24 Marzo 2013
De escuela sin salarios a cooperativa forzosa
En el único establecimiento educativo a cargo de la intendencia de Luis Morghenstein se desató un conflicto sin precedentes. Al quite de colaboración que hicieron los docentes durante 10 días, por motivos salariales, se suma ahora la férrea oposición de los padres de los alumnos a la decisión del Ejecutivo municipal de transformar el estatus de la institución
INOCENTES. Los alumnos se mantienen ajenos a la preocupación de sus maestros que tendrán que cooperativizarse si quieren mejorar sus salarios. LA GACETA / FOTOS DE ANTONIO FERRONI
Todo comenzó cuando los docentes de la Escuela Municipal "Nueva Argentina", de Las Talitas, pidieron un aumento salarial, y el pedido fue rechazado por la Municipalidad. El establecimiento, creado en 1999, depende del municipio, que paga a los maestros una suma de $ 1.600, como "ayuda económica", con fondos nacionales. Así figura en una cuasi boleta de sueldo al que tuvo acceso LA GACETA. Además, perciben $500 con las cuotas que pagan mensualmente los padres ($50). Y de esa manera llegan a fin de mes con una cifra única de $2.100 (menos que el salario mínimo vital y móvil que es de $2.875).
"Entendíamos que era razonable pedir un aumento de $550, pero nos rechazaron la solicitud, porque nos dijeron que esa cifra era imposible para el municipio", dijo una de las docentes que ofició de portavoz del grupo.
Luego de un quite de colaboración que duró 10 días sin clases en rechazo de la negativa municipal, se llegó a un acuerdo para que cobren $ 300 más. Pero la gran sorpresa fue el anuncio de parte del director de Desarrollo Social, Norberto Paz, de que la escuela se convertiría en cooperativa, ya que la Municipalidad no tiene presupuesto para su mantenimiento. En realidad, según los docentes, se trata de un viejo proyecto de la esposa del intendente Luis Morghenstein, la actual legisladora Adriana Najar, cuando formaba parte del gabinete de su marido. Los educadores precisaron, tambien, que para concretar la cooperativización de la institución, que nació como Jardín Municipal Frutillitas, la Municipalidad contrató a dos abogados.
LA GACETA intentó desde el viernes comunicarse con el intendente Luis Morghenstein y con la legisladora Adriana Najar -incluso se dejaron mensajes para que devolvieran la llamada-, pero no se obtuvo respuesta.
El anuncio que se hizo a puertas cerradas ante las 43 docentes, se filtró rápidamente en la comunidad, y conmocionó al colectivo de padres que se oponen a dicho emprendimiento. "Si ahora que es municipal, pagamos $50 pesos por mes, si se cooperativiza, será como pagar a un privado, con cifras de más de $250 pesos; la mayoría de los padres no podremos afrontar este gasto, además creemos que este será un paso a la privatización; la educación debe ser gratuita como dice la ley", dijeron a LA GACETA, Olga Barros y Julio Pérez, padres de alumnos.
Sin aportes
En realidad, lo que cobran los docentes no es un sueldo sino una ayuda económica. Si bien cuentan con la cobertura de una ART, y una Prepaga de salud, a los docentes no se les hacen los aportes jubilatorios, con excepción de los que son contratados por el municipio.
"Hubo muchas irregularidades a lo largo de estos años; en el 2002 se hizo un concurso docente para ingresar, pero la supervisora se encargaba de evaluar con criterios personales más que pedagógicos", cuenta una docente que trabaja allí desde esa época.
Dijo que en 2007, llegaron contratos para el municipio: de los 400 empleados municipales que había, 350 estaban con ayuda económica, y la escuela fue bendecida con una pocas contrataciones, "pero hasta la fecha nunca más", dijo otra maestra.
"Yo estaba en la lista para ser contratada, hasta un viernes a la tarde, pero al lunes siguiente, ya no estaba; eran arreglos políticos", confesó una de las docentes más antiguas del establecimiento.
Comenzaba la etapa de mayor politización: muchas maestras se fueron buscando algo estable, "y otras, fueron despedidas, cuando se les quitó la ayuda económica", añadió.
Decisión unilateral
Más allá del conflicto entre padres que no quieren la cooperativización de la escuela, los docentes saben que no tienen muchas opciones: o dan pelea con el peligro de perder sus trabajos o -como apoya la mayoría-, intentar formas de mantener la fuente laboral, aunque confiesan que desearían "que se cumplan las leyes que rigen para cualquier maestro de la provincia". Los maestros opinan que la transformación en cooperativa debería surgir de una audiencia pública donde se incluya a los padres también, y no tomar decisiones unilaterales.
"Nos dijeron que la cooperativa se hace o se hace, porque esa es la decisión del intendente; él tiene una línea política de apoyo muy fuerte de parte del Ejecutivo y no va a volver atrás", aseguraron los docentes. El viernes, los padres firmaron dos notas, una dirigida al intendente Morghenstein, pidiéndole una audiencia para que "escuche la postura de los padres", dijo Olga. Y la otra, a la representante de la Comisión de Padres de la provincia, Josefina Ferrer, para que sea asesora y mediadora (Ferrer es mediadora certificada) de los padres, "ante la escuela, la intendencia y ante cualquier otro organismo que deba intervenir", aseguró.
