27 Marzo 2013
ARCHIVO LA GACETA
La suerte del juez Emilio Herrera Molina, vocal de la Sala II de la Cámara Penal, seguirá siendo incierta por ahora. Ocurre que el Poder Ejecutivo apelará el fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que anuló el decreto 127/14 que había denegado la renuncia al camarista que intervino en el controversial "caso Verón".
El propio gobernador, José Alperovich, lo confirmó ayer tras recorrer obras de pavimentación en Yerba Buena. El recurso de casación se interpondrá mañana, según estimaciones de la Fiscalía de Estado (dispone de cinco días hábiles a partir de la notificación del fallo). En paralelo, la comisión de Juicio Político analiza si ese juez y sus pares Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena son sometidos a un proceso de destitución tras absolver a los 13 imputados por secuestro y sometimiento a prostitución de María de los Ángeles "Marita" Verón.
Alperovich, sin embargo, evitó referirse a una situación llamativa advertida por los magistrados Rodolfo Novillo, Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (la vocal de la Sala III integró la Sala II por la disidencia parcial de Giovanniello). Se trata de un dictamen que estaba incluido en el expediente original de la dimisión de Herrera Molina, pero que no llegó a la Justicia cuando se pidió el informe del caso. En el documento, el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa, aconsejaba a Alperovich que aceptara la renuncia del vocal.
Según explicaron los jueces, detectaron una discontinuidad en la foliatura (número de páginas) de las copias que el PE había remitido al tribunal y, al requerir el expediente administrativo completo, se dieron con el dictamen de Posse Ponessa. "Este tribunal no puede sino lamentar que la demandada (por la Provincia) no haya contribuido a dar un ejemplo de transparencia administrativa y procesal", reprendieron en el fallo.
"No conozco", se desentendió Alperovich al ser consultado sobre los motivos de la omisión.
Sin diferencias
Ante la consulta de este diario, Posse Ponessa evitó brindar explicaciones dado que está excusado de intervenir en la cuestión porque integra el Jury de Enjuiciamiento. Una situación similar alcanza al fiscal adjunto, Daniel Aguirre (es suplente en ese órgano).
Abogados de la Fiscalía de Estado explicaron que la aparente diferencia de criterio entre Posse Ponessa y Alperovich sobre aceptar o no la renuncia no existió. Detallaron que se debió a un "desfasaje temporal". Sucede que entre que el dictamen favorable a Herrera Molina salió de la fiscalía y llegó hasta la Secretaría General de la Gobernación (administra los decretos gubernamentales) ocurrieron dos hechos que habrían cambiado la situación jurídica. Primero, la ratificación de la denuncia contra los jueces por parte de Susana Trimarco (madre de Marita), el 1 de febrero; y segundo, el pedido de informes de la Justicia. En cuanto a la exclusión del dictamen del fiscal de Estado, afirmaron que no hubo mala fe sino que "el requerimiento del informe no implica necesariamente incluir el expediente entero".
¿Qué ocurrirá ahora? Si el PE obtiene un fallo favorable, se suspendería la aplicación de la sentencia de la sala II. En cambio, si es denegado su pedido, aún le queda recurrir mediante una queja a la Corte Suprema.
Tras conocerse la sentencia del caso Verón, Trimarco pidió la remoción de los jueces. Herrera Molina presentó su dimisión, pero Alperovich no la aceptó.
Tras la absolución
En diciembre, los jueces Herrera Molina, Romero Lascano y Piedrabuena absolvieron a los 13 imputados del caso "Verón".
La madre de "Marita" Verón, Susana Trimarco, presentó un pedido de destitución ante la comisión de Juicio Político de la Cámara.
Herrera Molina presentó su renuncia condicionada para acogerse a la jubilación. Tiene 70 años y se desempeñó como juez durante 26 años.
Un mes después, el gobernador Alperovich firmó un decreto mediante el que rechazó la dimisión presentada por el juez.
El 8 de febrero, Herrera Molina acudió a la Justicia. El martes pasado, la Sala II de la Cámara Contencioso falló a su favor.
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