rechazó la dimisión de Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal, quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El expediente principal terminó ayer su periplo por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo como consecuencia del otorgamiento del recurso de casación que interpuso la Provincia.
La resolución, que fue firmada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, no afecta a la medida cautelar que paralizó el proceso de remoción respecto de Herrera Molina. Este juez formó parte del tribunal (también integrado por Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena) que absolvió a los acusados de secuestrar y prostituir a María de los Ángeles "Marita" Verón y que, por ello, enfrenta un pedido de destitución.
Contra la cautelar dictada por el camarista Giovanniello (la CSJT luego emitió una medida semejante en el ámbito del juicio iniciado por Romero Lascano -y que tiene a Piedrabuena como adherente-), el PE interpuso un recurso de revocatoria que se tramita por cuerda separada en la Sala II de la Cámara Contenciosa y está pendiente de resolución.
Prolongar la discusión
Novillo, Giovanniello (en disidencia parcial) y Ebe López Piossek anularon el decreto del gobernador José Alperovich que rechazó la dimisión con fines jubilatorios de Herrera Molina y ordenaron al mandatario que dicte un nuevo acto ajustado a los considerandos de la resolución en un fallo del 26 de marzo pasado. Los camaristas exigieron a Alperovich que en el nuevo decreto se expida sobre el estado de salud del magistrado, que padece un cáncer metastásico.
Dicha sentencia reveló también que el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, había aconsejado la aceptación de la renuncia del juez-amparista. La Sala II halló sorpresivamente el dictamen -no vinculante- tras advertir una discontinuación en la foliatura de las copias del expediente administrativo que Javier Cristóbal Amuchastegui y Sebastián Grunauer, abogados de la Provincia, habían aportado a los Tribunales.
El tribunal obligó al PE a dictar un nuevo decreto que puede o no aceptar la dimisión de Herrera Molina (el visto bueno a la dimisión dejaría al camarista automáticamente afuera del proceso de remoción que promueve Susana Trimarco, mamá de "Marita" Verón). Sin embargo, el Gobierno de Alperovich optó por recurrir el fallo y prolongar la discusión en el alto tribunal. Ese estrado, además, debe juzgar el planteo de Romero Lascano y de Piedrabuena contra actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento.
La resolución, que fue firmada por los vocales Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, no afecta a la medida cautelar que paralizó el proceso de remoción respecto de Herrera Molina. Este juez formó parte del tribunal (también integrado por Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena) que absolvió a los acusados de secuestrar y prostituir a María de los Ángeles "Marita" Verón y que, por ello, enfrenta un pedido de destitución.
Contra la cautelar dictada por el camarista Giovanniello (la CSJT luego emitió una medida semejante en el ámbito del juicio iniciado por Romero Lascano -y que tiene a Piedrabuena como adherente-), el PE interpuso un recurso de revocatoria que se tramita por cuerda separada en la Sala II de la Cámara Contenciosa y está pendiente de resolución.
Prolongar la discusión
Novillo, Giovanniello (en disidencia parcial) y Ebe López Piossek anularon el decreto del gobernador José Alperovich que rechazó la dimisión con fines jubilatorios de Herrera Molina y ordenaron al mandatario que dicte un nuevo acto ajustado a los considerandos de la resolución en un fallo del 26 de marzo pasado. Los camaristas exigieron a Alperovich que en el nuevo decreto se expida sobre el estado de salud del magistrado, que padece un cáncer metastásico.
Dicha sentencia reveló también que el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, había aconsejado la aceptación de la renuncia del juez-amparista. La Sala II halló sorpresivamente el dictamen -no vinculante- tras advertir una discontinuación en la foliatura de las copias del expediente administrativo que Javier Cristóbal Amuchastegui y Sebastián Grunauer, abogados de la Provincia, habían aportado a los Tribunales.
El tribunal obligó al PE a dictar un nuevo decreto que puede o no aceptar la dimisión de Herrera Molina (el visto bueno a la dimisión dejaría al camarista automáticamente afuera del proceso de remoción que promueve Susana Trimarco, mamá de "Marita" Verón). Sin embargo, el Gobierno de Alperovich optó por recurrir el fallo y prolongar la discusión en el alto tribunal. Ese estrado, además, debe juzgar el planteo de Romero Lascano y de Piedrabuena contra actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento.
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