La Ley Nacional de Educación expresa con claridad absoluta que la educación es libre, gratuita y obligatoria; además la reconoce como un derecho de todos los habitantes de la República Argentina, lo que obliga al Estado a brindarla en esos términos.
El secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), David Toledo, se ajustó a este principio, cuando se refirió al tema: "en lo salarial y en las condiciones laborales, los docentes deben ser tratados por igual, sin que se hagan diferencias respecto del nivel, la modalidad y la jurisdicción en la que desempeñan su tarea", le dijo a LA GACETA.
"Entendíamos que era razonable pedir un aumento de $550, pero nos rechazaron la solicitud, porque nos dijeron que esa cifra era imposible para el municipio", dijo una de las docentes que ofició de portavoz del grupo.
Luego de un quite de colaboración que duró 10 días sin clases en rechazo de la negativa municipal, se llegó a un acuerdo para que cobren $ 300 más. Pero la gran sorpresa fue el anuncio de parte del director de Desarrollo Social, Norberto Paz, de que la escuela se convertiría en cooperativa, ya que la Municipalidad no tiene presupuesto para su mantenimiento. En realidad, según los docentes, se trata de un viejo proyecto de la esposa del intendente Luis Morghenstein, la actual legisladora Adriana Najar, cuando formaba parte del gabinete de su marido. Los educadores precisaron, tambien, que para concretar la cooperativización de la institución, que nació como Jardín Municipal Frutillitas, la Municipalidad contrató a dos abogados.
LA GACETA intentó desde el viernes comunicarse con el intendente Luis Morghenstein y con la legisladora Adriana Najar -incluso se dejaron mensajes para que devolvieran la llamada-, pero no se obtuvo respuesta.
El anuncio que se hizo a puertas cerradas ante las 43 docentes, se filtró rápidamente en la comunidad, y conmocionó al colectivo de padres que se oponen a dicho emprendimiento. "Si ahora que es municipal, pagamos $50 pesos por mes, si se cooperativiza, será como pagar a un privado, con cifras de más de $250 pesos; la mayoría de los padres no podremos afrontar este gasto, además creemos que este será un paso a la privatización; la educación debe ser gratuita como dice la ley", dijeron a LA GACETA, Olga Barros y Julio Pérez, padres de alumnos.
Sin aportes
En realidad, lo que cobran los docentes no es un sueldo sino una ayuda económica. Si bien cuentan con la cobertura de una ART, y una Prepaga de salud, a los docentes no se les hacen los aportes jubilatorios, con excepción de los que son contratados por el municipio.
"Hubo muchas irregularidades a lo largo de estos años; en el 2002 se hizo un concurso docente para ingresar, pero la supervisora se encargaba de evaluar con criterios personales más que pedagógicos", cuenta una docente que trabaja allí desde esa época.
Dijo que en 2007, llegaron contratos para el municipio: de los 400 empleados municipales que había, 350 estaban con ayuda económica, y la escuela fue bendecida con una pocas contrataciones, "pero hasta la fecha nunca más", dijo otra maestra.
"Yo estaba en la lista para ser contratada, hasta un viernes a la tarde, pero al lunes siguiente, ya no estaba; eran arreglos políticos", confesó una de las docentes más antiguas del establecimiento.
Comenzaba la etapa de mayor politización: muchas maestras se fueron buscando algo estable, "y otras, fueron despedidas, cuando se les quitó la ayuda económica", añadió.
Decisión unilateral
Más allá del conflicto entre padres que no quieren la cooperativización de la escuela, los docentes saben que no tienen muchas opciones: o dan pelea con el peligro de perder sus trabajos o -como apoya la mayoría-, intentar formas de mantener la fuente laboral, aunque confiesan que desearían "que se cumplan las leyes que rigen para cualquier maestro de la provincia". Los maestros opinan que la transformación en cooperativa debería surgir de una audiencia pública donde se incluya a los padres también, y no tomar decisiones unilaterales.
"Nos dijeron que la cooperativa se hace o se hace, porque esa es la decisión del intendente; él tiene una línea política de apoyo muy fuerte de parte del Ejecutivo y no va a volver atrás", aseguraron los docentes. El viernes, los padres firmaron dos notas, una dirigida al intendente Morghenstein, pidiéndole una audiencia para que "escuche la postura de los padres", dijo Olga. Y la otra, a la representante de la Comisión de Padres de la provincia, Josefina Ferrer, para que sea asesora y mediadora (Ferrer es mediadora certificada) de los padres, "ante la escuela, la intendencia y ante cualquier otro organismo que deba intervenir", aseguró.
La Ley Nacional de Educación expresa con claridad absoluta que la educación es libre, gratuita y obligatoria; además la reconoce como un derecho de todos los habitantes de la República Argentina, lo que obliga al Estado a brindarla en esos términos.
El secretario general de la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP), David Toledo, se ajustó a este principio, cuando se refirió al tema: "en lo salarial y en las condiciones laborales, los docentes deben ser tratados por igual, sin que se hagan diferencias respecto del nivel, la modalidad y la jurisdicción en la que desempeñan su tarea", le dijo a LA GACETA.
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