Otro cortocircuito por los dólares de la soja

Los referentes del campo dijeron sentir ayer que el Gobierno nacional les sigue mojando la oreja. Ayer, la cúpula de la Mesa de Enlace se desayunó con la noticia de que la gestión de la presidenta, Cristina Fernández, analiza aplicar la Ley Antiterrorista (fue promulgada a fines de 2011) para obligar a los productores agrícolas a vender soja, a fin de que ingresen dólares al país. Esto sería posible si se interpretan las manipulaciones de mercado como actos terroristas. "No somos terroristas", exclamaron casi a coro los referentes del agro, en una visita realizada a LA GACETA antes de la cumbre con productores del NOA.

La información fue difundida ayer por el diario "El Cronista". "Esas versiones no tienen ningún fundamento. Para un eventual caso hay otras herramientas legales vigentes, como lo es la Ley Penal Tributaria", aseveró el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, según reproduce la agencia DPA.

Las ventas del complejo agroindustrial bajaron en febrero, principalmente por las menores exportaciones de trigo y derivados de soja -el principal producto argentino de exportación que deja un 35% de su precio a las arcas del Tesoro en concepto de derechos de exportación-.

Las autoridades fiscales estiman que los exportadores estarían reteniendo ventas de porotos de soja y sus derivados de la campaña anterior por cerca de U$S 4.600 millones.

Para la campaña de este año se espera una cosecha de unos 48 millones de toneladas de soja. Esta cosecha podría generar exportaciones por unos U$S 25.600 millones que dejarían al fisco unos U$S 8.960 millones en concepto de derechos de exportación (retenciones), según estimaciones del Estudio Bein citadas por "El Cronista".

"El Gobierno siempre se ha manejado con este tipo de anuncios, con algunos globos de ensayo para saber cómo reacciona el campo, la industria, la oposición y la sociedad en su conjunto", dijo ayer a LA GACETA el presidente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro), Carlos Garetto.

Según el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere, la aplicación de la Ley Antiterrorista a los productores sería "un acto fascista de un Gobierno que pretende concentrar todo el poder, que no admite la crítica y que quiere controlar la producción primaria y el comercio. Es un absurdo que se pretenda intimidar a la producción con un delito penal", señaló. Medidas de esa naturaleza, según Etchevehere, sólo tienen como destino final el fracaso.

El ahorro

El dirigente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, lo consideró por su parte como "el más absoluto disparate. Ya nos mandaron a la AFIP (autoridades fiscales) y ahora nos amenazan con la aplicación de la Ley Antiterrorista por no vender soja. Que quede claro: no hay más soja. Se terminó. El año pasado hubo una mala cosecha que no se quiso reconocer desde el Gobierno y ahora dicen que estamos escondiendo la leche, como diría el tambero", sostuvo Buzzi, que también vino a la provincia para participar de la asamblea de la Mesa de Enlace.

El líder de la FAA defendió no obstante la libertad del productor de "hacer su ahorro en granos" en una economía con inflación. "El productor que pueda guardar su soja, la va a guardar y la va a ir vendiendo a cuentagotas", explicó.

A su turno, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Rubén Ferrero, estimó que esta versión sería "parte de los aprietes y las amenazas del Gobierno contra el campo".

Qué dice la norma

CUESTIONADA.- La Ley 26.734 (llamada Antiterrorista) fue sancionada por el Congreso el 22 de diciembre de 2011 y promulgada por el Ejecutivo cinco días después.

POR QUÉ SE SANCIONÓ.- Al momento de presentar el proyecto, el Gobierno lo justificó en un pedido del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una entidad que previene y lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y que había advertido que la Argentina sería sancionada si no la promulgaba.

UN CASO.- Hasta ahora, sólo se ejecutó para congelar activos de represores perseguidos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, dice el diario "El Cronista", que dejó trascender que ahora sería una alternativa para presionar a los ruralistas a vender la soja.

OPINIÓN.- Cuando surgió el proyecto, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, había sugerido que podría servir para acusar de terroristas a quienes compren o vendan dólares y provoquen una "corrida bancaria o un golpe de mercado" mediante la fuga de depósitos.

Contenido.- La iniciativa de 2011 derogó la figura de "asociación ilícita con fines terroristas", pero agregó al Código Penal el artículo 41, que eleva al doble la pena para los casos en que "alguno de los delitos previstos hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo". También agrega el artículo 306 que dice" será reprimido con prisión de cinco a 15 años y multa de dos a 10 veces del monto de la operación, el que directa o indirectamente, recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se usen para financiar la comisión de un delito o una organización delictiva".