Por Irene Benito
28 Marzo 2013
La Justicia ha comenzado a meter palos en la rueda que echó a rodar Susana
Trimarco cuando prometió que no pararía hasta destituir a los tres jueces
que, según dicen, se resistieron a condenar sin pruebas. El engranaje alperovichista, en
este caso funcional a los deseos de Trimarco, hizo todo como ella quiso
mientras la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo se lo
permitió. Hasta hace una semana, parecía que sólo un milagro iba a salvar
del "patíbulo" legislativo a los jueces Emilio Herrera Molina, Eduardo
Romero Lascano y Alberto Piedrabuena: la sentencia del martes y la cautelar
de este Jueves Santo cambian ese pronóstico triunfal irreversible por otro
más moderado e incierto.
Mientras tanto, la Casa de Gobierno se esfuerza por mantener la posición pro Trimarco que enarboló aquel 12 de diciembre de 2012, cuando el gobernador se entrevistó con la mamá de "Marita" en la onegé antitrata que esta preside. Alperovich no quiere (o puede) echarse para atrás, pero, quizá, no vería con malos ojos que la Justicia salve el pellejo de sus miembros. Además de disolver un proceso de enjuiciamiento con déficits de legalidad (que consume abundante energía en un año electoral), la solución le permitiría cargar las tintas sobre unos Tribunales impopulares que no sólo absolvieron a los 13 sospechosos de secuestrar y promover la prostitución de la hija de Trimarco, sino que también impidieron degollar -metafóricamente hablando- a quienes perpetraron tal osadía judicial.
Goma vareada
Pero los palos en la rueda llegan porque el neumático se aventura por mal camino. No aceptar la renuncia de Herrera Molina fue toda una sobreactuación: con ese decreto, el jefe del PE dejó de lado un código que asiste desde tiempo inmemorial al funcionario público expuesto a un proceso de remoción. Esta tradición es respetada por lo menos desde 1911 en la órbita nacional, según los camaristas Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (conviene recordar, por ejemplo, que en 2007 el ex juez federal Jorge Parache renunció acorralado por un sumario en el Consejo de la Magistratura). Con el rechazo de la dimisión del camarista penal, Alperovich quebró el estándar que, sin ir más lejos, había aplicado en 2004, cuando aceptó las dimisiones que presentaron el ex juez civil Julio César Mustafá y el ex fiscal Gustavo Estofán durante el trámite de denuncias de juicio político en su contra.
Son palos en la rueda que incomodan al conductor del carro provincial, que por ahora no se ha pronunciado sobre el cáncer que padece Herrera Molina y que da por desconocido el dictamen de su fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, que aconsejaba la aceptación de la dimisión. Alperovich dice que no sabe de qué se trata (ese acto fallido), y los letrados de la Provincia, Javier Cristóbal Amuchastegui y Sebastián Grunauer, se olvidaron de adjuntar la opinión -no vinculante- entre las copias que dejaron en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Eso, en la jerga de Tribunales, se llama chicana. Acongoja que el Gobierno practique la deslealtad procesal, pero no sorprende. Y también acongoja que no sorprenda.
Son palos en la rueda que pueden devenir en apaleada si la comisión de Juicio Político de la Legislatura decide acusar a Piedrabuena y a Romero Lascano ante el Jurado de Enjuiciamiento (tiene plazo legal hasta el 4 de abril). Porque la Corte -integrada por camaristas en lo Contencioso Administrativo- aún debe revisar el planteo de fondo que formuló Romero Lascano contra (¡atención!) los actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento y el alto tribunal anticipó que iba abordar el tema si la acusación se concretaba. El Jurado (órgano a cargo de resolver la destitución de los funcionarios no sometidos a juicio político) fue incorporado a la Constitución en 2006 y diseñado por la misma mayoría de convencionales alperovichistas cuya tarea reformadora ya sufrió cuatro reveses judiciales -el último, este 20 de marzo-. Romero Lascano no es el único que pleitea contra la configuración de ese instituto: el Colegio de Abogados de la Capital también lo objetó y su cuestionamiento aún puede ser atendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, la Casa de Gobierno se esfuerza por mantener la posición pro Trimarco que enarboló aquel 12 de diciembre de 2012, cuando el gobernador se entrevistó con la mamá de "Marita" en la onegé antitrata que esta preside. Alperovich no quiere (o puede) echarse para atrás, pero, quizá, no vería con malos ojos que la Justicia salve el pellejo de sus miembros. Además de disolver un proceso de enjuiciamiento con déficits de legalidad (que consume abundante energía en un año electoral), la solución le permitiría cargar las tintas sobre unos Tribunales impopulares que no sólo absolvieron a los 13 sospechosos de secuestrar y promover la prostitución de la hija de Trimarco, sino que también impidieron degollar -metafóricamente hablando- a quienes perpetraron tal osadía judicial.
Goma vareada
Pero los palos en la rueda llegan porque el neumático se aventura por mal camino. No aceptar la renuncia de Herrera Molina fue toda una sobreactuación: con ese decreto, el jefe del PE dejó de lado un código que asiste desde tiempo inmemorial al funcionario público expuesto a un proceso de remoción. Esta tradición es respetada por lo menos desde 1911 en la órbita nacional, según los camaristas Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (conviene recordar, por ejemplo, que en 2007 el ex juez federal Jorge Parache renunció acorralado por un sumario en el Consejo de la Magistratura). Con el rechazo de la dimisión del camarista penal, Alperovich quebró el estándar que, sin ir más lejos, había aplicado en 2004, cuando aceptó las dimisiones que presentaron el ex juez civil Julio César Mustafá y el ex fiscal Gustavo Estofán durante el trámite de denuncias de juicio político en su contra.
Son palos en la rueda que incomodan al conductor del carro provincial, que por ahora no se ha pronunciado sobre el cáncer que padece Herrera Molina y que da por desconocido el dictamen de su fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, que aconsejaba la aceptación de la dimisión. Alperovich dice que no sabe de qué se trata (ese acto fallido), y los letrados de la Provincia, Javier Cristóbal Amuchastegui y Sebastián Grunauer, se olvidaron de adjuntar la opinión -no vinculante- entre las copias que dejaron en la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Eso, en la jerga de Tribunales, se llama chicana. Acongoja que el Gobierno practique la deslealtad procesal, pero no sorprende. Y también acongoja que no sorprenda.
Son palos en la rueda que pueden devenir en apaleada si la comisión de Juicio Político de la Legislatura decide acusar a Piedrabuena y a Romero Lascano ante el Jurado de Enjuiciamiento (tiene plazo legal hasta el 4 de abril). Porque la Corte -integrada por camaristas en lo Contencioso Administrativo- aún debe revisar el planteo de fondo que formuló Romero Lascano contra (¡atención!) los actos de integración del Jurado de Enjuiciamiento y el alto tribunal anticipó que iba abordar el tema si la acusación se concretaba. El Jurado (órgano a cargo de resolver la destitución de los funcionarios no sometidos a juicio político) fue incorporado a la Constitución en 2006 y diseñado por la misma mayoría de convencionales alperovichistas cuya tarea reformadora ya sufrió cuatro reveses judiciales -el último, este 20 de marzo-. Romero Lascano no es el único que pleitea contra la configuración de ese instituto: el Colegio de Abogados de la Capital también lo objetó y su cuestionamiento aún puede ser atendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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