Se congeló la avanzada contra los dos jueces

En el verano, la avanzada alperovichista para remover el tribunal que entendió en el caso de María de los Ángeles Verón calentó el clima político tucumano. Pero, ya en otoño, casi se ha enfriado por completo la posibilidad de que el oficialismo cumpla con las exigencias de destitución que había planteado Susana Trimarco, madre de la mujer secuestrada hace 11 años.

Ayer, debido a una medida cautelar emanada el jueves desde la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), el Jury de Enjuiciamiento -órgano que resuelve si corresponde la expulsión de un magistrado- decidió acatar la orden judicial y suspender la acusación contra dos de los vocales de la sala II de la Cámara Penal, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano. El tercer integrante del tribunal, Emilio Herrera Molina, ya había sido beneficiado por otra cautelar, dictada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, en el marco de una pugna con el PE por haber truncado los trámites jubilatorios iniciados por el juez.

De esta manera, hasta tanto la Justicia no resuelva los planteos de fondo, el Jury de Enjuiciamiento no podrá avanzar contra los camaristas que, en diciembre, absolvieron por falta de pruebas a 13 acusados de privación ilegítima de la libertad y promoción de la prostitución en contra de "Marita" Verón.

Dos asuntos en el temario

El Jury se reunió ayer a las 9, en la Legislatura. Participaron todos sus miembros: Daniel Posse (presidente), por la CSJT; los alperovichistas Marcelo Caponio (vice), José "Gallito" Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el macrista Alberto Colombres Garmendia, por el parlamento; el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, por el PE; y Sebastián Herrera Prieto por los abogados matriculados.

"El Jurado se reunió en pleno para tomar conocimiento, en primer término, de la acusación formulada por la comisión de Juicio Político (de la Cámara), que nos habían hecho llegar los legisladores en el día de ayer (por el jueves). Es una acusación larga, y con voluminosa documentación", dijo Daniel Posse. Y agregó que, tras ese punto, se habló sobre la cautelar dictada el jueves por la Corte, integrada por los camaristas Salvador Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo); Sergio Gandur (vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo del miembro de la Corte del mismo apellido) y Marcela Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Común). Estos magistrados intervienen ya que el proceso iniciado por la queja de Romero Lascano contra la conformación del Jury cuestiona acordadas firmadas por los vocales originales del alto tribunal, Antonio Estofán, René Goane, Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse.

"Hemos decidido cumplir con la medida y suspender la sustanciación de este juicio, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo (en las causas Romero Lascano y Herrera Molina), tal cual lo dice la sentencia", aseguró el titular del órgano. Y, respecto de los plazos estimados para conocer si se proseguirá con la acusación, Daniel Posse afirmó que "no hay un tiempo exacto o preciso". "Pero no son cuestiones tan complejas como para que se dilate en exceso. Pienso que las medidas cautelares son razonables cuando se dictan en función de proteger los intereses de las personas involucradas y cuando se acredita determinada verosimilitud al derecho invocado. Pero entiendo que, en todas las causas, estas cautelares no se pueden prolongar en exceso", afirmó el vocal de la CSJT.

Daniel Posse, además, sostuvo que "jamás" ha integrado, en simultáneo, el Consejo Asesor de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento, algo que la Constitución provincial prohibe y que Romero Lascano cuestiona. "Pero está perfecto que se lo evalúe (en la Justicia)", aclaró.

Su hermano, Posse Ponessa, relató que el PE aún puede concretar acciones para tratar de avanzar con la acusación. "(El Gobierno) tiene todos los remedios procesales (para derribar la cautelar). Eso lo verán los directores a cargo del proceso, pero no tengo conocimiento porque estoy excusado", remarcó.

Piedrabuena, Herrera Molina y Romero Lascano quedaron mucho más aliviados que el miércoles, cuando el comité de Juicio Político decidió acusarlos, entre otros motivos, por no respetar los protocolos respecto a las testigos-víctimas en casos de trata de personas. Así, la avanzada alperovichista se ha enfriado. Resta conocer cómo reaccionan ante este "cambio de temperatura" Trimarco y la Casa Rosada, que le había dado su apoyo expreso a la mamá de Marita Verón en su afán de remover a los jueces.

Ecos del proceso

En funciones.- El titular del Jury de Enjuiciamiento y vocal de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Daniel Posse, aclaró que el organismo no está inhabilitado para intervenir en otras eventuales acusaciones contra jueces tucumanos. "(Esta resolución de suspensión) es sobre un proceso puntual, y respecto a tres magistrados. El Jury, hoy (por ayer), ha designado su secretaria administrativa y sigue trabajando", dijo el ex secretario de Derechos Humanos del PE.

¿Seguirá "Gallito"?.- El referente alperovichista José "Gallito" Gutiérrez es uno de los legisladores que integra el Jurado de Enjuiciamiento. Pero, más allá de la suspensión del proceso contra el tribunal del caso Verón, es incierto si el parlamentario podrá participar en el juzgamiento. Entre 1999 y 2002, el padre de Marita, Daniel Verón, fue asesor de "Gallito" en la Legislatura, y según fuentes del parlamento, el dirigente de Garmendia confiaba mucho en su empleado. ¿Se excusará de participar en el trámite contra los tres camaristas?

Límites.- El Grupo Alberdi cuestionó la decisión de la comisión de Juicio Político de la Legislatura de haber elevado, el miércoles, la acusación contra dos jueces por su desempeño en el caso Verón. "(Esta acción) lleva al límite las transgresiones a la Constitución Nacional, que establece la independencia del Poder Judicial. Las sentencias se evalúan y corrigen en el ámbito de ese poder, prohibiendo al PE conocer en las causas pendientes ni restablecer las fenecidas, directa o indirectamente", indicaron Clímaco de la Peña, Teresa Piossek Prebisch, Elsa Margarita Moreno y Adolfo Poliche. Y agregaron que esas normas "han sido ignoradas por la comisión legislativa, siguiendo una política del Ejecutivo provincial concordante con la política que, al respecto, se sigue en el Gobierno nacional, desconociendo normas que son producto de un pueblo y no de un gobierno".