17 Marzo 2013
Desde 1928, la industria fue regulada por leyes
La actividad azucarera sigue siendo preponderante para la economía de Tucumán, y representa el 64% de la capacidad de molienda del país. La estrepitosa caída de la rentabilidad, y el incumplimiento de acuerdos entre cañeros e industriales, obligaron al gobierno a dictar una nueva ley. Un sector históricamente signado por el intervencionismo estatal.
UNA POSTAL HISTORICA. El ex ingenio San Antonio, de Ranchillos, en plena actividad zafrera, en la época en que la caña se cargaba en vagones. LA GACETA / ARCHIVO
Desde sus orígenes, a partir de 1928 aproximadamente -con excepción de cortos períodos-, la industria azucarera de Tucumán estuvo regulada por leyes provinciales hasta 1942. Pero con el Peronismo, y a partir de 1945, la principal actividad económica de la provincia recibió los beneficios de decretos nacionales, y en diferentes instancias. Siempre necesitó un marco regulatorio para equilibrar la puja de intereses entre los actores de la actividad: los productores cañeros, los industriales y dueños de ingenios, y el sector obrero, tanto en las épocas de gran expansión como en las de crisis, coinciden algunos historiadores.
"Las intervenciones fueron un gran acierto para la actividad, como con la ley que acaba de aprobar la Legislatura", opinó María Celia Bravo. La doctora en Historia dijo que el intervencionismo del Estado se liberó a partir de la década del 90: con el gobierno de Carlos Menem se desregula la industria con períodos de mucha conflictividad entre los sectores vinculados al azúcar, produciendo fluctuaciones en el precio; escasez y sobreoferta, incumplimiento de convenios para exportar la materia prima, entre otros factores que caracterizaron los últimos 20 años. "La diferencia es que las intervenciones pasadas tuvieron como objetivo regular la producción, pero con la nueva ley, el Estado lo que va a controlar es el sistema de comercialización", consignó, en referencia a la ley que aprobó la Legislatura el 21 de febrero pasado.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, tras haber consensuado con los diferentes sectores vinculados a la actividad, si bien tuvo una aceptación en general, recibió objeciones en algunos de sus artículos por sectores de la oposición, en la comisión de Economía y Producción. "El Estado tuvo que intervenir para regular el mercado, y proteger el eslabón más débil de la cadena: los pequeños productores y, como es lógico, asegurar la rentabilidad del producto, frente a las expectativas de que la zafra de este año arroje un volumen superior al de la campaña de 2012, que alcanzó 1.289.000 toneladas". Con estos argumentos el jefe de la bancada oficialista en la Legislatura, Roque Tobías Alvarez defendió el proyecto del Ejecutivo en la Cámara. Entre los fundamentos se destaca el hecho de la caída de la rentabilidad, el año pasado, respecto de 2011, que significó la pérdida de cerca de $ 1.200 millones, aun cuando aumentó la superficie sembrada de 221.000 hectáreas en 2010 a 273.00, en 2013. Se habló de corrupción, de industriales que no respetaron los acuerdos, que escondieron excedentes e inundaron el mercado interno con azúcar no registrada. Se necesitaba un orden, y equilibrio entre los intereses sectoriales y regular los precios en los mercados. Equilibrando la actividad en la provincia, se busca con esta ley, que haya un acuerdo regional futuro -incluyendo a Salta y Jujuy-, que encauce la demanda de una normativa regulatoria nacional. Hacia ese objetivo se apunta.
Los acuerdos que fracasaron
Sergio Fara, titular de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán
"Era necesaria una ley, porque se necesitaba un orden: desde 1991, cuando se desregula la actividad, se toman diversos caminos. A partir de 2003, cuando UCIT convoca a grandes movilizaciones a Buenos Aires pidiendo que se revea la Ley 25.715 de protección, frente al avance del azúcar subsidiada del Brasil, nos unimos productores, industriales y sectores del trabajo. Con esfuerzo se conformó una mesa nacional buscando equilibrar la oferta y la demanda, hasta que en 2008 pudimos exportar con mucho esfuerzo 700.000 toneladas, y con buen precio. Pero a fines de 2010, desaparece la mesa nacional, y en Tucumán intentamos hacer acuerdos entre cañeros e industriales, pero no dio resultado. Faltó el compromiso de la industria: hubo industriales que en vez de exportar, volcaron el azúcar al mercado interno. Esto produjo una sobreoferta y por ende una caída del precio en el mercado interno. Con esta ley tenemos expectativas de mejorar la actividad; los productores estamos sufriendo serios riesgos: hay siembras del 2012 afectadas por la sequía; los precios están bajos, hay poca demanda y un gran stock. Esta zafra será de transición. Si se trabaja bien y con seriedad, los resultados serán buenos para la campaña 2014. Los productores no reciben subsidios ; sugerimos que en la reglamentación de la ley, los productores con menos de 40 hectáreas no estén sujetos al porcentaje de exportación. Hacen falta "créditos vigilados" para invertir en más fábricas de alcohol (actualmente sólo hay cuatro). Debemos prepararnos para buscar una ley nacional".
