La Justicia suspende el trámite de la denuncia contra el juez Herrera Molina

El juez Emilio Herrera Molina no podrá ser destituido mientras esté en vigor la cautelar que Carlos Giovanniello, vocal de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, dictó este Jueves Santo. El magistrado hizo lugar al pedido que formuló el miembro de la Sala II de la Cámara Penal inmediatamente después de conocer, por un lado, la sentencia que hizo lugar a su acción de amparo y, por el otro, la intención del Poder Ejecutivo (PE) de recurrir el fallo.

La última resolución dictada en el expediente "Herrera Molina" suspende el proceso de enjuiciamiento que propicia la comisión de Juicio Político de la Legislatura hasta tanto exista decisión definitiva sobre la renuncia del actor. La medida cautelar sólo beneficia al amparista: en principio, el trámite de la denuncia que dedujo Susana Trimarco, mamá de María de los Ángeles "Marita" Verón, proseguirá respecto de Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena, los otros dos vocales de la Sala II de la Cámara Penal. El 11 de diciembre pasado, ese estrado absolvió a los 13 acusados de secuestrar y promover la prostitución de "Marita".

Quince días después, Herrera Molina, que reúne las condiciones para jubilarse y padece una enfermedad oncológica, presentó su renuncia al PE. El 18 de enero de este año, Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado, recomendó al gobernador José Alperovich que acepte la dimisión, según constataron Giovanniello y sus compañeros de tribunal, Rodolfo Novillo y Ebe López Piossek (esa vocal de la Sala III integró la Sala II por una disidencia parcial de Giovanniello). Pero sorpresivamente y en un acto sin precedentes en la provincia -y con sólo un antecedente en la Nación-, Alperovich decretó el rechazo de la renuncia aduciendo un "pedido de informe de la comisión de Juicio Político". Este cuerpo sustancia la denuncia que a finales de diciembre presentó Trimarco contra los tres vocales de la Sala II de la Cámara Penal.

El proceso

Herrera Molina interpuso una acción de amparo (contra el decreto que bloqueó su retiro) a comienzos de febrero. El martes pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo falló a su favor y anuló la decisión impugnada. En paralelo, ordenó a Alperovich que en el plazo perentorio de 72 horas corridas dicte un nuevo decreto ajustado a los considerandos desarrollados en la sentencia que, en particular, evalúe el cuadro clínico delicado del amparista.

Este miércoles, el Gobierno anunció su intención de presentar un recurso de casación contra ese fallo por medio de fuentes de la Fiscalía de Estado (Posse Ponessa, que representa al PE en el Jurado de Enjuiciamiento, está excusado en el juicio, lo mismo que el fiscal adjunto, Daniel Aguirre). La eventual concesión del recurso paralizaría la ejecución de la manda judicial (el dictado de un nuevo decreto relativo a la renuncia de Herrera Molina) hasta tanto se pronuncie la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Si la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo declara inadmisible a la casación, el PE aún puede interponer una queja directamente ante el alto tribunal.

La comisión de Juicio Político de la Legislatura (integrada por 11 parlamentarios alperovichistas y un no oficialista) dispone hasta el 4 de abril para decidir si acusa o no a los jueces de la Sala II de la Cámara Penal ante el Jurado de Enjuiciamiento. LA GACETA