Por Patricia Vega
14 Abril 2013
BUENOS AIRES.- Por su sesgo de manipulación, es imposible no refutar de inicio la frase que pronunció la presidenta de la Nación durante la última semana, en relación a la limitación por seis meses de los recursos de amparo patrimoniales, que hoy permiten a los particulares defenderse judicialmente de las acciones que toma el Estado para avasallarlos: "Para los invisibles y los pobres, no hay ni cautelares, ni inconstitucionalidades, ni nada", explicó.
En aquel mensaje de lanzamiento de las seis leyes que mandó al Congreso para poner a la Justicia en línea con los paradigmas institucionales que pregona el kirchnerismo, Cristina Fernández no sólo expresó una falacia, sino que en paralelo pareció deslizar un prejuicio contra el entendimiento de los más humildes, quizás un modo subliminal de instalar, para bajarle el precio al tema, "a quién le importa todo esto, son cosas de abogados". Es verdad que la reforma judicial, que el Gobierno pomposamente llama "democratización de la Justicia" y que la oposición intenta demoler con argumentos político-judiciales ("la suma del poder público", "golpe como el del '76", "buscan impunidad") tiene aristas controvertidas y demasiado técnicas, pero es fácil de interpretar lo demagógico del dicho presidencial si se plantean ejemplos, sobre todo si se repara que los cambios pueden llegar a impactar a pleno en la vida cotidiana de todos los estratos sociales.
Los miles y miles de juicios de jubilados que creen que el Estado los ha perjudicado a través de los años, muchos de ellos con sentencias de ajuste que la Anses (el Estado), en franca rebelión, no atiende, pese a haber perdido los juicios y aun a requerimiento de la Corte Suprema, son una referencia muy sencilla para entender que no es verdad que los más necesitados no pleitean.
Un segundo dato obligado surge de la gran cantidad de recursos de amparo que presentaron los gremios, en nombre de sus afiliados, contra la flexibilidad laboral, la famosa "Ley Banelco", que en los años '90 avasallaba conquistas y avanzaba contra la sindicalización.
Por supuesto, que hay que recordar también el "corralito" que implantó el mismo Estado, aunque con otros ejecutores transitorios a cargo de la cosa pública, situación traumática que, de no haber mediado la Justicia, hubiese dejado a muchos más ahorristas en el camino. Igualmente, la omnipotencia estatal hizo quitas, entregó bonos y terminó descapitalizando a mucha gente.
Según Cristina, "cuando la medida es de neto corte patrimonial, cuando el Estado podría estar cometiendo, digamos, algo que perjudique económicamente a un tercero, no procede una medida cautelar porque, en definitiva, luego ese particular hará un juicio y ganará y le pagarán la indemnización por todos los daños que el Estado... (le ha producido)".
En esta afirmación está el nudo de lo amañado del concepto. Las medidas cautelares operan para que, sin tener que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, los jueces congelen la situación para que todo siga igual hasta que se llegue a un fallo definitivo. En el mientras tanto, los privados que han planteado una acción contra el Estado por temas patrimoniales pueden seguir con sus tareas diarias, con la marcha de sus negocios o manteniendo los bienes que se les quiere confiscar.
Pero, además, ahora se le agrega un escalón que le sumará más plazo al proceso, las nuevas Cámaras de Casación. Aunque suene tétrico, hay prevista una de Trabajo y Seguridad Social que puede llegar a demorar un par de años más los juicios de los jubilados, un excelente tapón legal para darle más tiempo a la gente para morirse.
Como se ve, todo lo que está sucediendo en la Argentina en materia judicial no es algo propio "de abogados", sino que es una cosa de todos los días que atañe a todo el mundo y no importa de qué condición social sea el perjudicado. El facilismo presidencial de subestimar a la sociedad al reducir tan delicada situación a una frase más o menos ingeniosa conspira contra la gravedad que merece la discusión del tema, porque la Justicia y la protección de derechos que implica su correcto funcionamiento en tiempo y forma es algo de todos los días.
Otro punto que entiende hasta el menos avispado, ya que es inherente al ser humano y a la vida en sociedad es el concepto de imparcialidad de los jueces. Sin embargo, el Gobierno está empeñado en que los magistrados explícitamente dejen de serlo y que fallen de acuerdo a lo que exige "la voluntad popular", en este cambio de fondo que se propicia de la organización nacional. Los más críticos han considerado los proyectos que están en el Congreso como una verdadera reforma constitucional sobre la división de poderes, que se ejecutará alegremente y sin cambiar la Carta Magna. Para ello, el Ejecutivo armó un esquema diferente de composición del Consejo de la Magistratura, con mayorías y minorías que van a surgir del voto popular, lo que le dará siempre al partido más votado la posibilidad de nombrar y remover jueces por mayoría simple dentro de ese organismo (hoy se necesitan dos tercios), lo que le permitirá al Presidente de turno poner magistrados parciales, sacar a los que no acompañen ideológicamente y avanzar contra todo tipo de derechos de los ciudadanos, sin que la Justicia se mosquee.
Es tan amplia la cesura, que se espera que las marchas y concentraciones del próximo jueves sean más contundente que las anteriores, pero no sólo en gente sino en consignas. Más allá del norte ideológico de sumar voluntades a como dé lugar, del que no se apartan, también los kirchneristas son campeones en instalar y desinstalar temas, de acuerdo a las necesidades del momento, como para salir lo más indemnes posible de las inundaciones y dar vueltas de campana, aún con traiciones transitorias a principios que parecían inmutables o a circunstancias que suponían un cambio.