Pequeños productores, en riesgo
Alberto Colombres Garmendia (PRO), miembro de la Comisión de Economía y Producción
"No estoy a favor del intervencionismo del Estado en la actividad privada; sin embargo, reconozco que era necesaria una ley que regule las relaciones de todos los sectores involucrados en la actividad azucarera: industriales, cañeros y alcoholeros. No todos han cumplido con los acuerdos pautados, y por eso hubo perjuicios contra los pequeños y medianos productores, que hoy están en riesgo. La oposición acompañó el proyecto de ley del Ejecutivo, en general, pero hemos firmado algunos artículos, en minoría. La ley cuenta con muchos puntos débiles, pero que son perfectibles. Objetamos la conformación del denominado Instituto de Fomento del azúcar y del alcohol, porque a sus miembros los elegirá el PE, y van a recibir sueldos. ¿A quién van a representar? : al que les paga o a los sectores que tienen que defender? Hoy tenemos un problema, es más elevado el precio en el mercado interno que el de exportación; por ese motivo los industriales preferían no exportar y comercializar el azúcar en el mercado interno, pagando además a los cañeros a precio de exportación. Lo que se quiere hacer con la ley es regular ese instituto a través del directorio que se va a encargar de hacer cumplir los acuerdos. Tenemos esperanza de que esta situación cambie, que la ley pueda aplicarse y que los resultados beneficien a todos, incluso fuera de la provincia, como Salta y Jujuy que podrían consensuar la aplicación de esta norma y entre todos incursionar en busca de una ley nacional como lo hicieron, San Juan, Mendoza y San Luis, con la uva".
Marca un nuevo desafío
Julio Colombres, presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART)
"El intervencionismo del Estado en la actividad azucarera era una cuestión imprescindible debido a la existencia de un alto grado de corrupción y a la violación permanente de las normas que regían la actividad en Tucumán. Era fundamental la necesidad de tonificar el precio del azúcar, este es un tema que forma parte del sueño de los tucumanos. Salvo honrosas excepciones, la dirigencia industrial y cañera no estuvo a la altura del desafío; fue necesaria la ley por la existencia de un muy significativo grupo industrial y cañero que ha hecho de la corrupción y la violación de todo tipo de normas y acuerdos, una forma ilegítima de enriquecimiento. Esa modalidad se aplicó mediante la producción no registrada y fuera de norma, tanto de azúcares como de alcoholes. Todo ello se debió a la pasiva actitud de un Estado que permitió conductas a simple vista inaceptables. No obstante, la nueva ley que regulará las relaciones entre industriales y cañeros, marca un nuevo desafío, y se espera que produzca buenos frutos para la provincia y para los tucumanos".
"Las intervenciones fueron un gran acierto para la actividad, como con la ley que acaba de aprobar la Legislatura", opinó María Celia Bravo. La doctora en Historia dijo que el intervencionismo del Estado se liberó a partir de la década del 90: con el gobierno de Carlos Menem se desregula la industria con períodos de mucha conflictividad entre los sectores vinculados al azúcar, produciendo fluctuaciones en el precio; escasez y sobreoferta, incumplimiento de convenios para exportar la materia prima, entre otros factores que caracterizaron los últimos 20 años. "La diferencia es que las intervenciones pasadas tuvieron como objetivo regular la producción, pero con la nueva ley, el Estado lo que va a controlar es el sistema de comercialización", consignó, en referencia a la ley que aprobó la Legislatura el 21 de febrero pasado.
La iniciativa, presentada por el Poder Ejecutivo, tras haber consensuado con los diferentes sectores vinculados a la actividad, si bien tuvo una aceptación en general, recibió objeciones en algunos de sus artículos por sectores de la oposición, en la comisión de Economía y Producción. "El Estado tuvo que intervenir para regular el mercado, y proteger el eslabón más débil de la cadena: los pequeños productores y, como es lógico, asegurar la rentabilidad del producto, frente a las expectativas de que la zafra de este año arroje un volumen superior al de la campaña de 2012, que alcanzó 1.289.000 toneladas". Con estos argumentos el jefe de la bancada oficialista en la Legislatura, Roque Tobías Alvarez defendió el proyecto del Ejecutivo en la Cámara. Entre los fundamentos se destaca el hecho de la caída de la rentabilidad, el año pasado, respecto de 2011, que significó la pérdida de cerca de $ 1.200 millones, aun cuando aumentó la superficie sembrada de 221.000 hectáreas en 2010 a 273.00, en 2013. Se habló de corrupción, de industriales que no respetaron los acuerdos, que escondieron excedentes e inundaron el mercado interno con azúcar no registrada. Se necesitaba un orden, y equilibrio entre los intereses sectoriales y regular los precios en los mercados. Equilibrando la actividad en la provincia, se busca con esta ley, que haya un acuerdo regional futuro -incluyendo a Salta y Jujuy-, que encauce la demanda de una normativa regulatoria nacional. Hacia ese objetivo se apunta.
