17 Abril 2013
Si bien desembarcaron en Tucumán para hablar sobre la reforma judicial kirchnerista, los dirigentes judiciales Beinusz Szmukler, Luis María Cabral y Víctor María Vélez no se privaron de opinar también respecto del proceso de remoción de los tres magistrados que fallaron en contra de las pretensiones de Susana Trimarco en el juicio por la desaparición de su hija, María de los Ángeles "Marita" Verón.
Ese trámite de destitución quedó detenido por las medidas cautelares dictadas en dos juicios: el que promueven los jueces Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena contra actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento, y el que impulsa Emilio Herrera Molina, que padece un cáncer metastásico, contra el decreto del Poder Ejecutivo (PE) que rechazó su renuncia con fines jubilatorios.
Tras la mesa panel del miércoles en el Colegio de Abogados de la Capital (a la que acudió Romero Lascano), los disertantes analizaron -por separado- el pedido de destitución, que obtuvo el aval de la comisión de Juicio Político de la Legislatura (está integrada por 11 alperovichistas y el opositor Ricardo Bussi, quien no apoyó la acusación contra los jueces). "Los magistrados tenemos que defender las instituciones, y no caer en falsos corporativismos, sin dejar de bregar para que los jueces denunciados sean sometidos a un juicio público y justo, que es aquel que celebra un tribunal imparcial", opinó Vélez, camarista cordobés, y presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Anticipó que, por este tema, la Comisión Nacional de Independencia Judicial podría sesionar en Tucumán.
"¿Dónde está 'Marita' Verón? ¿Qué pasó con ella? Es lo primero que hay que preguntarse en este asunto. Si Trimarco dijo que los jueces eran corruptos, debe concretar cuál es el acto de corrupción que imputa. Esto no puede ser genérico", expresó Cabral, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
Szmukler, presidente del Observatorio de la Justicia Argentina, defendió la potestad del PE de rechazar las dimisiones de jueces con pedido de destitución: "hay que privilegiar la determinación de la responsabilidad del magistrado porque la sociedad tiene derecho a saber cómo actuó. Mi impresión es que el juez que renuncia algo esconde. Por supuesto que esto admite excepciones: el escenario cambia si el renunciante se está muriendo y si su dimisión no está relacionada con la comisión de un delito, porque impunidad no puede haber".
Ese trámite de destitución quedó detenido por las medidas cautelares dictadas en dos juicios: el que promueven los jueces Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena contra actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento, y el que impulsa Emilio Herrera Molina, que padece un cáncer metastásico, contra el decreto del Poder Ejecutivo (PE) que rechazó su renuncia con fines jubilatorios.
Tras la mesa panel del miércoles en el Colegio de Abogados de la Capital (a la que acudió Romero Lascano), los disertantes analizaron -por separado- el pedido de destitución, que obtuvo el aval de la comisión de Juicio Político de la Legislatura (está integrada por 11 alperovichistas y el opositor Ricardo Bussi, quien no apoyó la acusación contra los jueces). "Los magistrados tenemos que defender las instituciones, y no caer en falsos corporativismos, sin dejar de bregar para que los jueces denunciados sean sometidos a un juicio público y justo, que es aquel que celebra un tribunal imparcial", opinó Vélez, camarista cordobés, y presidente de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Anticipó que, por este tema, la Comisión Nacional de Independencia Judicial podría sesionar en Tucumán.
"¿Dónde está 'Marita' Verón? ¿Qué pasó con ella? Es lo primero que hay que preguntarse en este asunto. Si Trimarco dijo que los jueces eran corruptos, debe concretar cuál es el acto de corrupción que imputa. Esto no puede ser genérico", expresó Cabral, titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación.
Szmukler, presidente del Observatorio de la Justicia Argentina, defendió la potestad del PE de rechazar las dimisiones de jueces con pedido de destitución: "hay que privilegiar la determinación de la responsabilidad del magistrado porque la sociedad tiene derecho a saber cómo actuó. Mi impresión es que el juez que renuncia algo esconde. Por supuesto que esto admite excepciones: el escenario cambia si el renunciante se está muriendo y si su dimisión no está relacionada con la comisión de un delito, porque impunidad no puede haber".
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