"La intervención de los legisladores es esencial"

Por primera vez desde 2011, cuando se renovó la composición de la Legislatura, los parlamentarios del oficialismo se habían unido y organizado para enfrentar a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). Luego de que el titular del alto tribunal, Antonio Estofán, anunciara el lunes que estaba decidido a activar el plan piloto para la reforma de la investigación penal preparatoria en Concepción, con ley o sin ella, los parlamentarios se alistaron para una disputa con el Poder Judicial: según ellos, el proyecto de la CSJT implica modificaciones normativas que sólo pueden surgir del recinto. Y cuando todos los caminos parecían conducir a una crisis interinstitucional, desde los Tribunales decidieron alzar la bandera blanca de la paz, intentar un diálogo con los parlamentarios y buscar la manera de que el plan piloto para el fuero penal no muera antes de nacer.

"Desde luego, no digo que la Corte tenga facultades legislativas: la intervención de los legisladores resulta esencial después del esfuerzo que hemos hecho para formular el proyecto. Estoy seguro de que el Poder Legislativo compartirá este plan, una vez que conozca sus virtudes en materia de transparencia, publicidad y derechos humanos", afirmó Antonio Gandur, vocal del alto tribunal.

El año pasado, la CSJT resolvió mediante una acordada el lanzamiento del programa para profundizar el modelo acusatorio de manera gradual en la provincia. El sistema debía implementarse primero en Concepción, el lunes pasado, y luego en Monteros. Sin embargo, una cautelar planteada por el letrado Nicolás Brito (cercano a legisladores peronistas) ante la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó el inicio del plan piloto. El abogado cuestionó, en el escrito, la constitucionalidad de la estructura que diseñó la Corte Suprema mediante acordadas, y afirmó que el esquema debería haber sido aprobado por la Legislatura, ya que implicaba reformas al Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT) y a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). En el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento consideran que el amparista tiene razón. Y criticaron a Estofán por haber dicho que, aun sin ley, aplicaría su proyecto.

Gandur, Estofán y Daniel Posse son los únicos vocales que firmaron todas las acordadas que fundamentan el plan piloto. Con el titular del alto tribunal enfrentado con el cuerpo colegiado, su antecesor lanzó un discurso conciliador para destrabar la situación.

"Tenemos que hablar con el Poder Legislativo y explicarle el proyecto de reforma procesal. Este plan piloto es positivo, necesario y hasta imprescindible para mejorar la investigación penal preparatoria. La profundización del modelo acusatorio permitirá cumplir las exigencias de los derechos humanos, de transparencia y de atención preferente de las víctimas de delitos", afirmó el magistrado, en diálogo con LA GACETA. Además, consideró que es clave "evitar una polémica estéril sobre facultades y competencias que nadie puede desconocer". "Hay que buscar el acercamiento (entre la Corte y los legisladores), porque de ninguna manera podemos dejar caer la reforma. Tal vez el Poder Legislativo no conozca de qué se trata y necesite mayor información al respecto. Cambiar el expediente por la oralidad será fundamental para que la investigación sea más rápida y efectiva", sostuvo.

Gandur considera que aún es tiempo de conversar y de acordar una solución con el cuerpo colegiado en una comisión conjunta. "Insisto: lo más importante es que el proyecto no fracase y que se imponga sin enfrentamientos institucionales", destacó.

Unos firman, otros no

La acordada que autorizó el convenio con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) fue emitida en 2012. Tuvo la firma de todos los integrantes de la CSJT: Estofán, Gandur, René Goane, Claudia Sbdar y Posse. En la última resolución del alto tribunal sobre este tema, que congeló la puesta en marcha del plan, sólo aparecen las rúbricas de Estofán, Gandur y Posse. Goane estaba de licencia, según la acordada 249/2013, que nada dice sobre la falta de rúbrica de Sbdar.

En un año en que la presidencia de la Corte se pone en juego, Estofán y Gandur parecen decididos a no dejar caer el proyecto para reformar la investigación penal preparatoria. Por eso, el ex fiscal de Estado recurrió el lunes al gobernador, José Alperovich, para pedirle su apoyo. Y, quizás por el enfrentamiento con la Legislatura, Gandur decidió mediar por un final feliz para el proyecto. ¿Lo logrará?

Llamados, invitaciones postergadas y un café que se enfría

Con las relaciones entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo en un estado de tensión casi sin precedentes durante el alperovichismo, los teléfonos celulares empezaron a sonar para tratar de apaciguar las aguas.

Cuentan en el parlamento que recibieron dos llamados desde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT). El primero se habría producido el martes; el segundo, ayer. En ambos, cuentan las fuentes, desde el alto tribunal invitaban a dos oficialistas a compartir un café para hablar sobre el suspendido plan piloto para reformar la investigación penal preparatoria en el Centro Judicial de Concepción.

En el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento sostienen que rechazaron en buenos términos ambas propuestas, y que pidieron postergar los encuentros. El mensaje que repiten en el bloque oficialista Tucumán Crece reza que, para dialogar sobre el tema, la Corte deberá solicitar un encuentro formal. "Así como ayer (por el martes) Estofán fue a visitarlo al gobernador (José Alperovich) para mostrarle su plan, lo correcto sería que venga a la Cámara a hablar con (el titular subrogante del cuerpo) Regino Amado", avisaron en la Legislatura.

El vínculo entre el cuerpo y el alto tribunal comenzó a desgastarse en el último año y medio. Una serie de fallos judiciales derribaron normas sancionadas por el alperovichismo -como la autorización al Instituto de la Vivienda para que contrate empresas sin licitación para construir casas-; y truncaron otros actos legislativos, como el proceso de destitución contra los jueces que dictaron la sentencia absolutoria para 13 acusados en el caso de María de los Ángeles Verón.

Por aquellos reveses, desde las bancas oficialistas apuntan contra los dos "nexos" que supuestamente tiene el alperovichismo con el Poder Judicial: Estofán y el ministro de Gobierno y Justicia, Edmundo "Pirincho" Jiménez.

En la Cámara aseguran que, hace unas dos semanas, recibieron un borrador de un supuesto anteproyecto de ley que contempla la cesión de potestades legislativas para la CSJT. Pero no están dispuestos a tratar siquiera ese texto. Por eso, el martes hubo una reunión del bloque del PJ en la que los miembros se despacharon contra la decisión de Estofán de lanzar el plan piloto a través de acordadas, y no mediante una norma que surja del recinto. Sin embargo, lo que más indignó a los oficialistas fue que el titular del alto tribunal haya advertido que les daría la instrucción de "jugar" a los operadores del plan piloto en el sur, incluso sin una ley que los respalde. Luego, más cauteloso, Estofán aclaró que el proyecto continuará en suspenso hasta tanto la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resuelva el planteo de inconstitucionalidad de Nicolás Brito. Ahora, resta ver si en el parlamento aceptan en algún momento el café que les invitaron desde la Corte.