La Justicia frena el pedido de Susana Trimarco

El horizonte cambió en cuestión de 24 horas. Cuando todo parecía encaminarse irreversiblemente hacia la destitución que había pedido Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, apareció la Corte Suprema de Justicia de Tucumán con la cautelar que suspendió la decisión de enjuiciar a Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena, vocales de la Sala II de la Cámara Penal. Previamente, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo había apartado provisoriamente del proceso de remoción a Emilio Herrera Molina, tercer vocal del tribunal que el 11 de diciembre absolvió a los acusados de secuestrar y prostituir a "Marita".

La Corte detuvo así los efectos de la resolución que este miércoles dio a conocer la comisión de Juicio Político de la Legislatura. Con el voto de sus 11 miembros alperovichistas -y la oposición de su único legislador no oficialista, Ricardo Bussi-, el comité juzgó que correspondía acusar a Romero Lascano y a Piedrabuena ante el Jurado de Enjuiciamiento. Ese acto dio pie al alto tribunal para resolver sobre la cautelar que había pedido Romero Lascano en febrero en el ámbito de la acción declarativa de inconstitucionalidad en la que impugnó la designación de representantes del Poder Ejecutivo (PE) y de la Corte en el Jury.

Al menos original

La suspensión del proceso de remoción fue decidida en tiempo récord, tan sólo un puñado de horas después de que Piedrabuena adhiriese al juicio de su compañero de estrado. Como el pleito cuestiona acordadas firmadas por los cinco vocales titulares de la Corte (Antonio Estofán -presidente-, René Goane, Antonio Gandur, Claudia Sbdar y Daniel Posse), el alto tribunal fue integrado por Salvador Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo); Sergio Gandur (vocal de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo e hijo del miembro de la Corte del mismo apellido) y Marcela Ruiz (vocal de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Común).

"Tratándose en la especie de una denuncia única y plural formulada en contra de más de un magistrado, la suspensión del proceso de enjuiciamiento político seguido en contra de uno de ellos (Herrera Molina obtuvo una medida cautelar en tal sentido el 28 de marzo pasado), torna igualmente prudente el acogimiento favorable de la medida cautelar que se solicitara", argumentaron Gandur y los dos Ruiz. Los jueces dispusieron que la suspensión perdure hasta al dictado de un pronunciamiento de fondo en el expediente de Romero Lascano y Piedrabuena, y la conclusión del juicio de Herrera Molina. Ese segundo proceso (una acción de amparo contra el decreto del PE que rechazó la dimisión del camarista) tramita ante otro tribunal y su inclusión en el texto de la resolución resulta por lo menos original para los cánones de los Tribunales.

La medida alivió a sus beneficiarios, que este jueves a la siesta se permitieron una sonrisa mientras cumplían el trámite de la notificación en la Casa de Gobierno. "Nos sentimos reconfortados y satisfechos. Nosotros nos manejamos con la Constitución", dijo Piedrabuena a LA GACETA. "La comisión de Juicio Político no respetó el debido proceso. Hay una larga lista de irregularidades", añadió Romero Lascano.

Primera vez

El 14 de marzo pasado, la Corte integrada por los camaristas Salvador Ruiz, Ebe López Piossek (Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) y Horacio Castellanos (Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo) se había declarado competente para intervenir en el juicio que inició Romero Lascano y que originalmente recayó en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. En esa misma resolución, el alto tribunal había postergado la decisión sobre la cautelar hasta tanto la comisión de Juicio Político definiese si acusaba a los juzgadores (la resolución de ayer consigna que López Piossek está de licencia y que Castellanos se excusó en el pleito).

El juicio de Romero Lascano apunta a desarticular al Jurado de Enjuiciamiento. Ese órgano incorporado a la Constitución durante la reforma de 2006 se constituyó por primera vez tras la promesa de Trimarco de "no parar hasta destituir a los jueces corruptos" (de la Sala II de la Cámara Penal).

En la demanda, Romero Lascano planteó la inconstitucionalidad de la designación de Posse y Goane como respectivos representantes titular y suplente de la Corte en el Jury. Con el patrocinio del letrado Julio Rougés, el juez adujo que esa decisión violó la cláusula de la Constitución (artículo 126) que prohibía integrar el Jurado con miembros del Consejo Asesor de la Magistratura. Según Romero Lascano, esa incompatibilidad de orden público no podía ser salvada con la posterior renuncia de Posse y Goane a sus cargos de consejeros (dimisión que estos formalizaron el 27 de diciembre pasado).

Contra dos hermanos

La demanda objetó en segundo término la constitucionalidad de la designación de Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano del vocal de la Corte, como representante del PE en el Jurado. El camarista argumentó que el artículo 126 de la Constitución incurre en una contradicción al prescribir que el Jury se constituye con un representante del PE (además de cinco de la Legislatura, uno de la Corte y uno de los abogados en ejercicio de la profesión) y prohibir la participación del gobernador. Romero Lascano expresó que la designación del fiscal de Estado, que representa al PE y es elegido por su titular, supone una violación de la prohibición antedicha, además de una ruptura de la garantía objetiva de imparcialidad que debería brindar el Jurado.

