17 Abril 2013
Esta semana será crítica para la definición de la integración de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que revisará la absolución de los 13 acusados de secuestrar y promover la prostitución de María de los Ángeles "Marita" Verón. Ese alto tribunal deberá juzgar si tiene o no razón Susana Trimarco, mamá de la víctima, que en el primer día hábil judicial de este año recurrió el fallo de la Sala II de la Cámara Penal. Previamente, Trimarco había pedido la destitución de los integrantes de este estrado: Andrés Herrera Molina, Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena. Esa petición, que ya obtuvo el aval de la comisión de Juicio Político de la Legislatura, fue detenida por dos medidas cautelares (ver "Dirigentes...").
Como consecuencia del recurso de Trimarco, el expediente de la causa penal ingresó este 19 de febrero pasado en la órbita de la CSJT. Ese traslado dio pie al inicio de la discusión sobre quiénes integrarán este cuerpo. El incidente será resuelto por el tribunal de recusación compuesto -por sorteo- con los camaristas penales Carlos Caramuti, Stella Maris Arce y Alfredo Oscar Barrinuevo. Este lunes, esos magistrados celebraron la audiencia para recibir la prueba que da fundamento a las recusaciones. A partir de ese plazo, el tribunal tiene 48 horas para pronunciarse y su decisión es irrecurrible, según el artículo 68 del Código Procesal Penal de Tucumán.
Con el argumento del temor de parcialidad, los defensores de los acusados pidieron que sean apartados los cinco vocales titulares de la Corte: Antonio Estofán (presidente), René Goane, Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse. A su vez, este último magistrado se excusó voluntariamente por su parentesco con el abogado Carlos Posse, defensor de los imputados José Fernando Gómez, Lidia Irma Medina (falleció el 24 de febrero), María Azucena Márquez y Mariana Natalia Bustos.
Dos en pie y dos en duda
Con Posse afuera del alto tribunal, el debate se circunscribe a los otros cuatro vocales. Todos ellos rechazaron la causal de recusación planteada por las defensas de los acusados, con la excepción de Goane, que no dijo nada al respecto. Ocurre que el vocal decano de la Corte está de licencia por razones de salud (no volvió a Tribunales después de la feria de enero) y, en principio, no revisaría el fallo controvertido del caso "Verón" por esta razón de fuerza mayor.
La intervención de Estofán presenta otro problema. En las jornadas posteriores al fallo de la Sala II de la Cámara Penal -y en medio del revuelo político y social que este ocasionó-, el magistrado dijo al canal C5N: "la causa va a llegar seguro a la Corte y ahí yo voy a votar. Seguramente ese expediente no tendrá la misma sentencia". Como en esa instancia no caben más opciones que la confirmación de la absolución, o la decisión de anular el juicio oral o de condenar a algunos o a todos los acusados absueltos, los defensores de los imputados interpretaron que Estofán incurrió en prejuzgamiento al adelantar cómo decidirá. Con posterioridad, el magistrado recusado negó haber anticipado su opinión sobre la sentencia recurrida y, de ese modo, haber quebrado la garantía de imparcialidad.
En cambio, tendrían menos chance de prosperar las recusaciones que conciernen a Sbdar y Gandur. En cualquier caso, los jueces apartados serán reemplazados por camaristas -en primer término- del fuero penal. Desde luego quedan excluidos de ese grupo de reemplazantes potenciales los tres jueces que el 11 de diciembre pasado dictaron la sentencia cuestionada. Tras 10 meses de un juicio oral con amplísima repercusión, Herrera Molina, Piedrabuena y Romero Lascano concluyeron que el Ministerio Público Fiscal, la querella y el actor civil no habían logrado desvirtuar la presunción de inocencia de los acusados en el caso "Verón".
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