03 Abril 2013
El oficialismo acusaría hoy a dos magistrados
Los 11 legisladores alperovichistas que integran la comisión votarán a favor de que los jueces del caso Verón afronten un Jury. El presidente de la comisión, Sisto Terán, será el encargado de leer la resolución que afectaría a Romero Lascano y Piedrabuena. Herrera Molina ya fue separado
FUTURO INCIERTO. Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena conocerán hoy la decisión de la Legislatura. LA GACETA / FOTOS DE JORGE OLMOS SGROSSO
Todo está dicho. A menos que hoy a primera hora ocurra un imprevisto o un nuevo incidente jurídico, dos de los tres jueces que absolvieron a los 13 imputados por la desaparición de Marita Verón, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, serán acusados por la comisión de Juicio Político para luego ser sometidos al Jury de Enjuiciamiento, que analizará la destitución de ambos.
El otro integrante del tribunal, el juez Emilio Herrera Molina, fue excluido del proceso legislativo a raíz de una cautelar en su favor dictada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El magistrado, a través de sus abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo, logró que la Justicia le ordene al Poder Ejecutivo que revea el rechazo al pedido de renuncia del camarista. Y que no desatienda su delicado estado de salud.
Desde la comisión de Juicio Político descuentan que los 11 integrantes alperovichistas votarán por la acusación de los dos magistrados. Sólo el opositor Ricardo Bussi (FR) se pronunciará en contra, tal como lo anunció a LA GACETA en la edición de ayer.
Pese a que el alperovichismo ya tiene decisión tomada respecto del futuro de los jueces, y que durante la tarde de ayer la comisión ya tenía casi terminado el escrito que Sisto Terán leerá hoy como presidente del comité, algunos legisladores tratan de ser cautos y prefieren esperar a lo que suceda durante la mañana. "La única manera de que se frene el proceso de acusación contra los dos jueces es a través de una cautelar de la Justicia", opinó una fuente allegada la comisión de Juicio Político.
Durante el proceso que comenzó en los primeros días de marzo, siete testigos fueron los que comparecieron ante el grupo de trabajo. Los legisladores escucharon los testimonios de los testigos Sibila Camps (periodista), María Balderrama Tagliapietra (psiquiatra), Dafna María Alfie (psicóloga), Lidia Inés Avellaneda (defensora de Menores), Marina Schwarts (especialista de la Oficina de Rescate), Zaida Gabriela Gatti (coordinadora de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación) y Daniel Adler (fiscal federal de Mar del Plata). Este último dio su testimonio por escrito.
La celebración de las Pascuas y el fin de semana largo por el feriado del 2 de Abril (conmemoración por la guerra de Malvinas) no impidió que los referentes de la comisión siguieran trabajando contrarreloj para tener lista la redacción que define la acusación a Piedrabuena y Romero Lascano.
Según trascendió, las autoridades del comité se reunirán a partir de las 8 para organizar la lectura del expediente que, en principio, se produciría por la tarde.
En las últimas semanas, más allá de las reuniones en las que se tomaron decisiones, Terán, Guillermo Gassenbauer (vicepresidente de la comisión) y otros referentes del PJ, como JoséOrellana y Roque Tobías Álvarez, mantuvieron otras charlas en la Cámara para analizar si, como denunció Susana Trimarco, los vocales de la sala II de la Cámara Penal tuvieron un mal desempeño.
Para que avance la acusación contra los jueces, la comisión de Juicio Político requiere de la voluntad de los dos tercios de sus miembros. Luego, el expediente será elevado a al Jury de Enjuiciamiento. Este órgano está conformado por un representante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Daniel Posse); cinco de la Legislatura (los alperovichistas Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el macrista Alberto Colombres Garmendia); uno del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano de Daniel Posse), y un representante de los abogados (Sebastián Herrera Prieto).
Lidia Inés Avellaneda - Defensora de menores
"El tribunal cumplió acabadamente sus funciones. Ejerció funciones correctivas en todo el proceso. Siempre procedieron con corrección; no podría decir absolutamente nada más".
Síbila Camps - Periodista del diario Clarín
"Abogados defensores tuvieron una actitud muy agresiva con las testigos. El tribunal no tuvo una actitud de decir 'no, vamos a ver cómo ponemos límite a este tipo de situaciones'".
Marina Schwarts - Especialista de la Oficina de Rescate
"Al momento en que declaraban las testigos en la sala noté falta de límites hacia los imputados y los defensores de los imputados. Se burlaban, se reían; las testigos se ponían nerviosas".
Maria B. Tagliapietra - Psiquiatra, acompañó a una testigo
"Yo lo que puedo decir en cuanto al trato, a las formas del tribunal hacia la testigo Blanca, digamos las formas sociales y respetuosas, ha estado todo bien".
Zaida Gabriela Gatti - Coordina la Oficina de Rescate
"La conducta del tribunal fue la de no tomar exactamente todas las recomendaciones. Por ejemplo, la no presencia de los imputados en la sala. Esto no fue tomado".
Dafna Marina Alfie - Psicóloga, asiste a víctimas de trata
"Tal vez deberían haber tenido mayores recaudos... sobre todo al hostigamiento que recibieron de los defensores. Sí se deberían haber profundizado estas medidas de cuidado".
