La decisión de la Justicia de que se aparte al juez Emilio Herrera Molina del proceso acusatorio efectuado por la comisión de Juicio Político de la Cámara ha cambiado, en parte, los planes del comité parlamentario. Con el renunciante magistrado de la sala II de la Cámara Penal más cerca de la jubilación, el cuerpo legislativo avanzará -al menos por ahora- sólo contra los otros dos vocales del tribunal, Alberto Piedrabuena y Eduardo Romero Lascano, a quienes se investiga en el comité por su presunto mal desempeño en el juicio oral por el caso de María de los Ángeles Verón.
"Si la Justicia lo dice, él (por Herrera Molina) queda afuera del juicio (político). El proceso, de todas maneras, continuará y será idéntico, sobre las mismas bases, pero en lugar de ser tres magistrados (los investigados por su labor), serán dos", le explicó a LA GACETA el legislador alperovichista Guillermo Gassenbauer, vicepresidente de la comisión de Juicio Político.
En diciembre, tras unos 10 meses de debate oral y público, la sala II de la Cámara Penal absolvió, por falta de pruebas, a 13 acusados en el caso de "Marita" Verón, quien fue secuestrada en abril de 2002 y hasta ahora no fue rescatada. Tras el fallo, la madre de la víctima, Susana Trimarco, acusó al tribunal ante la Legislatura porque, según su versión, entre otras presuntas irregularidades, no se respetaron las convenciones internacionales que establecen parámetros de protección para víctimas de trata de personas que prestan declaración.
La comisión de Juicio Político del parlamento, presidida por el ex vicegobernador mirandista Sisto Terán, tiene 11 integrantes de la bancada alperovichista y sólo uno de la oposición. Las versiones en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento indican que, desde Casa de Gobierno, se habría repetido una directiva enviada desde La Rosada: si existe la chance de avanzar en la acusación -y en la posible destitución- de los tres magistrados, se los debe expulsar del Poder Judicial. Esto, cuentan esas versiones, está vinculado a las repercusiones políticas que tuvo el caso Verón a nivel nacional. Trimarco, quien tiene "línea directa" con la presidenta, Cristina Fernández, ya ha anunciado que hará lo que esté a su alcance para remover a los jueces.
Esto, por ahora, no será posible en el caso de Herrera Molina. El magistrado, a través de sus abogados Arnaldo Ahumada y Roberto Toledo, consiguió que la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo le ordene al PE que revea el rechazo al pedido de renuncia del juez. Y que no desatienda su delicado estado de salud. Los defensores del vocal avanzaron, y el jueves obtuvieron una resolución favorable en la cautelar que dictó el juez Carlos Eugenio Giovanniello. Así, el proceso contra Herrera Molina quedó suspendido por ahora, más allá del contraataque del alperovichismo en los Tribunales.
"El jueves recibimos la notificación de la Justicia, poco después del mediodía. Sabemos que se ha interpuesto la cautelar, y aceptaremos lo que dijo la Cámara en lo Contencioso Administrativo", advirtió Gassenbauer. Y aclaró que los días hábiles para la comisión vuelven a correr el próximo miércoles a las 8. Ese día, a las 18, se espera que Terán dé lectura a la resolución del comité legislativo.
Así las cosas, el alperovichismo ya trabaja en el escrito definitivo sin tener el cuenta el nombre de Herrera Molina. Pero algunos oficialistas no descartan que la Justicia dé vuelta la situación antes de que termine el feriado largo, le otorgue la razón a la Fiscalía de Estado y posibilite que el grupo parlamentario avance en la acusación contra este magistrado. En ese caso, la comisión sí podría decidir parte del futuro del juez.
Algunos procesos en curso
- Juicio político en el parlamento.- Una comisión integrada por 11 alperovichistas y un opositor tiene plazo hasta el 4 de abril (se expediría un día antes) para resolver si corresponde la acusación de Susana Trimarco contra los vocales Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.
- La disputa por la renuncia.- En diciembre, tras el debate oral por el caso de Marita Verón, el camarista Emilio Herrera Molina presentó la renuncia condicionada con el objetivo de acogerse a la jubilación. El gobernador, José Alperovich, rechazó la dimisión del magistrado, debido a que existe un proceso en curso en su contra en la Legislatura. Esto motivó que Herrera Molina, a través de sus representantes legales, hiciera un planteo judicial. La sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo favoreció con un fallo.
- Pedido de apartamiento.- La Justicia benefició a Herrera Molina al entender que su estado de salud es delicado y el proceso en el parlamento puede perjudicarlo. Por eso, a pedido de sus abogados, fue separado de ese trámite.
- Las réplicas del Gobierno.- La Fiscalía de Estado, a cargo de Jorge Posse Ponessa, contraatacó en los Tribunales, y busca dejar sin efecto las medidas que favorecieron procesalmente a Herrera Molina.
- Otros fallos vinculados al caso Verón.- La Corte Suprema de justicia de Tucumán debe resolver aún la casación de la causa penal. Además, se encargará del planteo de Eduardo Romero Lascano contra el Jury de Enjuiciamiento, quien cuestiona los actos de integración del jurado.