1- ¿Cambiará la relación Estado - individuo?
2- ¿Cómo afectarán al ciudadano común?
3- ¿Pueden ser declarados inconstitucionales?
1. Desde el colapso económico-financiero, social y político del 2001/2002, los distintos gobiernos de turno sometieron a los argentinos a vivir en continua "emergencia pública" (ley 25.561), vulnerando gravemente sus derechos constitucionales de propiedad y de disfrutar de una tutela jurisdiccional efectiva. El paquete de proyectos de leyes para -supuestamente- "democratizar la Justicia", remitido al Congreso por la presidenta, Cristina Fernández, agrava la indefensión ciudadana y pone en serio riesgo la independencia del Poder Judicial.
2. Cristina pretende que los jueces, abogados y académicos que integren el CM sean electos por el voto popular y no por sus respectivos estamentos. Importará una brutal pérdida del derecho constitucional a contar con una Justicia independiente e imparcial. Con jueces seleccionados con organismos así politizados, se agravará la inseguridad jurídica. El control constitucional de las leyes no será efectuado en función de valores y principios constitucionales, sino de los postulados y acciones del ocasional partido mayoritario. En los futuros procesos electorales se fracturará nuestra sociedad, enfrentándose los trabajadores, agobiados por la presión impositiva, con los desempleados urgidos de ayuda estatal.
3. El cambio buscado en el CM importa una verdadera "contrarreforma" de los fines que impulsaron su creación constitucional en la Convención del 94. Es claramente inconstitucional. Cristina olvidó postular el "juicio por jurados", auténtico modo de "democratizar" la Justicia previsto en la Constitución desde 1853, controlando y participando el pueblo de la decisión de sus magistrados.