En este último aspecto, lo que se suponía era un giro en la actitud presidencial en materia de diálogo, que parecía haber surgido del viaje al Vaticano, se trastocó rápidamente en imposición y autoritarismo. De aquel discurso de Cristina post-Francisco del "vamos a discutir, a hablar, a debatir, a acordar" se pasó a las manifestaciones de cuño dogmático del senador Aníbal Fernández sobre el paquete de leyes: "Ya viene discutido y preparado".
En aquel mensaje de lanzamiento de las seis leyes que mandó al Congreso para poner a la Justicia en línea con los paradigmas institucionales que pregona el kirchnerismo, Cristina Fernández no sólo expresó una falacia, sino que en paralelo pareció deslizar un prejuicio contra el entendimiento de los más humildes, quizás un modo subliminal de instalar, para bajarle el precio al tema, "a quién le importa todo esto, son cosas de abogados". Es verdad que la reforma judicial, que el Gobierno pomposamente llama "democratización de la Justicia" y que la oposición intenta demoler con argumentos político-judiciales ("la suma del poder público", "golpe como el del '76", "buscan impunidad") tiene aristas controvertidas y demasiado técnicas, pero es fácil de interpretar lo demagógico del dicho presidencial si se plantean ejemplos, sobre todo si se repara que los cambios pueden llegar a impactar a pleno en la vida cotidiana de todos los estratos sociales.
Los miles y miles de juicios de jubilados que creen que el Estado los ha perjudicado a través de los años, muchos de ellos con sentencias de ajuste que la Anses (el Estado), en franca rebelión, no atiende, pese a haber perdido los juicios y aun a requerimiento de la Corte Suprema, son una referencia muy sencilla para entender que no es verdad que los más necesitados no pleitean.
Un segundo dato obligado surge de la gran cantidad de recursos de amparo que presentaron los gremios, en nombre de sus afiliados, contra la flexibilidad laboral, la famosa "Ley Banelco", que en los años '90 avasallaba conquistas y avanzaba contra la sindicalización.
Por supuesto, que hay que recordar también el "corralito" que implantó el mismo Estado, aunque con otros ejecutores transitorios a cargo de la cosa pública, situación traumática que, de no haber mediado la Justicia, hubiese dejado a muchos más ahorristas en el camino. Igualmente, la omnipotencia estatal hizo quitas, entregó bonos y terminó descapitalizando a mucha gente.
Según Cristina, "cuando la medida es de neto corte patrimonial, cuando el Estado podría estar cometiendo, digamos, algo que perjudique económicamente a un tercero, no procede una medida cautelar porque, en definitiva, luego ese particular hará un juicio y ganará y le pagarán la indemnización por todos los daños que el Estado... (le ha producido)".
En esta afirmación está el nudo de lo amañado del concepto. Las medidas cautelares operan para que, sin tener que pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, los jueces congelen la situación para que todo siga igual hasta que se llegue a un fallo definitivo. En el mientras tanto, los privados que han planteado una acción contra el Estado por temas patrimoniales pueden seguir con sus tareas diarias, con la marcha de sus negocios o manteniendo los bienes que se les quiere confiscar.
Pero, además, ahora se le agrega un escalón que le sumará más plazo al proceso, las nuevas Cámaras de Casación. Aunque suene tétrico, hay prevista una de Trabajo y Seguridad Social que puede llegar a demorar un par de años más los juicios de los jubilados, un excelente tapón legal para darle más tiempo a la gente para morirse.
Como se ve, todo lo que está sucediendo en la Argentina en materia judicial no es algo propio "de abogados", sino que es una cosa de todos los días que atañe a todo el mundo y no importa de qué condición social sea el perjudicado. El facilismo presidencial de subestimar a la sociedad al reducir tan delicada situación a una frase más o menos ingeniosa conspira contra la gravedad que merece la discusión del tema, porque la Justicia y la protección de derechos que implica su correcto funcionamiento en tiempo y forma es algo de todos los días.
Otro punto que entiende hasta el menos avispado, ya que es inherente al ser humano y a la vida en sociedad es el concepto de imparcialidad de los jueces. Sin embargo, el Gobierno está empeñado en que los magistrados explícitamente dejen de serlo y que fallen de acuerdo a lo que exige "la voluntad popular", en este cambio de fondo que se propicia de la organización nacional. Los más críticos han considerado los proyectos que están en el Congreso como una verdadera reforma constitucional sobre la división de poderes, que se ejecutará alegremente y sin cambiar la Carta Magna. Para ello, el Ejecutivo armó un esquema diferente de composición del Consejo de la Magistratura, con mayorías y minorías que van a surgir del voto popular, lo que le dará siempre al partido más votado la posibilidad de nombrar y remover jueces por mayoría simple dentro de ese organismo (hoy se necesitan dos tercios), lo que le permitirá al Presidente de turno poner magistrados parciales, sacar a los que no acompañen ideológicamente y avanzar contra todo tipo de derechos de los ciudadanos, sin que la Justicia se mosquee.
Es tan amplia la cesura, que se espera que las marchas y concentraciones del próximo jueves sean más contundente que las anteriores, pero no sólo en gente sino en consignas. Más allá del norte ideológico de sumar voluntades a como dé lugar, del que no se apartan, también los kirchneristas son campeones en instalar y desinstalar temas, de acuerdo a las necesidades del momento, como para salir lo más indemnes posible de las inundaciones y dar vueltas de campana, aún con traiciones transitorias a principios que parecían inmutables o a circunstancias que suponían un cambio.
En este último aspecto, lo que se suponía era un giro en la actitud presidencial en materia de diálogo, que parecía haber surgido del viaje al Vaticano, se trastocó rápidamente en imposición y autoritarismo. De aquel discurso de Cristina post-Francisco del "vamos a discutir, a hablar, a debatir, a acordar" se pasó a las manifestaciones de cuño dogmático del senador Aníbal Fernández sobre el paquete de leyes: "Ya viene discutido y preparado".
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