El juez extendió aquel reproche al representante de la Corte y ex secretario de Derechos Humanos alperovichista. Aunque precisó que no abría opinión sobre la persona de Daniel Posse, interpretó que su presencia en el Jury estaba dirigida a asegurar el plan de destitución que diseñó el oficialismo para complacer a Trimarco.

El planteo de Romero Lascano pone en tela de juicio al diseño del instituto que consagró la Convención Constituyente con mayoría afín al gobernador José Alperovich. No parece que vaya a ser un proceso judicial rápido, aunque ese horizonte, ya está visto, puede cambiar radicalmente en 24 horas.

"Se darán cuenta de que no nos metemos con otros poderes"

El duro revés judicial que recibió ayer al mediodía el oficialismo parece no haber perturbado al gobernador, José Alperovich. Sereno, habló durante la tarde con LA GACETA, minutos antes de viajar a la comuna de Teniente Berdina, en Monteros, para entregar módulos habitacionales.

En ese breve diálogo, el mandatario se excusó y dijo que todavía no tenía precisiones acerca del fallo, dictado por la Corte Suprema de Justicia, que suspendió el Jury de Enjuiciamiento en contra de los jueces Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena.

Ambos magistrados iban a ser juzgados por su desempeño en el debate oral por el secuestro y promoción a la prostitución de María de los Ángeles Verón. "No conozco el fallo. No conozco absolutamente nada. Ya lo veremos, pero nosotros siempre hemos acatado lo que dijo la Justicia", remarcó.

Después, analizó el impacto de la decisión de la Corte Suprema y adelantó cuáles serán los pasos a seguir por el PE. "La Corte ya decidió y creo que esto tiene efecto suspensivo (sobre el Jury). Sin embargo, hay que analizar el fallo para ver si es posible apelar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Todavía hay que analizarlo, pero vamos a agotar todas las instancias que sean necesarias", explicó.

Todavía no se sabe cuál será la reacción de Susana Trimarco, la madre de "Marita" Verón, ante la suspensión del Jury. Pero el gobernador aseguró que la continuará acompañando en cualquier decisión que tome. Trimarco está fuera del país y fue ella quien pidió que los magistrados Romero Lascano, Piedrabuena y Emilio Herrera Molina fueran destituidos de sus cargos luego de que dejaran en libertad a los 13 imputados por la desaparición de su hija.

"Mi obligación como gobernador es ayudarla en todo, y voy a ayudarla en todo. Siempre le hemos brindado nuestro apoyo. Es una madre que perdió a su hija hace 11 años y no la encuentra. Lucha por encontrarla. Cómo no la voy a apoyar; sería un sinvergüenza si no lo hiciera", resaltó.

El accionar de la Justicia

En diciembre, cuando los acusados de secuestrar y promover la prostitución de "Marita" Verón quedaron libres, se rumoreaba que el Poder Judicial de Tucumán iba a ser intervenido por la Nación. Ayer, al ser consultado sobre esto Alperovich enfatizó: "No, eso es imposible. Es imposible".

Por último, el mandatario analizó el accionar de la Justicia en la provincia. "Cuando la Justicia juega en contra del Poder Ejecutivo, según ustedes (por los medios), hay calidad institucional. Pero cuando la Justicia juega a favor del PE (dicen que) no hay calidad institucional. Con esto, se darán cuenta de que no nos entrometemos en otros poderes", aseveró el gobernador.

"Esto no puede quedar abierto".- "Acá hay una intencionalidad política muy clara, por parte de algunos sectores de la política, y me parece que también de algunos sectores de la corporación judicial, quienes me imagino que protegen los mismos intereses que estos tres jueces", reclamó ayer uno de los abogados de Susana Trimarco, Carlos Garmendia. El letrado de la Fundación María de los Ángeles garantizó que los vocales de la sala II de la Cámara penal "tenían tomada con antelación la decisión de absolver" a los 13 acusados del juicio. Además, afirmó que la defensa de los magistrados "utilizó la misma estrategia que los acusados en el debate oral y público: decir que había presión política". Luego, sobre la decisión de la Corte de suspender el proceso contra los magistrados, afirmó: "esperamos que el alto tribunal mande a que se resuelva rápido esta cuestión; corresponde que ellos sean juzgados por el Jury de Enjuiciamiento, porque ya han sido acusados por Juicio Político y esto no puede quedar abierto".

Independencia judicial.- "Como venimos manifestando públicamente, los principios que defendemos son los de la independencia judicial. Nosotros consideramos que se ha variado un estándar en la comisión de Juicio Político", afirmó ayer Liliana Vitar, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, en la movilización que realizaron judiciales ayer a la mañana en la sede penal de Tribunales.

Disidencia.- "Creo que este es un tema político que no se sujeta a la ley, como tantos actos políticos del alperovichismo", afirmó Ricardo Bussi (FR), quien votó por no acusar a los jueces en la comisión de Juicio Político. Además, criticó que el ex vicegobernador mirandista Sisto Terán (PJ) haya presidido el comité parlamentario y dirigido el proceso. "Es una incompatibilidad que el legislador debería haber contemplado y, en su caso, me hubiera excusado", expresó el opositor.