Daniel Adler - Fiscal federal de Mar del Plata
"Los jueces de juicio oral se encuentran en una especial situación, pues tienen no sólo el deber de proteger a las víctimas, sino la obligación de asegurar a los imputados el derecho al careo".
El otro integrante del tribunal, el juez Emilio Herrera Molina, fue excluido del proceso legislativo a raíz de una cautelar en su favor dictada por la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El magistrado, a través de sus abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo, logró que la Justicia le ordene al Poder Ejecutivo que revea el rechazo al pedido de renuncia del camarista. Y que no desatienda su delicado estado de salud.
Desde la comisión de Juicio Político descuentan que los 11 integrantes alperovichistas votarán por la acusación de los dos magistrados. Sólo el opositor Ricardo Bussi (FR) se pronunciará en contra, tal como lo anunció a LA GACETA en la edición de ayer.
Pese a que el alperovichismo ya tiene decisión tomada respecto del futuro de los jueces, y que durante la tarde de ayer la comisión ya tenía casi terminado el escrito que Sisto Terán leerá hoy como presidente del comité, algunos legisladores tratan de ser cautos y prefieren esperar a lo que suceda durante la mañana. "La única manera de que se frene el proceso de acusación contra los dos jueces es a través de una cautelar de la Justicia", opinó una fuente allegada la comisión de Juicio Político.
Durante el proceso que comenzó en los primeros días de marzo, siete testigos fueron los que comparecieron ante el grupo de trabajo. Los legisladores escucharon los testimonios de los testigos Sibila Camps (periodista), María Balderrama Tagliapietra (psiquiatra), Dafna María Alfie (psicóloga), Lidia Inés Avellaneda (defensora de Menores), Marina Schwarts (especialista de la Oficina de Rescate), Zaida Gabriela Gatti (coordinadora de la Oficina de Rescate del Ministerio de Justicia de la Nación) y Daniel Adler (fiscal federal de Mar del Plata). Este último dio su testimonio por escrito.
La celebración de las Pascuas y el fin de semana largo por el feriado del 2 de Abril (conmemoración por la guerra de Malvinas) no impidió que los referentes de la comisión siguieran trabajando contrarreloj para tener lista la redacción que define la acusación a Piedrabuena y Romero Lascano.
Según trascendió, las autoridades del comité se reunirán a partir de las 8 para organizar la lectura del expediente que, en principio, se produciría por la tarde.
En las últimas semanas, más allá de las reuniones en las que se tomaron decisiones, Terán, Guillermo Gassenbauer (vicepresidente de la comisión) y otros referentes del PJ, como JoséOrellana y Roque Tobías Álvarez, mantuvieron otras charlas en la Cámara para analizar si, como denunció Susana Trimarco, los vocales de la sala II de la Cámara Penal tuvieron un mal desempeño.
Para que avance la acusación contra los jueces, la comisión de Juicio Político requiere de la voluntad de los dos tercios de sus miembros. Luego, el expediente será elevado a al Jury de Enjuiciamiento. Este órgano está conformado por un representante de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (Daniel Posse); cinco de la Legislatura (los alperovichistas Marcelo Caponio, José Gutiérrez, Raúl Hadla y Alejandra Cejas, y el macrista Alberto Colombres Garmendia); uno del Poder Ejecutivo (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado y hermano de Daniel Posse), y un representante de los abogados (Sebastián Herrera Prieto).
Lidia Inés Avellaneda - Defensora de menores
"El tribunal cumplió acabadamente sus funciones. Ejerció funciones correctivas en todo el proceso. Siempre procedieron con corrección; no podría decir absolutamente nada más".
Síbila Camps - Periodista del diario Clarín
"Abogados defensores tuvieron una actitud muy agresiva con las testigos. El tribunal no tuvo una actitud de decir 'no, vamos a ver cómo ponemos límite a este tipo de situaciones'".
Marina Schwarts - Especialista de la Oficina de Rescate
"Al momento en que declaraban las testigos en la sala noté falta de límites hacia los imputados y los defensores de los imputados. Se burlaban, se reían; las testigos se ponían nerviosas".
Maria B. Tagliapietra - Psiquiatra, acompañó a una testigo
"Yo lo que puedo decir en cuanto al trato, a las formas del tribunal hacia la testigo Blanca, digamos las formas sociales y respetuosas, ha estado todo bien".
Zaida Gabriela Gatti - Coordina la Oficina de Rescate
"La conducta del tribunal fue la de no tomar exactamente todas las recomendaciones. Por ejemplo, la no presencia de los imputados en la sala. Esto no fue tomado".
Dafna Marina Alfie - Psicóloga, asiste a víctimas de trata
"Tal vez deberían haber tenido mayores recaudos... sobre todo al hostigamiento que recibieron de los defensores. Sí se deberían haber profundizado estas medidas de cuidado".
Daniel Adler - Fiscal federal de Mar del Plata
"Los jueces de juicio oral se encuentran en una especial situación, pues tienen no sólo el deber de proteger a las víctimas, sino la obligación de asegurar a los imputados el derecho al careo".
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