Los acuerdos que fracasaron
Sergio Fara, titular de la Unión Cañeros Independientes de Tucumán
"Era necesaria una ley, porque se necesitaba un orden: desde 1991, cuando se desregula la actividad, se toman diversos caminos. A partir de 2003, cuando UCIT convoca a grandes movilizaciones a Buenos Aires pidiendo que se revea la Ley 25.715 de protección, frente al avance del azúcar subsidiada del Brasil, nos unimos productores, industriales y sectores del trabajo. Con esfuerzo se conformó una mesa nacional buscando equilibrar la oferta y la demanda, hasta que en 2008 pudimos exportar con mucho esfuerzo 700.000 toneladas, y con buen precio. Pero a fines de 2010, desaparece la mesa nacional, y en Tucumán intentamos hacer acuerdos entre cañeros e industriales, pero no dio resultado. Faltó el compromiso de la industria: hubo industriales que en vez de exportar, volcaron el azúcar al mercado interno. Esto produjo una sobreoferta y por ende una caída del precio en el mercado interno. Con esta ley tenemos expectativas de mejorar la actividad; los productores estamos sufriendo serios riesgos: hay siembras del 2012 afectadas por la sequía; los precios están bajos, hay poca demanda y un gran stock. Esta zafra será de transición. Si se trabaja bien y con seriedad, los resultados serán buenos para la campaña 2014. Los productores no reciben subsidios ; sugerimos que en la reglamentación de la ley, los productores con menos de 40 hectáreas no estén sujetos al porcentaje de exportación. Hacen falta "créditos vigilados" para invertir en más fábricas de alcohol (actualmente sólo hay cuatro). Debemos prepararnos para buscar una ley nacional".
Pequeños productores, en riesgo
Alberto Colombres Garmendia (PRO), miembro de la Comisión de Economía y Producción
"No estoy a favor del intervencionismo del Estado en la actividad privada; sin embargo, reconozco que era necesaria una ley que regule las relaciones de todos los sectores involucrados en la actividad azucarera: industriales, cañeros y alcoholeros. No todos han cumplido con los acuerdos pautados, y por eso hubo perjuicios contra los pequeños y medianos productores, que hoy están en riesgo. La oposición acompañó el proyecto de ley del Ejecutivo, en general, pero hemos firmado algunos artículos, en minoría. La ley cuenta con muchos puntos débiles, pero que son perfectibles. Objetamos la conformación del denominado Instituto de Fomento del azúcar y del alcohol, porque a sus miembros los elegirá el PE, y van a recibir sueldos. ¿A quién van a representar? : al que les paga o a los sectores que tienen que defender? Hoy tenemos un problema, es más elevado el precio en el mercado interno que el de exportación; por ese motivo los industriales preferían no exportar y comercializar el azúcar en el mercado interno, pagando además a los cañeros a precio de exportación. Lo que se quiere hacer con la ley es regular ese instituto a través del directorio que se va a encargar de hacer cumplir los acuerdos. Tenemos esperanza de que esta situación cambie, que la ley pueda aplicarse y que los resultados beneficien a todos, incluso fuera de la provincia, como Salta y Jujuy que podrían consensuar la aplicación de esta norma y entre todos incursionar en busca de una ley nacional como lo hicieron, San Juan, Mendoza y San Luis, con la uva".
Marca un nuevo desafío
Julio Colombres, presidente del Centro Azucarero Regional Tucumán (CART)
"El intervencionismo del Estado en la actividad azucarera era una cuestión imprescindible debido a la existencia de un alto grado de corrupción y a la violación permanente de las normas que regían la actividad en Tucumán. Era fundamental la necesidad de tonificar el precio del azúcar, este es un tema que forma parte del sueño de los tucumanos. Salvo honrosas excepciones, la dirigencia industrial y cañera no estuvo a la altura del desafío; fue necesaria la ley por la existencia de un muy significativo grupo industrial y cañero que ha hecho de la corrupción y la violación de todo tipo de normas y acuerdos, una forma ilegítima de enriquecimiento. Esa modalidad se aplicó mediante la producción no registrada y fuera de norma, tanto de azúcares como de alcoholes. Todo ello se debió a la pasiva actitud de un Estado que permitió conductas a simple vista inaceptables. No obstante, la nueva ley que regulará las relaciones entre industriales y cañeros, marca un nuevo desafío, y se espera que produzca buenos frutos para la provincia y para los tucumanos".
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